A juzgar por los editoriales y los titulares de los periódicos de la derecha, la firma del programa de coalición entre el P.S.O.E. y Unidas – Podemos abre la puerta a un periodo revolucionario que nada tiene que envidiar a la Revolución bolchevique o a la Unidad Popular chilena. Se comprende que la derecha y sus medios de comunicación no estén satisfechos pues al final se ha producido lo que temían hace tiempo, es decir, la alianza gubernamental entre el P.S.O.E. y esa amalgama de partidos de extrema izquierda y populista que se denomina Unidas – Podemos. Pero, sin pretender repartir culpas (se forma esta coalición porque Albert Rivera no quiso participar en el Gobierno en la anterior y efímera legislatura; se forma este Gobierno porque el Partido Popular, atemorizado por Vox, no ha querido abstenerse ante un Gobierno socialista en solitario como sí ocurrió, en sentido inverso, en el otoño de 2016), lo cierto es que al fin se constituya un Gobierno sin tener que acudir a unas nuevas elecciones, lo que es muy buena noticia para la democracia española. Otra cosa es que las negociaciones entre el P.S.O.E. y Esquerra para alcanzar la abstención de esta rama independentista pueda poner nerviosa a la derecha pero en el momento de redactar este texto aún no se conoce su contenido, por lo que nos centraremos en el programa denominado Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España.

Antes de comentar el programa conviene advertir dos circunstancias muy relevantes. La primera es que la situación socio-económica de España sigue muy influida por las políticas de austeridad de los Gobiernos del Presidente Rajoy. En puridad, no sólo fueron las políticas de austeridad de Rajoy (también aplicó Rodríguez Zapatero políticas de austeridad sin los efectos devastadores que se vivieron a partir de 2012) sino que al amparo de esta austeridad Rajoy introdujo cambios estructurales muy intensos en el mercado de trabajo, cambios que debilitaron la posición de los trabajadores frente a los empresarios, los empobrecieron en términos reales e hicieron de España un país de gran precariedad laboral y muy bajos salarios. Es decir, con este programa de coalición se trata de revertir una situación socio-económica que ha empobrecido a los trabajadores y ha debilitado los servicios públicos, situación que el Gobierno del Presidente Sánchez no ha podido revertir por falta de mayorías parlamentarias. La segunda circunstancia relevante que debe apuntarse es que se trata de un acuerdo de Gobierno que se tiene que recrear cada día con este texto como guion, por lo que estará sometido a modulaciones, especialmente en su dimensión parlamentaria pues cualquier proyecto de ley que haya que aprobar necesitará apoyos de otros Grupos Parlamentarios. Será necesario el complemento de una política parlamentaria muy fina que recabe más apoyos, incluso de la oposición.

Tras estas digresiones, veamos el programa de coalición. Se compone de once apartados que abarcan casi todos los elementos de la sociedad española: crecimiento y empleo de calidad, derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación, cambio climático, industria y sector primario, nuevos derechos y memoria democrática, cultura y deportes, políticas feministas, despoblación, actualización del Estado autonómico, Justicia fiscal y una España europea abierta al mundo. La mera lectura de este índice denota que los partidos firmantes se han preocupado de los grandes retos de la sociedad española. ¿Con qué alcance?

Las medidas más importantes que se propone son: un nuevo Estatuto de los Trabajadores que combine los derechos de los asalariados y la competitividad, derogar la reforma laboral del Gobierno de Rajoy (despido por absentismo, ultra-actividad de los convenios, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, limitaciones a la subcontratación y al “descuelgue” salarial), incremento del salario mínimo profesional, reformas de los contratos laborales, lucha contra el fraude laboral, políticas activas de empleo, plan de economía social, actualización de la legislación de riesgos laborales y titularidad compartida de las explotaciones agrícolas, entre las medidas más importantes. Además, en el marco del empleo público, desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (pendiente desde 2007), fomento de la promoción profesional, revisión de los contratos de interinidad (tema especialmente importante por la cantidad de trabajadores a lo que afecta), servicios de rescate, incendios y salvamento y equiparación retributiva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

¿Y éstas son las grandes  medidas revolucionarias en el campo socio-laboral? Son medidas que un Gobierno democristiano se habría planteado en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado en aras a consolidar el Estado social. Pretender implantarlas en la actualidad no es sino una estrategia inteligente de revertir el paradigma ultraliberal de Reagan y Thatcher y volver a recrear un nuevo contrato social que dinamitaron los neoconservadores desde la década de los ochenta del siglo pasado. Aun así, aunque parece razonable volver a un cambio de paradigma y a un nuevo contrato social, estas medidas pueden levantar recelos de un empresariado como el español que desde la dictadura franquista ha tenido una visión muy chata de la vida laboral y prefiere ahorrarse unos euros de salario sin darse cuenta de que esos euros, en manos del trabajador, reactivan la economía y les permiten vender más bienes y servicios. Quizá haya llegado el momento de olvidar esa racanería cortoplacista que introdujo Rajoy (véase Javier García Fernández: “La reforma laboral de Rajoy y la vulneración de la cláusula del Estado Social de Derecho”, Temas para el debate, núm. 209, abril 2012, págs. 10 y 12; y “La política de Rajoy y quiebra del consenso social en España”, Temas para el debate, núm. 2011, junio 2012, págs. 14-17).

En el campo de los derechos sociales era inevitable propugnar la derogación de la LOMCE que hizo aprobar el Ministro Wert y algunas medidas, bastante razonables y nada atrevidas de mejora de la enseñanza, donde lo más avanzado es volver al carácter voluntario de la asignatura de Religión. Bastante razonable es asimismo la recuperación de la Sanidad después de las medidas aplicadas por el Gobierno de Rajoy (copago, universalización) más la garantía de las pensiones, el compromiso por la inversión pública en I+D+I. La política de vivienda vuelve a la política que impulsaron Carmen Chacón y Beatriz Corredor en el Ministerio de Vivienda desde 2007 y añade medidas sobre abusos en el precio de los arrendamientos y realojo de inquilinos desahuciados,

Las medidas de regeneración democrática se refieren a la renovación por consenso de ciertos órganos constitucionales, un Plan Nacional contra la Corrupción y una Ley de Transparencia y Bien Gobierno que habrá que estudiar con mucho cuidado pues la actual Ley de Transparencia de 2015 ha servido sólo para que las Administraciones abran sus archivos a la cierta prensa sin que se conozcan ventajas para la transparencia de los poderes públicos. El programa es más preciso en lo que denomina “Justicia eficaz” que aspira a modernizar la Administración de Justicia incluyendo el acceso a la  carrera judicial.

La lucha contra el cambio climático y, en general, las medidas medioambientales, constituyen uno de los puntos más detallados e interesantes del programa: una Ley del Cambio Climático, un Plan nacional que incluye un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico y otros Planes de movilidad sostenible y del agua. También está bien desarrollado el epígrafe sobre la industria, incluyendo la revolución digital y el apoyo a la innovación y a las PYMES.

Tras un apartado sobre la despoblación, otro sobre el sistema autonómico que se valora positivamente aunque se considera mejorable, con medidas sobre el reforzamiento de los instrumentos de coordinación y la clarificación de la definición del marco competencial.

En el campo de la Hacienda, el programa habla de lucha contra el fraude fiscal, el aumento de la progresividad en el Impuesto de Sociedades y en el I.R.P.F. y la reforma de las SOCIMIS

El programa en ocasiones resulta excesivamente prudente.: habría sido necesaria una referencia rotunda y clara a la reforma de la Administración General del Estado, que sufre el empobrecimiento a la que la condenó el Gobierno de Rajoy pues sin esa reforma va a ser difícil aplicar todo el programa de gobierno (véase Javier García Fernández: “La Administración del Estado que el Gobierno socialista heredó de Rajoy”, Temas para el Debate, núm. 293, abril 2019, págs. 30-32).

También haría falta más impulso renovador en el campo de la Cultura en donde el programa de gobierno presenta ideas demasiado generales (salvo la creación de una Oficina de derechos de autor) cuando la gestión de las grandes instituciones culturales requiere una reflexión profunda, los bienes del Patrimonio Histórico exigen medidas innovadoras de fomento y protección y la búsqueda de instrumentos para que participe la sociedad en esa gestión.

Igualmente hubiera sido necesario profundizar en los nuevos derechos que se limitan a las personas con diversidad funcional, a la diversidad familiar y la recuperación de la la memoria democrática (con pocos cambios respecto a la Ley de 2007) y sustitución de la “Ley mordaza”. El programa contiene un epígrafe sobre el sistema electoral que busca una mayor proporcionalidad y otros dos epígrafes, más extensos, sobre la diversidad y la política feminista que parecen necesarios tras la homofobia y el antifeminismo de Vox.

Dada su moderación (más moderado que el que firmaron P.S.O.E. y Ciudadanos en 2016) el programa sería asumible por un democristiano alemán o italiano de los años sesenta. ¿Cómo será la España después de una legislatura? Simplemente, estaremos más próximos al bienestar de Francia o de Alemania y habremos recuperado en parte el Estado social que implantaron los Gobiernos socialistas de los años ochenta y noventa.