Sin duda, una vez más el Gobierno ha tomado decisiones interesadas de marcado carácter electoralista, con el propósito de recuperar los votos perdidos en las últimas elecciones europeas. En este caso, el gran argumento que está utilizando el PP es que cumple y baja los impuestos, al margen de las consecuencias negativas que ello puede tener a corto y medio plazo para cumplir nuestros objetivos de déficit y mantener el Estado de Bienestar social.

En relación con la insuficiencia de las medidas aprobadas debemos recordar que, según la UGT, el problema fiscal en nuestro país no es un exceso de recaudación; precisamente se trata de todo lo contrario. España recauda 7,9 puntos del PIB menos que la media de la zona euro (32,5% frente al 40,4%, según los datos recientes de Eurostat del año 2012) y es el quinto país por la cola de toda la Unión Europea en recaudación fiscal relativa. En este sentido, el economista José Carlos Díez (21 de junio, El País) abunda en ello y pone en duda el margen que tiene nuestra economía para reducir el IRPF y el impuesto de sociedades a las grandes empresas y recuerda que los ingresos públicos han empezado 2014 con unos 15.000 millones de euros por debajo de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado; además, la seguridad social tiene un déficit de 20.000 millones y la deuda pública alcanza un billón de euros.

En este contexto económico, y con estos datos, no tiene explicación razonable que el Gobierno baje los impuestos. Efectivamente, las medidas aprobadas reducirán al menos en 7.000 millones de euros la recaudación en 2015 y 2016, según CCOO, y en 8.373, según FUNCAS. En este sentido, el Gobierno espera compensar esta perdida con el repunte de la actividad económica, lo que crea una gran inseguridad y aumenta el riesgo de una hipotética caída de nuestros impuestos, con lo que esto supondría para cumplir con nuestros compromisos en materia de déficit (5,5% del PIB en el presente año, 4,2% en el año 2015 y 2,8% en el 2016) y el relacionado con el pago de la deuda pública.

Si esto sucede, no podemos descartar nuevas medidas para reducir el gasto público (recortes en Educación, Sanidad y Pensiones), subir otros impuestos (IVA) y continuar privatizando entes y empresas públicas rentables como ha hecho el Gobierno con la venta del 49% de AENA, que reportará a las arcas del Estado 2.500 millones de euros. Se trata de una empresa con beneficios, lo que confirma la deriva neoliberal de esta privatización y la transferencia de rentas del sector público al sector privado, con las consecuencias que ello tendrá, previsiblemente, para un servicio que se puede considerar esencial para la ciudadanía.

Obviamente, las medidas son, sin lugar a dudas, altamente regresivas. Según los técnicos del ministerio de hacienda (GESTHA), las clases medias, una vez más, serán las que amortigüen la rebaja fiscal aplicada a las grandes fortunas. Lo más grave es que la progresividad sufre un fuerte golpe al reducir los tramos actuales del IRPF de siete a cinco, además de reducir los tipos marginales, lo que beneficiará a 73.000 contribuyentes, que ingresan más de 150.000 euros anuales, según los datos de la propia Agenda Tributaria, incumpliendo el principio constitucional de que cada ciudadano debe contribuir, en función de su capacidad económica, a los gastos del Estado. A partir de estas medidas pagará lo mismo un ciudadano que gane 60.000 euros que un alto ejecutivo con ingresos superiores a los 5 millones de euros, lo que resulta inexplicable y profundamente injusto, sobre todo en tiempos de crisis.

También los sindicatos denuncian que se haya eliminado la exención del impuesto a las indemnizaciones por despido, lo que penalizará doblemente a los despedidos que ya han sufrido antes el abaratamiento del despido; una medida altamente regresiva que grava a los que menos tienen con el argumento de imponer impuestos a las altas indemnizaciones blindadas de los altos ejecutivos, como si eso no se pudiera hacer sin perjudicar a los más afectados por la crisis.

De la misma manera, 11,5 millones de trabajadores y pensionistas, que ganan menos de 11.200 euros, no serán beneficiados por la rebaja fiscal, como declaran con reiteración miembros del Gobierno, simplemente porque no están pagando impuestos en la actualidad.

Por otra parte, las rentas del capital, según GESTHA, pasarán de tener tres tramos con tipos del 21%, 25% y 27%, en función de los ingresos, a situarse en dos años en el 19%, 21% y 23%, lo que beneficiará a las grandes fortunas y reducirá nuevamente la progresividad del sistema. Por ejemplo, quien perciba un millón de euros en concepto de dividendo, pagará proporcionalmente igual que un trabajador que gane 50.000 euros, lo que justifica plenamente la reiterada reivindicación de los sindicatos encaminada a igualar los impuestos del trabajo y del capital.

En cuanto a la rebaja progresiva del impuesto de sociedades en dos años, del 30% al 25%, debemos manifestar que sólo beneficiará a las grandes empresas (con la excepción de los Bancos), que son las únicas que en la actualidad están obligadas a tributar por este tipo general (el 84% de los declarantes del impuesto de sociedades se acogen al régimen de empresas de reducida dimensión con un tipo del 25% para los primeros 300.000 euros de base imponible). De hecho, el tipo medio efectivo de las grandes empresas se sitúa en un ridículo 3,5%, lo que ocasiona una escandalosa pérdida recaudatoria de 26.000 millones de euros.

Como complemento a estas medidas, todo hay que decirlo, se puede considerar positivo el aumento de la base del impuesto, de forma que sea lo más parecida posible a los beneficios reales de las empresas, así como limitar las actuales deducciones fiscales de dudosa eficacia. Queda pendiente de comprobar el impacto de estas medidas (bajar el tipo máximo y eliminar deducciones) en la recaudación final, por lo que la UGT plantea una imposición mínima a las empresas que, cuando menos, garantice un nivel de ingresos fiscales suficientes en función de los beneficios anuales.

En relación con la lucha contra el fraude fiscal, GESTHA denuncia la falta de medidas para reducir la elevada economía sumergida (24,6% del PIB), que ocasiona unas perdidas recaudatorias (con absoluta impunidad) de 80.000 millones de euros anuales. También proponen intensificar la lucha contra el fraude de las grandes empresas y fortunas que son las responsables del 72% de la evasión total, pero que, sin embargo, sólo concentran el 20% de los esfuerzos de la Hacienda Pública para perseguir el fraude, tanto en plantillas como en recursos públicos. Un ejemplo significativo de todo ello es que nuestro país tiene un trabajador de la Hacienda Pública por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo, con el agravante de que el 80% de los efectivos -como hemos señalado- se dedican a investigar y perseguir los fraudes y las irregularidades de los pequeños empresarios, autónomos y pensionistas, lo que representa un auténtico despilfarro.

Por último, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno no abordan el cambio profundo que necesita nuestro sistema tributario y, todo indica, que esa gran reforma no se abordará seguramente en esta legislatura. Tampoco estas medidas están entusiasmando a Bruselas, que tiene razonables dudas de que sean eficaces para cumplir con los compromisos de reducir el déficit y pagar la deuda pública, que ya se encuentra en el umbral del 100% del PIB, al margen de las consecuencias negativas de orden interno que tienen para el empleo, la protección social y el mantenimiento del Estado de Bienestar.

En todo caso, el Gobierno olvida el impuesto a las transacciones financieras, modificar el régimen fiscal de las SICAV, gravar de manera homogénea el impuesto de sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional, impulsar la armonización fiscal en el marco europeo, perseguir a los paraísos fiscales, diseñar una política fiscal medioambiental que nos equipare a la Unión Europea y apostar por un reparto fiscal más justo entre capital y trabajo, entre otras medidas.

Desde luego, los datos enumerados anteriormente son veraces e intolerables (ninguna autoridad económica los desmiente); por lo tanto, no es extraño que causen escándalo en los más afectados por la crisis y dejen fuera de juego en términos dialécticos a un Gobierno que los tolera sin hacer nada tangible para corregirlos.

Por todo eso, la reforma fiscal propuesta por el Gobierno ha decepcionado a todos salvo a unos pocos. Las desigualdades van a crecer con estas medidas y el malestar de los ciudadanos aumentará considerablemente. La intensa publicidad del Gobierno no podrá ocultar el desempleo; la precariedad; la escasa protección social; unos servicios públicos deteriorados, ante la falta de inversión; ni tampoco la insuficiencia y la regresividad de las medidas aprobadas. Los que han estado esperando una reforma fiscal en profundidad, suficiente, progresiva y, por lo tanto, más justa y superadora de las desigualdades se han llevado un fiasco y deberán esperar. En este marco de precariedad y de escasos ingresos fiscales, será difícil que el PP conserve la mayoría absoluta que tiene en estos momentos, como temen sus dirigentes. También será difícil que el país avance con estas medidas en la modernización tecnológica, en la investigación, en la organización del trabajo y en el cambio de modelo productivo, única manera de abordar el desempleo y de generar ilusión en los más jóvenes y una mínima esperanza en los más afectados por la crisis. Estaremos muy atentos a los argumentos que utilicen el Gobierno y la oposición en el debate parlamentario.