Como consecuencia, el Gobierno, ante la presión de los mercados y prisionero de sus propios compromisos adquiridos en esta materia, ha aprobado un decreto- ley que se tramitará como proyecto de ley en el congreso de los diputados. Días antes, el ministerio de trabajo había presentado a los interlocutores sociales un primer anteproyecto de decreto que fue muy criticado por la CEOE (lo tachó de “desequilibrado” hacia la parte sindical). Fue suficiente para que el decreto ley se endureciera en unas horas y, por lo tanto, fuera criticado también por los sindicatos. Un verdadero fiasco que denota improvisación, inseguridad, una nueva supeditación a los mercados soliviantados por la reestructuración de la deuda griega, y un nuevo triunfo de las posiciones más neoliberales – Banco de España, FMI, y área económica del gobierno-, con el consiguiente fracaso de su área social, incapaz de mantener sus posiciones (presentadas por escrito a los sindicatos) en el Consejo de Ministros.

Mientras que los empresarios han tomado buena nota de los resultados del 22-M, y están presionando políticamente en consecuencia, el gobierno sigue impasible al desaliento con su política de ajustes sin modificarla un ápice. Por su parte, los sindicatos- sin estrategia definida como no sea la de seguir negociando para salvar algunos muebles, como lo vienen haciendo en los últimos meses- aparecen sin rumbo y están siendo muy criticados (a pesar de que su comportamiento se considera por muchos como un ejercicio de responsabilidad) por el ímpetu de la calle tomada en buena medida por el movimiento derivado de 15-M, que ya se ha manifestado claramente contra la reforma de la negociación colectiva, incluso en los aledaños del congreso de los diputados.

Al margen del resultado final de los debates en el Parlamento, no será fácil que la reforma de la negociación colectiva cumpla con su propósito- ante las fuertes exigencias de los empresarios que no pueden asumir los sindicatos-, sin un aumento de la conflictividad social. De entrada, la reforma de la negociación colectiva requiere de un acuerdo social; no de un decreto- ley que nadie lo considera imprescindible y mucho menos que pueda ayudarnos a salir de la crisis y crear empleo, como está ocurriendo con la reforma laboral aprobada el pasado año. Por lo tanto, hay que seguir apostando con todas las consecuencias por la autonomía de las partes; simplemente porque da mejores resultados como se ha demostrado en las reformas llevadas a cabo en el periodo democrático. Regular la negociación colectiva por decreto, simplemente es un atentado a este principio elemental y pone en entredicho la autonomía de las partes como soporte básico de las relaciones laborales incumpliendo, además, el ASE firmado el 2 de febrero pasado, que establece la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para la ordenación de esta materia.

En todo caso, lo que está ocurriendo está en consonancia con las políticas neoliberales que siguen ganando terreno y se están imponiendo en términos prácticos y dialécticos aprovechándose de la crisis a todos los niveles. En este marco, con una correlación de fuerzas favorable, y escuchados desde el poder, no es extraño que los empresarios estén insultantes y actúen de esta manera en defensa de sus intereses, que no pasan por convivir mucho tiempo con un gobierno socialista derrotado claramente en las urnas y sin aparente recuperación ante las próximas elecciones generales. Tampoco nos deben extrañar las nuevas recomendaciones de Bruselas al gobierno de aumentar el IVA para compensar una rebaja de las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social. Es tal la desfachatez que ni siquiera se ha esperado a que se tramite en el Parlamento la reforma de las pensiones que, si se ha justificado por algo, es por la necesidad de hacer económicamente sostenible el sistema. Por eso, reducir los ingresos a la seguridad social (cotizaciones empresariales) en estos momentos sería un verdadero escándalo y así parece que lo ha entendido el gobierno en su respuesta negativa; por cierto, nada contundente por otra parte, lo que nos anuncia una futura reducción de las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social (sino lo hace el PSOE lo hará el PP, si nadie lo remedia).

Las primeras declaraciones de los sindicatos ante el anteproyecto de reforma fueron tibias y no asumieron ningún compromiso con el texto. Sin embargo, el decreto final ha dejado muy mal parados a los sindicatos que, además, tienen que sufrir la afrenta del endurecimiento del reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE)- en línea con la reforma laboral que significó la huelga general del 22-S-, lo que facilitará aún más el despido procedente (20 días por año trabajado). Para que eso ocurra, una empresa simplemente debe alegar pérdidas económicas “permanentes o transitorias”.

El decreto- ley aprobado debilita considerablemente la negociación colectiva y representa, sin ninguna duda, un nuevo recorte de los derechos adquiridos por los trabajadores, facilitando- si cabe aún más- el control y el dominio de los empresarios al haber aceptado el gobierno el chantaje de la CEOE que- para comprometerse a crear empleo (increíble)- exige medidas a las que sólo se pueden calificar de dumping social: desregular más el mercado de trabajo; empeorar las condiciones de trabajo; debilitar la negociación colectiva; facilitar y abaratar los despidos; bajar los salarios; reducir las prestaciones sociales; y reducir las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social, entre otras medidas. Esta política significa, además, abandonar el cambio de nuestro modelo productivo verdadero causante de nuestra situación, claramente diferenciada de los países de la UE en cuanto a la gravedad de las cifras de desempleo. También significa renunciar a una política que fomente el valor añadido y por lo tanto la productividad a través de la investigación, la innovación, y el diseño de calidad.

Tres son los asuntos más controvertidos de la reforma de la negociación colectiva: la supresión de la ultractividad de los convenios; la flexibilidad interna; y la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector estatal.

La ultractividad de los convenios (prórroga automática), que se ha demostrado en la práctica como la mejor manera de obligar a los empresarios a respetar los derechos adquiridos (por convenio) de los trabajadores, prácticamente se ha suprimido. En realidad, su supresión se ha aplazado 8 meses (en los convenios de dos años de duración, que son la mayoría) desde la finalización de la vigencia del convenio. Si no hay acuerdo en ese periodo (8 meses) el contenido del convenio queda en suspenso y se estará a expensas de lo que determine un arbitraje forzoso (todo indica que resultará anticonstitucional, a pesar de su transitoriedad), a la espera de un acuerdo arbitral entre las partes. Sin duda, se trata de un importante retroceso sin justificación aparente como no sea contentar nuevamente a los empresarios y debilitar a los trabajadores que deberán estar –en el supuesto de desacuerdo- a la espera de la resolución arbitral que, en cualquier caso, no mejorará el contenido del convenio vencido.

En relación con la flexibilidad interna se profundiza en la línea de la reforma laboral (se argumenta que para evitar despidos) puesto que se amplían las atribuciones de los empresarios en asuntos relacionados con la jornada (horas extras, bolsa de horas de trabajo), modalidades de contratación, clasificación profesional, conciliación de la vida laboral, y descuelgues. Por el contrario, no se avanza en la participación real de los representantes de los trabajadores en las empresas al no recoger el compromiso asumido por sindicatos y empresarios de hacer compatible la flexibilidad interna con la participación de los trabajadores y sindicatos en la toma de decisiones. Los sindicatos denuncian que, además, en materia de legitimidad el gobierno abre la vía a los sindicatos corporativos, a través de los convenios franja (el ámbito de negociación no debe ser la categoría sino el sector o la empresa) que ya han generado múltiples problemas con graves repercusiones económicas y sociales (pilotos, controladores, maquinistas…).

Pero, sin duda, lo peor es el golpe bajo que reciben los convenios de ámbito superior a la empresa (estatales, de comunidad, y provinciales), que quedan muy debilitados. El decreto- ley permite romper un convenio estatal de sector con la simple firma de un convenio de empresa en cualquier momento. Esta medida sólo será posible anularla en el convenio estatal y autonómico; sin embargo, esto será difícil que ocurra en la práctica ante la previsible negativa de la CEOE a renunciar a este importante logro para sus intereses, tal como se recoge en el decreto- ley.

La experiencia de tres décadas de relaciones laborales en nuestro país confirma el ámbito estatal como un marco de referencia donde se viene garantizando unas condiciones mínimas a los trabajadores de las empresas pequeñas (sin presencia sindical), así como la cohesión social y territorial. Además, los convenios estatales han evitado la fragmentación del mercado de trabajo y la competencia entre regiones basada en la desregulación y la desprotección laboral. Sin embargo, con el actual decreto-ley los empresarios en las pequeñas empresas pueden negociar convenios (ficticios), amparándose en su mejor correlación de fuerzas, sorteando así las obligaciones del convenio de sector superior, lo que creará una mayor indefensión y una mayor desprotección de los trabajadores ante la escasa presencia sindical en este tipo de empresas. Todo ello puede multiplicar de manera considerable los descuelgues (salarios incluidos) del convenio de ámbito superior.

Finalmente, una última y breve consideración: la reforma de la negociación colectiva (más recortes de derechos) puede que contente a los mercados (según el ministro de trabajo, el FMI la valora bien). Sin embargo, lo que nunca hará es contentar a los trabajadores que son sus aliados naturales y futuros votantes. Por eso, es urgente una rectificación de la actual política económica y social del gobierno y, esa rectificación, se debe contemplar en el futuro programa electoral del PSOE. Un programa que, además, debe apostar por políticas redistributivas capaces de ilusionar al electorado de izquierdas y a los jóvenes (también del 15-M). En todo caso, la distribución de la riqueza siempre se puede llevar a cabo, incluso en un contexto de crisis económica, depende de la voluntad política del gobierno de turno y no del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento (único) liberal conservador.

Los sindicatos, por su parte, deben reflexionar. El golpe dado a los convenios estatales de sector tiene una consecuencia añadida: el debilitamiento de las organizaciones sindicales y particularmente de sus federaciones estatales. El negociar está bien, pero no puede ser un fin en si mismo. Sin la movilización y la contestación obrera- lo que se llama recuperar la calle y la relación con los jóvenes-, la negociación no obtendrá el resultado que se pretende.