En coherencia con esa decisión, el 1º de Mayo también se viene celebrando en España desde esa fecha (clandestinamente en la etapa franquista) y los sindicatos aprovechan esta fecha emblemática para convertirla en un día festivo y de lucha y actualizar sus reivindicaciones.
En esta ocasión, los sindicatos se encuentran en una difícil encrucijada, víctimas de una planificada campaña antisindical. Por eso, nunca han tenido tantas razones en democracia para movilizarse después de la celebración de la reciente huelga general y de las manifestaciones del 29-M, en respuesta a las políticas neoliberales impuestas por el actual Gobierno al dictado de la UE y ante la actitud insolente y desconsiderada del Gobierno- parapetado en su mayoría absoluta- hacia las propuestas sindicales encaminadas a recuperar la concertación social.
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Efectivamente, el Gobierno ha dinamitado el diálogo social y ha impuesto una reforma laboral a los trabajadores que atenta contra los derechos conseguidos y rompe el necesario equilibrio entre los interlocutores sociales después de años de lucha. Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan medidas que recortan la inversión pública y la investigación, la protección social y los servicios públicos. En cambio no aborda el desplome de los ingresos, ni se plantea una reforma fiscal que reparta más equitativamente el costo de la crisis junto a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; por el contrario, al Gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que aprobar una amnistía fiscal que resulta escandalosa y muy beneficiosa para los defraudadores profesionales. La previsión del propio Gobierno en los PGE resulta desalentadora para este año: el crecimiento se reducirá en un -1,7% del PIB y el desempleo se situará en el umbral de los seis millones de parados. A pesar de ello, ningún analista confía en conseguir que el déficit se sitúe finalmente en el 5,3% del PIB exigido por la UE, a pesar de tantos sacrificios. Para ello se requiere que la economía crezca más (El FMI pronostica que España sólo crecerá un 1% en los cuatro años de legislatura de Rajoy), porque sin crecimiento de la economía y con sólo recortes no se pagará la deuda como temen los acreedores.
Por si esto fuera poco, una semana después de la presentación de dichos PGE el Gobierno ha vuelto a aprobar por decreto ley (en desacuerdo con todas las promesas del PP) nuevas medidas de ajuste de marcado carácter ultraliberal, sin que ello tampoco esté frenando el desplome de la bolsa y reduciendo la prima de riesgo. En esta ocasión, las medidas afectan nuevamente a los más desfavorecidos: aumento del copago en los gastos de farmacia (por primera vez también pagarán los pensionistas), limitación para que acudan al sistema sanitario los inmigrantes irregulares- que no tendrán tarjeta sanitaria- y los jóvenes menores de 26 años que no hayan cotizado (lo que puede colapsar las urgencias y crear problemas sociales imprevisibles en estos momentos), recortes de las becas y aumento de las tasas universitarias, así como de los precios de la energía y de los transportes públicos.
A ello hay que añadir la subida de tasas judiciales y la instauración de una nueva tasa en el ordenamiento laboral -que pretende, además de recaudar más, facilitar la aplicación de la reforma laboral- como se contempla en el anteproyecto aprobado por el Gobierno. De la misma manera, el Ministerio del Interior estudia con el de Justicia que los partidos y sindicatos respondan penalmente si alguno de sus afiliados causa daños con relevancia penal en actos multitudinarios; una medida que no tiene otro propósito que frenar las movilizaciones populares, para facilitar la aplicación de las políticas de ajuste.
Estas medidas han dejado a los PGE obsoletos nada más nacer y, todo indica, que se han tomado de manera improvisada y en función de la reacción de los mercados (sistema financiero internacional), a pesar de que se está demostrando que resultan muy negativas para el crecimiento y el empleo y, por lo tanto, para recuperar la confianza de la marca España. Por el contrario, la reforma del sistema financiero discurre lentamente (no con las prisas de la reforma laboral) en su pretensión de absorber el inmovilizado del ladrillo- mientras se reclaman créditos para familias y empresas-, dando la impresión de que el Gobierno no actúa con la rapidez necesaria y que está frenando la reforma al supeditarla a los intereses de los grandes bancos empecinados en mantener el precio de su parque de viviendas.
La situación no mejora en términos políticos e institucionales. El Gobierno ha roto el acuerdo sobre la televisión española, lo que significará el control partidario de la misma (ya sabemos lo que está haciendo el PP en las televisiones autonómicas), además de la expulsión de los sindicatos del Consejo de RTVE. Por otra parte, en el seno del PP se está volviendo a plantear la devolución de algunas competencias de las CCAA ante las políticas de ajuste que está exigiendo el Gobierno central, lo que denota una sensación de desconcierto y desgobierno del partido en el poder. También en el plano internacional el Gobierno ha sufrido un golpe bajo con la expropiación de YPF; una decisión sin duda criticable, pero que no justifica la reacción torpe del Gobierno al responder con declaraciones altisonantes y excesivas a un problema que, en todo caso, sólo afecta a una empresa. A esto hay que añadir el impresentable patinazo del Rey y sus consecuencias para nuestro país en el plano interno e internacional. Ambos acontecimientos han significado un sonoro fracaso político y diplomático, que ha terminado por alcanzar al propio Gobierno.
Ante esta situación, el PSOE debería asumir un mayor protagonismo en términos políticos para encauzar el creciente malestar social; sin embargo, sigue sin asumir plenamente sus tareas de oposición- al estar hipotecado todavía por sus años de Gobierno- y mantiene un discurso dubitativo como ocurrió con la huelga general del 29M: el PSOE no apoyó la huelga, pero algunos de sus dirigentes participaron en las manifestaciones, como parece que va a ocurrir el próximo 29 de abril. Sin embargo, resulta urgente que presente alternativas sólidas y creíbles para salir de la crisis y, en concreto, para reducir el déficit (deben establecer plazos y concretar más la supresión de organismos y el recorte de gastos ordinarios, así como los gastos de Defensa), mantener la inversión pública generadora de empleo (concretar las inversiones que, en todo caso, se deben respetar) e incrementar los ingresos vía fiscal (fijar nuevos impuestos, concretar qué hace con los actuales y establecer un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida).
En este sentido, el PSOE debe participar activamente en el debate abierto en la UE sobre las alternativas más convenientes para salir de la crisis (impulsar el crecimiento), con motivo de las elecciones en Francia y las propuestas actuales de la socialdemocracia en Francia y Alemania; unas propuestas que deberán ser diferentes y que, desde luego, sufrirán próximamente su primer examen práctico en Andalucía con el Gobierno de coalición entre el PSOE e IU. Por otra parte, el PSOE debe abordar con urgencia la esperada reforma de sus estructuras: democracia interna, debate partidario y participación en el tejido social (organizaciones ciudadanas). En definitiva, el PSOE debe recuperar la confianza de sus potenciales electores para que sea creíble como oposición y, sobre todo, como alternativa de Gobierno.
También los sindicatos deben reformular su política. No deben basar su estrategia sindical en buscar afanosamente acuerdos imposibles en la actual situación, conociendo de antemano la actitud del PP. Las alternativas pasan por descentralizar la acción sindical y hacerse fuertes en torno a la negociación colectiva en sectores y empresas, con el propósito de impedir la aplicación de la reforma laboral, defender las reivindicaciones sindicales y oponerse a los atropellos de que son víctimas los trabajadores por algunos empresarios al amparo de la crisis. Deben también conectar con los movimientos ciudadanos: plataforma en defensa de los servicios públicos, indignados del 15-M, defensores de la enseñanza pública, estudiantes, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, entre otros. Se trata de recoger y canalizar las demandas de esos colectivos e implementarlas e impulsarlas desde la acción sindical y desde las movilizaciones populares.
Todo ello se justifica porque, hasta ahora, los serios intentos de la oposición y de los sindicatos por abordar de manera consensuada la salida de la crisis se han saldado con un estrepitoso fracaso (la última reunión de los sindicatos con la ministra de Empleo ha sido desoladora). La respuesta negativa del Gobierno a buscar Pactos de Estado y la defensa a ultranza de sus brutales políticas de recortes -al margen de los ingresos fiscales que serían suficientes para financiar todos los servicios sociales- nos está conduciendo a una situación de inestabilidad creciente: en Madrid (también en otras capitales de provincia) es raro que no se produzcan todos los fines de semana alguna protesta de un colectivo afectado por la crisis en el entorno de La Puerta del Sol; eso sí, bien protegido por la policía nacional, recordando tiempos pasados y ya superados.
Esa es la razón del por qué los sindicatos y diversas organizaciones han convocado nuevas movilizaciones para el próximo 29 de abril (Con la Educación y la Sanidad no se Juega) y el 1º de Mayo, en correspondencia con la demanda de los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía; precisamente porque saben que la situación política, económica y social se va a agravar en los próximos meses si no hay un cambio de actitud en el Gobierno y en las políticas que emanan de la UE (en el 1º trimestre del año la economía ya ha retrocedido un -0,4% del PIB). En este marco, las movilizaciones resultan inevitables, porque no hay otra alternativa para canalizar y exponer el malestar ciudadano hacia unas políticas que nos conducen inexorablemente a la depresión y al desempleo. En todo caso, las movilizaciones en torno al 1º de Mayo no son el fin de una etapa sino el comienzo de la expresión de nuevos descontentos que alcanzan -además de a la reforma laboral- a servicios públicos tan esenciales como son la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales y los transportes públicos.
