Cuatro hechos han destacado recientemente en nuestro panorama político, muy marcado por las próximas elecciones a celebrar en Ayuntamientos y CCAA: la reciente Encuesta de Población Activa del año (I EPA- 2015), el Programa de Estabilidad que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea (2015-2018), el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril) y la celebración del 1º de Mayo.

Este último hecho ha destacado sobre todos los demás, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta ocasión se ha celebrado el 125 aniversario de esta emblemática fecha para los trabajadores. Los sindicatos han recordado, una vez más, que en el 1 de mayo de 1886 estalló la huelga general de las ocho horas en EEUU (ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio y educación). Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a la calle para defender sus reivindicaciones y luchar contra las condiciones infrahumanas de trabajo. En Chicago, en la Plaza Haymarket, el 4 de mayo, se masacró a los manifestantes en protesta contra esta situación (38 obreros muertos, 115 heridos y 6 policías muertos). Un año después, cuatro de sus dirigentes fueron ahorcados y declarados posteriormente víctimas inocentes de un error judicial, en un proceso revisado en 1893 (“Los colgaremos igualmente. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios”. Historia del 1º de mayo. Maurice Dommanget).

En aquella época, las condiciones de vida de los trabajadores en Europa y los EEUU eran lamentables: la jornada laboral resultaba interminable, el salario era escaso y sólo permitía ir malviviendo mientras había un puesto de trabajo en la Industria. Por lo tanto, no es extraño que la miseria y la explotación fueran un lugar común entre las clases trabajadoras y que los obreros intentaran terminar con esta situación organizándose al grito de: “Organización o Muerte” (Revista Los Mineros, FFLC).

Posteriormente, en el año 1889, se celebró un Congreso Internacional Obrero Socialista, en París, al que acudió Pablo Iglesias en representación del PSOE y de UGT. Este Congreso acordó celebrar todos los años el 1º de mayo en recuerdo de los mártires de Chicago, asesinados por reivindicar la jornada de 8 horas y defender sus derechos. En España se celebró por primera vez en el año 1890 y, desde entonces, su historia se confunde con la historia del movimiento obrero y, particularmente, con la historia de la UGT, CNT y, posteriormente, de CCOO (Revista Claridad nº 27).

En la actualidad, y a pesar de las campañas de desprestigio que están sufriendo el derecho de huelga y los sindicatos (a los que se les culpabiliza de todos los males de nuestra economía, sin tener en cuenta los destrozos que ha causado la política económica del Gobierno; el desempleo; la voracidad y codicia de los empresarios; y el actual modelo productivo, auténtico causante de la precariedad de nuestro mercado de trabajo), éstos siguen siendo más necesarios que nunca y son los únicos con capacidad para defender -como ha ocurrido a lo largo de la historia- las reivindicaciones de los trabajadores. En todo caso, resulta inaceptable que no se diga nada similar respecto a la responsabilidad y compromisos que tienen que asumir las empresas en una economía social de mercado, sobre todo cuando basta recordar la crudeza del capitalismo y el carácter brutal y despiadado de muchas empresas de nuestro tiempo, que han estafado a miles de inversores mediante fraudes contables y que, además, dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a muchos trabajadores buscando trabajo a la edad en que pensaban jubilarse.

La última Encuesta de Población Activa (I EPA-2015) ha confirmado la situación lamentable en que viven millones de trabajadores y, sus datos, verdaderamente insoportables, han enfriado las expectativas de crecimiento económico elaboradas por el Gobierno, además de confirmar el análisis de los sindicatos y de la izquierda en general, en relación con el desempleo y la precariedad del mercado de trabajo.

Efectivamente, el número total de desempleados se sitúa en 5.444.600 y la tasa de paro alcanza un 23,9%. Al margen de estos datos globales destacan los referidos al desempleo de larga duración, que alcanzan nada menos que al 61,2% de las personas que buscan un empleo desde hace más de un año y al 43,7% que buscan un empleo durante más de dos años. Asimismo, la tasa de temporalidad alcanza al 23,6% y la contratación a tiempo parcial al 16,3%, lo que confirma la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, el avance de la contratación parcial involuntaria y el subempleo generalizado. La situación se agrava por el gran número de hogares con todos sus miembros en paro (1.793.600) y una cobertura de desempleo en claro descenso (actualmente, sólo el 43% de los desempleados EPA reciben prestaciones por desempleo), lo que ha obligado a los sindicatos a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa Legislativa Popular en demanda de una prestación de ingresos mínimos para los desempleados particularmente desfavorecidos.

Por otra parte, el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ha significado un fuerte toque de atención sobre la lacra que representan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Según la OIT, 6.400 personas mueren cada día a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en el mundo, lo que sitúa la cifra de muertes cada año en 2,3 millones. El costo económico de este drama social alcanza al 4% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, equivalente a 2,8 billones de dólares. En España, según UGT, después de varios años en los que la siniestralidad había descendido, ésta ha aumentado, entre otras cosas, por el repunte de la situación económica: dos trabajadores mueren al día, 11 tienen un accidente grave, 1.300 un accidente leve, 1.912 un accidente sin baja laboral y 63 trabajadores sufren una enfermedad relacionada con su actividad profesional.

Debemos recordar que la causa de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales tiene una relación directa con la fuerte precariedad y rotación en el empleo, la intensificación del trabajo, las malas condiciones laborales, la maximización de las ganancias empresariales, el recorte de recursos dedicados a la prevención e, incluso, el miedo a perder el puesto de trabajo (estrés laboral).

La respuesta del Gobierno a la situación actual tiene una relación directa con el momento político y electoral que estamos viviendo. El Pan de Estabilidad presentado en Bruselas es un cántico al optimismo y apuesta por un crecimiento sostenido en torno al 3% del PIB en los próximos años (2015-2018). La única preocupación del Gobierno es acabar la presente legislatura con menos trabajadores en paro de los que se encontró Rajoy a finales de 2011. El Gobierno carece de una política de empleo y no ha mostrado ningún interés en mejorar la calidad del empleo (precariedad) y el poder adquisitivo de los salarios (desplome salarial) y menos ha combatido el déficit de la seguridad social (desgravaciones, tarifas planas y caída de ingresos), el deterioro de los servicios públicos y la fuerte caída de los ingresos fiscales. Por otra parte, el Gobierno de ninguna manera ha asumido su responsabilidad en la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza y de la exclusión social, ni tampoco ha propiciado el necesario cambio de nuestro modelo productivo en un mundo globalizado.

La propaganda electoral del PP reitera que no se puede tirar por la borda los logros conseguidos hasta el momento y rechaza que la ciudadanía vote a la izquierda para volver a “políticas equivocadas”, como si fuera razonable seguir votando a los que han amparado a los responsables de la crisis. El PP no reconoce, a la hora de explicar la salida de la recesión -que no de la crisis-, la influencia que han tenido las últimas medidas del Banco Central Europeo (BCE), la relajación de las políticas de austeridad de la UE, la devaluación del euro, la política más expansiva de los EEUU y la bajada del precio del petróleo, en nuestro repunte económico. Cabe preguntarse, por lo tanto: ¿qué pasará cuando fallen o cambien estas políticas y, sobre todo, cuando se acaben las medidas económicas (interesadas) -que el Gobierno está aplicando en este año electoral- y vuelvan los recortes previstos para los próximos años?

En este contexto resulta comprensible que los sindicatos reclamen recuperar los logros perdidos por la aplicación de una política neoliberal -que ha golpeado duramente a los trabajadores y causado auténticos destrozos sociales- y exijan un cambio de modelo productivo, reformar el sistema financiero (banca pública, costos del capital e impuestos a las transferencias bancarias), recuperar el Estado de Bienestar Social anterior a la crisis, además de reafirmar su firme compromiso ético con la democracia y con las clases trabajadores. Por último, los sindicatos están insistiendo sobre todo en el capítulo de los ingresos y están abanderando la lucha contra la intolerable corrupción, la economía sumergida, el fraude fiscal y la evasión de capitales. En la actualidad, según el diario Expansión, los ingresos fiscales en España representan el 37,8% del PIB, al finalizar el año 2014, más de 7 puntos por debajo de la media de la UE-28, que se sitúa en el 45,2%. Este porcentaje coloca a España en la parte baja de los ingresos fiscales junto a Bulgaria (36,4%), Irlanda (34,9%) y Rumanía (33,4%) y muy alejada de Dinamarca (58,5%), Finlandia, Francia, Suecia, Bélgica y Austria (49,9%).

En resumen, a pesar de estar inmersos en plena campaña electoral, los ciudadanos conocen muy poco las propuestas electorales de los partidos políticos y, lamentablemente, el propio poder mediático está más preocupado por las posibles alianzas que se configuren en el futuro, que por la decidida divulgación de las propuestas partidarias. Por eso, ante esta situación, los sindicatos deberían concretar (y defender) sus reivindicaciones en un texto programático y presentarlo a las formaciones políticas, porque no sería nada bueno que los sindicatos lo fíen todo a la política, ya que difícilmente colmaría las expectativas que tienen los trabajadores.

El fundamento de estas alternativas debe ser la defensa de la igualdad (reparto de riqueza), la justicia social y la regeneración democrática, a las que tienen que dotar de contenidos concretos: paro (juvenil y de larga duración), precariedad (empleos basura), salarios, protección social (pensiones, desempleo y dependencia), reforma laboral (negociación colectiva), democracia económica, servicios públicos (salud y educación), fiscalidad, pobreza y exclusión social. Los trabajadores tendrán así suficientes elementos de juicio para votar con conocimiento de causa a los partidos políticos que mejor asuman estas políticas. En eso estamos…