La valoración de las movilizaciones resulta altamente positiva y demuestra el creciente malestar social que se viene produciendo en la UE, paralelo al aumento de la sensibilidad social que ha hecho posible que por primera vez se lleve a cabo una convocatoria de esta envergadura en el ámbito europeo, que es precisamente donde se toman las decisiones políticas, económicas y sociales; en esta ocasión ha triunfado el internacionalismo obrero y la solidaridad sobre los mezquinos intereses nacionales.

La ciudadanía europea observa con estupor que, aprovechándose de la crisis financiera y de deuda, se están tomando decisiones de fuerte contenido ideológico que producen efectos devastadores en el Estado de Bienestar Social. Los ciudadanos comprueban que no hay dinero para los más débiles mientras el sector financiero es rescatado a costa de los contribuyentes. Comprueban también que se incumplen sistemáticamente los compromisos electorales, mientras se modifican las legislaciones (reformas de las Constituciones) para tomar decisiones que significan retrocesos sociales y laborales, al margen del diálogo social y de la negociación colectiva. Comprueban alarmados que la democracia no se respeta bajo el principio de que no hay otra alternativa posible para salir de la crisis que continuar con una política de ajuste del gasto; sin embargo, no se aborda el capítulo de los ingresos (reforma de las políticas fiscales), ni se plantea retrasar en el tiempo la corrección de los desequilibrios económicos (déficit y deuda), tampoco se impulsa la reactivación y el crecimiento con dinero público que resulta imprescindible para salir de la recesión económica y crear empleo.

A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización de los servicios públicos y la elevación a nuestra iconografía del sector privado, así como las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

En España, los trabajadores -junto a los de Grecia, Italia y Portugal, muy afectados también por la crisis- han secundado masivamente la huelga general (14-N) y las manifestaciones convocadas por los sindicatos y 150 organizaciones sociales integradas en la Cumbre Social, a pesar de los piquetes antihuelga -al amparo de la reforma laboral-, del poder mediático más reaccionario (la consigna ha sido desprestigiar la huelga y silenciarla), de la precariedad, del miedo a perder el empleo, de la actitud provocativa y chulesca de algunos miembros de las fuerzas de orden público (los huelguistas gritaban ante tanta policía: “no hay chocolate para tanta porra”) y de la actitud del Gobierno que ha pretendido convertir la huelga en un conflicto de orden público. Se ha tratado de una huelga defensiva y pacífica (nunca una huelga ha estado tan justificada) que ha denunciado una política que ha socializado pérdidas del sector financiero a costa del erario público y que reparte de una manera muy desigual el costo de la crisis: las empresas y los más ricos pagan menos impuestos que los ciudadanos (desgravaciones, subvenciones, evasiones, amnistía fiscal, SICAV…).

Las protestas sindicales han tenido relación directa con la política económica y social y, en concreto, con la reforma laboral (una auténtica máquina de fabricar parados) y con los Presupuestos Generales del Estado (PGE, 2013). Unos presupuestos que no van a corregir los desequilibrios macroeconómicos; por el contrario, multiplican los recortes en la inversión y en los servicios públicos. Además -lo que resulta más grave-, renuncian a reactivar y estimular la economía (la economía decrecerá el 1,4% del PIB, según el FMI y la Comisión Europea) y a dilatar en el tiempo la corrección del déficit y de la deuda. El resultado de esta política es de sobra conocido: menos ingresos fiscales, (han caído casi seis puntos desde 2007 a 2011), más desempleo (superará el 26%), menos protección a los parados (la cobertura ya ha bajado hasta el 63,5%; por lo tanto, más de dos millones de parados carecen de prestación), más desigualdad y un aumento de la pobreza sobre los datos ya preocupantes de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE): el 21,1% de la población residente en España está por debajo del umbral de la pobreza (un 19,8% de nacionalidad española y un 43,5% de nacionalidades fuera de la UE).

Lo más grave de la situación es que todavía puede empeorar, sobre todo si España termina pidiendo el rescate a la UE que, como tiene por norma, exigirá muevas políticas de ajuste. No hay más que analizar lo que viene aconteciendo en los países rescatados. En concreto, queda pendiente la revalorización de las pensiones y no hay que descartar que se extienda a todas las CCAA el pago de un euro por receta (“tripago”) y se generalice el aumento de tasas, además de que se sigan eliminando empleos públicos y se reduzca la protección social, entre otras medidas.

Esta política del Gobierno conservador viene acompañada de una campaña claramente antisindical -desde la derecha política y desde el mundo empresarial-, como no se conocía en democracia. No es extraño, por lo tanto, que se responda con contundencia desde el movimiento sindical, después de años de diálogo y de concertación social (particularmente con el Gobierno socialista, hasta mayo de 2010), al desprecio más absoluto de que hace gala el Gobierno hacia los sindicatos que, no lo olvidemos, son los representantes de los trabajadores como reconoce nuestra Constitución.

La singularidad de esta política es que afecta muy negativamente a todos los colectivos y al conjunto de los ciudadanos (trabajadores con empleo, precarios, desempleados, pensionistas, empleados públicos, jóvenes, mujeres…) y está siendo fuertemente contestada tanto con procedimientos convencionales relacionados con la acción sindical de los sindicatos (movilizaciones sectoriales compatibles con manifestaciones de masas y huelgas generales), como con otras experiencias más heterodoxas llevadas a cabo por movimientos sociales (indignados, 15-M…), que cuentan con un gran protagonismo de jóvenes muy afectados por la crisis.

Por eso, resulta urgente poner en común estas experiencias movilizadoras y debatirlas con la oposición política. La presentación de alternativas concretas y consensuadas -contrarias a las políticas neoliberales- resulta imprescindible para ser eficaces en la lucha contra la crisis (respetando la cohesión social) y para que la ciudadanía recupere la confianza y la credibilidad hacia la oposición política y hacia los sindicatos y para desenmascarar a los empresarios que exigen cínicamente alternativas a los sindicatos cuando ellos nunca las han presentado, como no sea recurrir al despido fácil y barato.

En este sentido, debemos remitirnos a las reivindicaciones de la CES, que deben servir de referencia a las políticas a desarrollar por los sindicatos en cada uno de los países. El nuevo “contrato social”-propuesto por la CES- debe ser el marco adecuado capaz de recoger las aspiraciones de los trabajadores europeos: Gobiernos al servicio de un crecimiento sostenible capaz de crear empleos decentes y de calidad; políticas de redistribución (impuestos más justos y protección social); plan de empleo para los jóvenes; política industrial dirigida hacia una economía verde y competitiva; lucha contra el dumping salarial y social; combate a la desregulación y a la precariedad laboral; puesta en marcha de los eurobonos; tasa sobre las transacciones financieras para combatir la especulación y generar políticas de inversión; armonización de la base fiscal con una tasa mínima para las empresas en la UE; lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; erradicar los paraísos fiscales; además del impulso decidido a la negociación colectiva y al diálogo social.

Sin duda, hay alternativas para salir de la crisis; a pesar de ello, los ciudadanos se preguntan: ¿Qué hacer después de la huelga? A esa pregunta debe responder de manera clara y directa el Gobierno, ante el clamor social que se ha puesto de manifiesto, una vez más, en la huelga general y en las movilizaciones, atendiendo a las justas reivindicaciones de los sindicatos. La gravedad de la crisis exige una profunda reflexión del Gobierno, que debería desembocar en la recuperación del diálogo, de la concertación social y del consenso político, con el propósito de reactivar la economía y crear empleo -que sigue siendo nuestro principal problema económico y social-, en la perspectiva de un cambio de modelo productivo que consolide una economía competitiva, compatible con el fortalecimiento del Estado de Bienestar, en un marco globalizado.

La búsqueda reciente de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, en relación a los desahuciados, es un ejemplo a imitar en la búsqueda de otras salidas a la crisis (con la participación de los interlocutores sociales). En todo caso, debemos recordar la tardanza en tomar decisiones (algo intolerable) hasta el punto de que han aflorado verdaderos dramas sociales e, incluso, suicidios (¿homicidios?). Resulta paradójico que, por ejemplo, Bankia (un Banco rescatado con dinero público) esté involucrado en una política sistemática de desahucios, lo que resulta simplemente aberrante.

Finalmente, el Gobierno se equivoca si persiste en enfrentar el Parlamento a la calle (amparado en su mayoría absoluta) y en anteponer la lógica política a la lógica sindical. Ambas tienen cabida en democracia; sin embargo, no se puede gobernar de espaldas a la mayoría social y menos en contra de los más débiles.

El Gobierno debería ser consciente de que las fuerzas progresistas, la oposición, los sindicatos y los jóvenes van a seguir resistiendo (como lo hicieron en épocas pasadas) en esta lucha sin cuartel declarada por los ricos y los poderosos encaminada a un cambio de modelo de sociedad. Por el momento, las fuerzas más reaccionarias están consiguiendo lo que pretenden: “Más mercado y menos Estado, más empresa y menos sindicatos”. En este camino aspiran a sustituir el Estado de Bienestar Social por un Estado de mínimos (Estado de Beneficencia): Escuela y sanidad, en buena medida privatizadas; pensiones mínimas asistenciales; prestación por desempleo asistencial; desregulación absoluta del mercado laboral (precariedad y bajos salarios); eliminación de la negociación colectiva (indefensión del trabajador); permisividad en la contaminación medio ambiental… Ante estas medidas, no debe extrañar a nadie que crezca la repulsa y la contestación social hacia el gobierno. En todo caso, existen razones verdaderamente poderosas para seguir luchando con ilusión por nuestro futuro.