En aquella época las condiciones de vida de los trabajadores en Europa y EEUU no podían ser peores: la jornada laboral llegaba hasta las 16 horas (para muchos miles de hombres y mujeres la jornada se iniciaba a las 4 de la madrugada y terminaba a las 8 de la tarde); el salario era escaso y sólo permitía ir malviviendo mientras había un puesto de trabajo en la industria. En el caso de cierre de una empresa, el destino para las familias obreras era el paro o la emigración. Sus hijos trabajaban desde los 6 años, y las mujeres de noche para completar el salario familiar. La miseria y la explotación eran un lugar común entre las clases trabajadoras, así como la represión policial. No es extraño, por lo tanto, que los obreros intentaran terminar con esta situación a partir de la década de 1880.

Desde esas fechas, los primeros de mayo se han celebrado en el mundo democrático bajo los principios de la solidaridad internacional y la defensa de las reivindicaciones específicas en cada país; por eso se puede decir que la historia de los primeros de mayo forma parte de la historia del conjunto del movimiento obrero internacional.

En España los primeros de mayo han sido también días de reivindicación y fiesta salvo en la dictadura de Primo de Rivera que prohibió los primeros de mayo. En la época de la dictadura franquista se instauró el 1º de mayo como la fiesta de San José Artesano. El sindicato vertical y el nacional sindicalismo celebraban esta fecha con actos folclóricos que, en general, suponían una alabanza hacia el poder establecido mientras el movimiento sindical de clase era reprimido y se detenían a sus representantes obreros.

En el año 1978 se vuelve a celebrar el 1º de mayo convocado dentro de la legalidad con un enorme éxito de participación. En aquel entonces los sindicatos demandaban el pleno ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva, y el derecho de huelga en un marco democrático.

Más de 30 años después la situación ha mejorado mucho, como se puede comprobar, sin embargo el movimiento sindical tiene nuevos retos en estos momentos como son principalmente los derivados de la crisis económica mundial que ha puesto en entredicho un modelo económico que, además de ser socialmente injusto e insostenible desde el punto de vista medioambiental, ha fracasado estrepitosamente situándonos en una profunda recesión y con un alto índice de desempleo.

Por eso en esta situación, y de acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), es fundamental recuperar los fundamentos de la democracia generando una regulación que establezca la primacía de la política sobre las finanzas, las del trabajo frente al capital especulativo, y donde se fijen las condiciones de un nuevo modelo de reparto y distribución de la riqueza de inspiración socialdemócrata.

En nuestro país se requieren cambios urgentes, pero éstos no pueden consistir en el abaratamiento de los costos laborales y en dar más facilidades para el despido tal como plantea la CEOE que, incomprensiblemente, cuenta además con el aliento que representan las declaraciones favorables del propio gobernador del Banco de España y de un grupo de “economistas”- impulsados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)- defensores del pensamiento neoliberal que plantean, entre otras medidas, sustituir los contratos temporales por un nuevo contrato fijo pero con menor indemnización por despido y escasísima tutela judicial, lo que significa recortar los derechos de los trabajadores. La pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué no han planteado en la etapa de fuerte crecimiento de la economía, que ha sido posible con la actual legislación laboral, eliminar los contratos temporales y la precariedad?

La crisis no tiene su origen en el mercado de trabajo y por lo tanto una reforma laboral que recaiga negativamente en los trabajadores solamente servirá para acelerar la destrucción de empleo, deprimir más el consumo interno, y fomentar la inquietud social; al igual que la reducción de impuestos (desarme fiscal) y de las cotizaciones sociales sólo añadirán dificultades a los sistemas públicos de protección social, la disminución del gasto social, y el debilitamiento de los servicios públicos.

Resulta frívolo y lamentable- como algunos pretenden desde un despacho, y despreocupados por sus futuras pensiones- que la crisis económica se aproveche para reformar a la baja el sistema de la seguridad social, evitando así, según dicen, la quiebra del sistema, que todo hay que decirlo, equivale prácticamente a la quiebra del Estado, sobre todo cuando sigue pendiente la convergencia de España con los países más avanzados de la UE en materia de protección social que, no lo olvidemos, con datos del 2006, se encuentra 6,6 puntos del PIB por debajo de la media comunitaria (20,9 frente al 27,5), como ocurre con el gasto en pensiones (8,8 puntos del PIB frente al 12,1 en la UE-15 y el 11,9 en la UE-27), como nos recuerda frecuentemente el profesor Vicenc Navarro y se refleja en los datos de Eurostat.

Cuando se habla de reformar el sistema de la seguridad social hay que hablar con propiedad y precisión, y por lo tanto hay que decir con claridad y en concreto lo que se pretende, porque hasta ahora, en España, reformar equivale a recortar derechos- lo que resultaría nefasto sobre todo en un contexto de crisis como el que estamos viviendo- y esto son palabras mayores para los sindicatos y para los trabajadores.

Los sindicatos defienden la autofinanciación del sistema- sin descartar impuestos, porque en las últimas tres décadas el superávit de la seguridad social ha sido absorbido por otras partidas del gasto que deberían haberse financiado con impuestos-, pero no van a tolerar recortes que incumplan el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para su reforma y, en todo caso, van a seguir defendiendo el Pacto por el compromiso político que representa y porque ya cuenta con mecanismos suficientes para garantizar la viabilidad del sistema; el fondo de reserva es un ejemplo de respuesta coyuntural.

Por otra parte, la salida de la crisis debe traducirse en un nuevo modelo de crecimiento sostenible- este es el verdadero y el mayor reto que tenemos en España porque el actual modelo productivo basado en empleos de baja cualificación, temporalidad de los contratos, y bajos salarios es el principal causante del agravamiento del desempleo en nuestro país-, que tenga en cuenta la educación y la formación profesional, el impulso a la mejora de la productividad y la competitividad, la potenciación del sector industrial, la reducción de la dependencia exterior de la energía, y la promoción de la política medioambiental como factor de progreso, así como el aumento del gasto público en infraestructuras, y el fortalecimiento de los servicios públicos y sociales.

Un modelo de crecimiento con derechos, que respete la igualdad entre hombres y mujeres, entre inmigrantes y autóctonos, sin accidentes laborales, con protección de las personas desempleadas, con garantías para unas condiciones dignas de vida, en las que las pensiones, la educación, la sanidad, o la atención a las personas en situación de dependencia sean derechos consolidados y reforzados.

Además es necesario impulsar, a través del diálogo social, el desarrollo de políticas activas de empleo- creando empleo garantizamos además el sistema público de pensiones sin problemas-, la mejora de la protección social, y en estos momentos la protección de los derechos de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo y de los que agoten su prestación por desempleo; y todo ello debe ser complementado por la negociación colectiva.

Los sindicatos más representativos han consensuado e impulsado criterios unitarios para la negociación colectiva- a pesar de la actitud negativa de la CEOE- con el objetivo de facilitar los procesos de negociación y reforzar y mejorar su articulación interna. Pretenden evitar que los trabajadores sean los que paguen una crisis que no han provocado, combatiendo el desempleo, la precariedad laboral, la subcontratación abusiva y la realización de largas jornadas de trabajo que contribuyen al mantenimiento de altas tasas de siniestralidad. Por eso, el reforzamiento de los derechos de representación e información sindical y el establecimiento de organismos estables para la coordinación en materia de evaluación y prevención de riesgos laborales entre las empresas contratadas y subcontratadas son elementos prioritarios para la acción sindical. Proponen además el crecimiento moderado de los salarios y de su poder adquisitivo oponiéndose a los que defienden responder a la crisis nuevamente con bajos salarios, así como la eliminación de las diferencias retributivas entre hombres y mujeres y el establecimiento de un salario mínimo de convenio.

Para conseguir estos objetivos, evitar atropellos, y oponerse a la ofensiva neoliberal que se está llevando a cabo, aprovechándose de la crisis, los sindicatos nos han convocado a los trabajadores a manifestarnos y movilizarnos en este 1º de Mayo junto con millones de personas que lo harán en todo el mundo- en muchos casos sin libertad o bajo la represión-, por un empleo decente, por una salida de la crisis favorable a las personas, por un nuevo orden económico mundial, por los valores de la paz, la libertad, y la justicia social, por la defensa de los derechos humanos, y por la extensión de los derechos sociales y sindicales a nivel mundial. Movilizaciones que continuarán el día 14 de Mayo en Madrid, de acuerdo con la convocatoria de la CES, y después en Bruselas, Berlín, y Praga con el objetivo de denunciar la crisis y a favor de un nuevo contrato social en la UE donde la dimensión laboral y los derechos sociales queden reforzados.

Son razones de mucho peso; por eso estaremos presentes en las movilizaciones demostrando la capacidad de respuesta de los trabajadores, y recordando que la esperanza, el progreso, y la utopía siempre han presidido el 1º de Mayo a lo largo de su historia.