Los resultados de las pasadas elecciones celebradas en Cataluña no han reportado grandes sorpresas, si dejamos al margen su destacada importancia, la alta participación ciudadana y los buenos resultados obtenidos por Ciudadanos y la Candidatura d´ Unitat Popular (Cup), que resultará decisiva en la formación del nuevo gobierno catalán. Los votos han confirmado, una vez más, la deriva de Artur Mas y su fracaso en convertir las elecciones en un triunfo sin paliativos de las opciones independentistas (plebiscito), así como el declive del PP y de Mariano Rajoy en su afán inmovilista por rentabilizar su política de Unidad (sin fisuras) del Estado en las próximas elecciones generales. Por su parte, el PSC (PSOE) pierde escaños pero mejora sus previsiones (es el tercer partido en Cataluña); por el contrario, el PP, Podemos e ICV obtienen unos resultados muy por debajo de sus propias expectativas.

Las conversaciones entre los independentistas, encaminadas a resolver sus problemas y formar gobierno en Cataluña, está dando paso con inusitada rapidez a una reñida campaña electoral donde, por primera vez, van a competir cuatro partidos políticos con serias posibilidades de obtener notables resultados (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), a los que habrá que añadir los partidos nacionalistas con presencia en las CCAA. Las elecciones generales deberán configurar el Parlamento español y, por lo tanto, abordar de nuevo, entre otros asuntos, el problema territorial del Estado desde el principio de la igualdad entre los ciudadanos, la fuerte diversidad entre territorios y la sostenibilidad económica de las CCAA. En todo caso, los resultados de Cataluña son elocuentes y exigen tratar a fondo las reivindicaciones (razonables) de dos millones de ciudadanos que han votado por la independencia, muchos de ellos con el propósito de forzar un acuerdo favorable con el Gobierno de la Nación.

Algunos análisis efectuados de las elecciones catalanas extrapolan el avance de Ciudadanos a todo el Estado español. Sin embargo, será difícil -a pesar del batacazo del PP-, que Ciudadanos desbanque al PP como partido representativo de la derecha española, dada su escasa implantación en el conjunto del Estado. Por eso, habrá que seguir contando con el PP como posible partido ganador en las próximas elecciones, a pesar de que nunca alcanzaría la mayoría absoluta y, por lo tanto, aun ganando las elecciones, tendría serias dificultades para lograr acuerdos y formar Gobierno.

El partido mejor colocado para lograr acuerdos de Gobierno es el PSOE, incluso no ganando las elecciones y siempre que consiga un buen resultado (ser el segundo partido, a escasa distancia del PP). Los debates sobre posibles acuerdos de Gobierno no se han hecho esperar y todo indica que la militancia socialista se está polarizando entre dos posibles opciones: acuerdo con Podemos, IU y coaliciones de izquierda o, alternativamente, con Ciudadanos; en ambos casos, con el apoyo de los nacionalistas de los territorios históricos. En estos momentos, la opción de formar un Gobierno de coalición con el PP resulta muy minoritaria, a pesar de que no se descarte definitivamente, sobre todo por algunos de los dirigentes del PSOE que han ostentado puestos de responsabilidad institucional, al máximo nivel, tanto en España como en la UE, en base a la hipótesis de que el PP y el PSOE no logren acuerdos por separado para gobernar con mayoría absoluta en los próximos cuatro años y se pretenda evitar la celebración de unas nuevas elecciones generales. No debemos olvidar que el actual Gobierno de gran coalición en Alemania será una referencia dialéctica que se utilizará, con mucha frecuencia, por los defensores a ultranza de esta propuesta.

En cualquier caso, el PSOE debe presionar a fondo para que Rajoy dé explicaciones sobre su nefasta política económica, social y laboral: austeridad y ajustes severos, creciente desempleo, precariedad de nuestro mercado de trabajo, deterioro de los servicios públicos, (sanidad y educación…), desplome de la protección social, considerable aumento de la deuda pública; en definitiva, aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, con el añadido de la escandalosa corrupción, el aumento de la indignación ciudadana y del independentismo en Cataluña. A pesar de todo, el PSOE debe evitar una campaña llena de insultos, descalificaciones, vaguedades y simplificaciones absurdas, que hagan imposible tratar los problemas más acuciantes de nuestra sociedad y profundizar en nuestra democracia.

En coherencia con ello, el PSOE debe definir un relato de la negativa situación económica y social que deja como herencia Rajoy, además de concretar con valentía y decisión sus alternativas basadas en los postulados socialdemócratas. El fundamento de una política ilusionante y con perspectiva de futuro no puede ser otro que la lucha contra las desigualdades y la redistribución justa de la riqueza, al margen de seguir trabajando a fondo por impulsar el crecimiento sostenible de nuestra economía, consolidar las cuentas públicas y demostrar una renovada solvencia en la gestión económica delante de los inversores.

Bajo el paraguas de estos principios el PSOE debe comprometerse sobre todo con la superación de la escandalosa lacra que representa el desempleo, que ha estado en torno al 25% de nuestra población activa en toda la legislatura. Por lo tanto, y en este sentido, se debe trabajar a fondo para conseguir el pleno empleo (atacando prioritariamente el desempleo de los jóvenes y de los parados de larga duración), erradicar la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo (derogar, no modificar, la nefasta reforma laboral), fortalecer la maltrecha negociación colectiva (para frenar la fuerte devaluación salarial y aumentar el consumo interno), potenciar las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo en las tareas de intermediar en la contratación, buscar nuevos yacimientos de empleo (educación infantil, empleos verdes, trabajos sociales, reforestación, rehabilitación de edificios…) y propiciar el cambio de nuestro modelo productivo (formación, investigación, tecnología, industrialización…), entre otras medidas.

En segundo lugar debe concretar, desde el principio de la solidaridad y la atención a los más débiles, su política de protección social con el fin de responder a los pensionistas (mantener su poder adquisitivo y erradicar el copago sanitario) y garantizar la sostenibilidad de la maltratada Tesorería de la Seguridad Social (SS), muy afectada por la precariedad, las bonificaciones a la contratación y el desplome de los salarios (recuperando el Pacto de Toledo y evitando el vaciamiento del Fondo de Reserva), así como atender a las personas dependientes y discapacitadas y a los desempleados sin cobertura de desempleo, que han sido los más perjudicados por la crisis, además de concretar su posición en el gran debate abierto sobre el Ingreso Mínimo Garantizado.

En tercer lugar debe recuperar la calidad de los servicios públicos (muy afectados por las políticas de austeridad), sin concesiones a las privatizaciones emprendidas por el PP. La educación, la sanidad, los servicios sociales, el transporte y los medios de comunicación públicos, así como la contaminación y el medio ambiente deben ser considerados como prioritarios para garantizar el bienestar social de todos.

En cuarto lugar, la política fiscal debe ser abordada en su conjunto bajo el principio de la equidad, la sostenibilidad y la justicia social (deben pagar más los que más tienen); por ejemplo: recuperando el impuesto al patrimonio y eliminando las deducciones fiscales del impuesto de sociedades. Sin duda, el fraude fiscal es una pieza clave y fundamental del engranaje encaminado a mejorar los ingresos del Estado, por lo que habrá que mejorar sustancialmente el funcionamiento de la inspección de Hacienda y dotarla de medios técnicos y humanos equiparables a los países más avanzados de la UE. Por otra parte, los ámbitos del Estado y de la UE deben ser el escenario de una dura batalla por implantar definitivamente el impuesto a las transferencias financieras y por combatir la evasión de capitales y los paraísos fiscales (Unión Fiscal).

En quinto lugar, el PSOE debe seguir liderando la lucha por las libertades y la profundización de la democracia (igualdad de género, salarial, de oportunidades…). Debe ser particularmente exigible erradicar la fuerte corrupción instalada en empresas, partidos políticos e instituciones, estudiar la financiación de los partidos políticos y sindicatos, reformar el Senado, debatir la justificación y competencias de las Diputaciones y culminar la discusión sobre la ley electoral en sus respectivos ámbitos.

Finalmente, el PSOE debe concretar su posición en relación con la reforma de la Constitución y dotar de contenido al Estado Federal que, sin duda, serán asuntos que volverán a ser discutidos en la campaña electoral. Concretamente, en relación a Cataluña se deberán abordar, a través del diálogo, los problemas relacionados con la lengua, la educación, la financiación (pacto fiscal), las infraestructuras públicas y el blindaje de algunas competencias de su Estatuto de Autonomía, entre otros asuntos.

La presentación de estas propuestas programáticas deberá discurrir en paralelo a la denuncia sistemática de unos PGE irreales, marcadamente electoralistas y, además, escasamente creíbles para la UE. Según UGT y CCOO, los PGE se fundamentan en una recuperación ficticia que nadie nos garantiza que será sostenible en el tiempo, sino más bien todo lo contrario, priorizan el déficit y la consolidación fiscal sobre el empleo, no corrigen los principales desequilibrios macroeconómicos y son profundamente insolidarios, sobre todo con los más débiles: personas desempleadas de larga duración y mayores dependientes, entre otros colectivos acuciados por la pobreza. Resulta particularmente lamentable la política del Gobierno en relación con las pensiones. Los presupuestos de la SS contemplan un incremento de las pensiones del 0,25%, en un contexto económico donde las previsiones de precios se sitúan muy por encima de este porcentaje, lo que significará una nueva pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, a lo que hay que sumar el copago farmacéutico.

Los puntos enumerados anteriormente demuestran que nos encontramos en vísperas de unas elecciones llamadas a ser determinantes para los próximos años. Por eso, todos los ciudadanos -sobre todo los más débiles- están llamados a participar activamente en la campaña electoral con un único propósito: constituir un Gobierno honesto que genere ilusión, consolide la democracia y nos encamine hacia un cambio progresista, solidario y con futuro.