Los debates abiertos con motivo de la elaboración de los diversos programas electorales que presentarán los partidos políticos a las elecciones del 20-D, han demostrado la gran influencia que ha tenido la Unión Europea (UE) en la gestión de la mayor crisis financiera e inmobiliaria producida desde su constitución, así como su decisiva intervención en algunos países a la hora de tomar medidas relacionadas con las políticas económicas, laborables y sociales, como se puso de manifiesto con extrema severidad en Irlanda, Portugal, España y, más recientemente, y de manera particular y decisiva, en Grecia.

Al finalizar en nuestro país la transición política a la democracia, la integración de España en la UE era el objetivo común de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y movimientos sociales. El argumento era compartido y contundente: “España es el problema y Europa la solución”. 30 años después, las expectativas -a pesar de los avances producidos y de la moneda única- no se han cumplido y, lo que es más grave, ha aumentado el número de euroescépticos y de los partidarios de salir de la UE.

Por eso, en estos momentos, muchos ciudadanos europeos y españoles -que no se proponen salir de la UE- están exigiendo acelerar la Unión Política y profundizar en la democratización de las instituciones europeas. Exigen también un cambio en la política económica, social y medioambiental ante los estragos causados por la gestión de la reciente crisis y las exigencias extremas de estabilidad fiscal que, no debemos olvidar, fueron secundadas rápidamente por Rajoy como uno de los alumnos más aventajados de Ángela Merkel. También exigen a las autoridades europeas que aborden prioritariamente el problema relacionado con el desempleo e insisten en la necesidad de que la economía europea crezca más y lo haga de manera sostenible, en contraposición con la estabilidad fiscal en base a durísimas políticas de austeridad y ajuste -compatibles con escandalosas ayudas a los más ricos- que no han alcanzado su propósito y, por el contrario, han frenado la convergencia económica y social en la UE y aumentado brutalmente la desigualdad, la pobreza y la exclusión social -como está ocurriendo en la actualidad-, sin que ningún gobierno haya sido capaz de evitarlo.

En concreto proponen que la estabilidad fiscal se lleve a cabo de una manera más justa y pausada y, además, afirman que esta política tendrá un menor costo social si la economía crece de manera sostenible y se abre un proceso ordenado y paulatino encaminado a reestructurar la deuda de los países más afectados por su fuerte endeudamiento. En este sentido, la deuda debe ser asumida formalmente por la UE y no soportada por los países en solitario (aumentando con ello la prima de riesgo), lo que obligará a mutualizar la deuda, emitir eurobonos y, en todo caso, a que intervenga el Banco Central Europeo (BCE), como viene ocurriendo con la Reserva Federal de EEUU. En coherencia con ello, expertos económicos calificados de situarse en izquierda, socialdemócratas y sindicalistas están proponiendo aumentar la inversión al 2% del PIB europeo en los próximos 10 años en sistemas energéticos, en infraestructuras, telecomunicaciones, investigación, educación y servicios sociales y medioambientales. Además, exigen ser consultados sobre los proyectos seleccionados del Plan de Inversiones de 315 mil millones de euros de la UE (Plan Juncker).

Paralelamente, pretenden potenciar la demanda interna mejorando los salarios (también los salarios mínimos y las retribuciones de los empleados públicos). Incluso, en esta misma línea, reivindican una Directiva marco europea que proporcione cobertura legal a una renta básica en todos los Estados miembros de la UE, con el propósito de mejorar la participación de los salarios en la renta nacional, sobre todo en los países más afectados por la crisis. De la misma manera exigen respetar la igualdad salarial de género (brecha salarial) y, por supuesto, que sea perseguido y penalizado su incumplimiento con el máximo rigor posible.

La pretensión de esta política es crear nuevos empleos de calidad y con derechos, lo que requiere luchar a fondo contra la precariedad instalada en todos los mercados de trabajo de la UE, muy marcados por la temporalidad, los contratos a tiempo parcial involuntarios, contratos a cero horas, minijobs, falsos autónomos, falsos cooperativistas, becarios y a plena disposición del empresario (trabajadores pobres). Es el momento de proponer medidas audaces en busca de nuevos yacimientos de empleo (empleos verdes, sociales, culturales, de restauración de edificios…), impulsar las políticas activas de empleo y reactivar los servicios públicos de empleo para intermediar con eficacia en la contratación laboral. De la misma manera hay que abordar el cambio de modelo productivo (economía digital e industrial) con el fin de competir en un mundo globalizado -aumentando el valor añadido de los productos- y dimensionar el tamaño de las empresas y su dotación tecnológica. Finalmente será urgente proponer la apertura de un gran debate sobre el reparto del trabajo existente (reducción de la jornada de trabajo), cuando menos en el ámbito de la UE.

Por otra parte, y ante los estragos causados por la crisis, se deben fortalecer todos los sistemas de protección social. En primer lugar, hay que garantizar la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social (SS) y, por lo tanto, de las pensiones, revisando para ello el capítulo de los ingresos (cotizaciones), las bonificaciones a las empresas (tarifas planas), los efectos del desempleo, la precariedad y la devaluación salarial en la recaudación de la Seguridad Social; así como eliminar los gastos que no son propios de los Sistemas de protección a los pensionistas (separación de fuentes). En segundo lugar, se debe dotar de financiación suficiente a la protección de las personas dependientes y, finalmente, aumentar la protección por desempleo, especialmente golpeada en los últimos años de crisis, tanto en su cuantía como en el acceso a la misma.

La defensa del Estado de Bienestar Social nos exige asimismo garantizar -con carácter universal- unos servicios públicos de calidad contrastada: educación, sanidad y servicios sociales, lo que requiere suprimir los copagos impuestos por las políticas de estabilidad fiscal y recuperar, cuando menos, la financiación previa a la crisis.

Para llevar a la práctica un proyecto político de tal envergadura es imprescindible acelerar la Unión Fiscal en el conjunto de la UE y, en todo caso, apostar por una mayor imposición fiscal a los ingresos más altos y a las grandes fortunas, recuperando para ello impuestos suprimidos en algunos países (herencia, patrimonio, ecológicos…) y apostando más por la imposición directa que por la indirecta, al margen de luchar contra el fraude y la evasión fiscal, erradicar los paraísos fiscales, acordar el impuesto a las transacciones financieras y unificar el impuesto de sociedades en torno al 25%, además de perseguir con mucha dureza la ingeniería fiscal fraudulenta de las grandes empresas multinacionales.

También se propone fortalecer el diálogo social y el protagonismo de los sindicatos y empresarios, potenciando la libertad sindical, la autonomía de las partes, el derecho de información y consulta, la democracia industrial en las empresas y, desde luego, la negociación colectiva a todos los niveles, que ha sido particularmente golpeada y debilitada como consecuencia de una gestión ideologizada de la crisis.

Finalmente, se debe luchar con decisión y voluntad política contra el cambio climático, la contaminación y la sequía (huella ecológica). Están en juego los daños irreparables a nuestra salud y la sostenibilidad de nuestro planeta (teoría del decrecimiento). Lo que está ocurriendo en Madrid y en otras capitales de la UE es demostrativo de la gravedad de la situación y, en este mismo sentido, las manifestaciones del portavoz de EQUO en el parlamento europeo son estremecedoras y advierten de que más de 400.000 personas pueden morir de forma prematura en la UE por los abusos de Volkswagen -además del costo de esta agresión a la salud que puede superar los 1.500 euros por ciudadano y año-, lo que evidencia que la búsqueda abusiva de beneficios empresariales se hace, incluso, a costa de la salud de las personas (Alternativas Económicas, nº 30). Todo ello al margen de la crisis de los refugiados y de las migraciones del Sur al Norte que se irán produciendo en los próximos años por los efectos nocivos derivados de la sequía, lo que afectará a millones de personas…

En resumen, los ciudadanos exigen recuperar el Estado de Bienestar Social y el Espacio Social Europeo, primando para ello la redistribución de la riqueza y el empleo como la mejor arma política para superar la fuerte desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Del mismo modo, en nuestro país se reivindica una Europa reconocible y al servicio de las personas y a los partidos políticos se les exigen respuestas claras y precisas en plena campaña electoral. Sería imperdonable que el problema de Cataluña y la poca cultura política de la ciudadanía evitaran discutir estos asuntos de capital importancia para los más desfavorecidos por la crisis, junto a los abusos de poder, los casos de corrupción del PP y de CDC y la gestión de una legislatura perdida, al amparo de una buena parte del poder mediático y de un capitalismo financiero ramplón y sin control.

A pesar de todo merece la pena trabajar porque está demostrado que “otro mundo es posible”. Sobre todo cuando hay alternativas a la lamentable situación actual dominada por las políticas neoliberales que gobiernan el fenómeno de la globalización en beneficio de unos pocos. Promover estas medidas políticas y populares entre la mayoría del electorado, como ha manifestado Jeremy Corbyn, es la mejor manera de recuperar la ilusión y la esperanza, sobre todo de los jóvenes atrapados irremediablemente por el desempleo, la precariedad y los bajos salarios…