La realidad que estamos viviendo confirma que las consecuencias de la crisis están causando verdaderos estragos en los trabajadores y, particularmente, en los más débiles. Eso justifica y explica el Plan Europeo de Inversiones, Crecimiento Sostenible y Empleos de Calidad elaborado recientemente por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que se ha hecho público en Bruselas con especial protagonismo de CCOO y UGT. El momento elegido para presentar el Plan resulta oportuno y pretende divulgar, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo (reforzado y con más competencias), las alternativas sindicales más apropiadas para salir lo más rápidamente posible de la crisis y avanzar en la consolidación de una Europa más cohesionada en términos económicos y sociales.

La CES rechaza rotundamente la actual política de austeridad causante del insostenible desempleo en la Unión Europea: 26,5 millones de desempleados, entre ellos 5,7 millones de jóvenes menores de 25 años. De la misma manera se opone a un modelo de salida de la crisis basado en la precariedad laboral y en una política (dumping social) que sólo pretende mejorar la competitividad de las empresas reduciendo drásticamente los salarios, los despidos, las pensiones y la prestación por desempleo, además de desregular brutalmente el mercado de trabajo y apostar decididamente por una regresiva política fiscal.

En este sentido, el Plan contempla una serie de alternativas económicas y sociales a una política que ha fracasado estrepitosamente y que sólo ha beneficiado al poder económico y financiero a costa de los trabajadores, que no son precisamente los culpables de la crisis.

Sin duda, el empleo representa el principal problema de la Unión Europea. Por eso, el Plan exige el cese inmediato de las políticas de austeridad, por sus efectos letales en el empleo, sin que eso signifique abandonar la corrección razonable del déficit y la contención de la deuda pública. Las políticas de austeridad han fracasado sin paliativos en los países donde se han impuesto por sus calamitosos efectos depresivos. Está comprobado que, a medida que una empresa, comunidad o país busca ser más competitivo reduciendo sus salarios y sus aspiraciones sociales y medioambientales, se crea una espiral descendente en los ingresos y en las infraestructuras sociales y materiales. Salarios más bajos y una reducción del gasto público implican menor poder adquisitivo, conduciendo todo ello al estancamiento, la recesión, la caída del consumo interno y al desempleo, causantes finales de la desigualdad y pobreza, como lo viene denunciando Intermón: Si continúan las políticas de austeridad, el 42% de los españoles serán pobres en el año 2025.

En coherencia con ello, la CES propone relanzar un ambicioso paquete de inversión de 10 años de duración -para impulsar el crecimiento económico-, que alcance los 260.000 millones de euros anuales, el 2% del PIB europeo: Por lo tanto, 2,6 billones de euros. Su aplicación, según CCOO, permitiría un crecimiento adicional del PIB de cinco puntos porcentuales en los cinco primeros años y la creación de 11 millones de puestos de trabajo en los 10 años de vigencia del Plan. Se pretende invertir en la generación de energía limpia; en industrias sostenibles; en educación; en investigación, innovación y desarrollo; en infraestructuras y comunicaciones; en rehabilitación de viviendas; en servicios públicos de calidad…

Se prevé que su financiación se lleve a cabo mediante la emisión de eurobonos sostenidos por un capital inicial aportado por los Estados -en base al impuesto a las transacciones financieras y al impuesto a las grandes fortunas- y garantizados por éstos y el BCE, lo que significaría pagar tipos de interés reducidos.

Por otra parte, los sindicatos plantean que los recursos públicos para la inversión deben ser excluidos de la regla de oro que limita el déficit estructural de los Estados miembros de la UE a un máximo del 0,5% del PIB, como recoge la regresiva reforma de nuestra Constitución pactada en su día por el PP y el PSOE.

El Plan es particularmente exigente en reivindicar el aumento del poder adquisitivo de los salarios y del salario mínimo legal, así como la implantación de un ingreso social mínimo garantizado que tenga como base principios europeos comunes. No sólo porque es justo, sino también porque contribuye decisivamente a la recuperación del consumo y por lo tanto al crecimiento de la economía y a la generación de empleo. Para llevarlo a cabo se defiende el diálogo social, la negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales, sin injerencias de los poderes públicos como viene ocurriendo en nuestro país y cuyos exponentes más claros han sido la reforma laboral y la reforma de las pensiones.

En la misma medida se incide en la redistribución de la riqueza, a través del fortalecimiento de los servicios públicos y, sobre todo, de los sistemas de seguridad social y, dentro de los mismos, de los sistemas de pensiones muy afectados por las últimas políticas de recortes que, incluso, afectan al poder adquisitivo de los actuales pensionistas. En este capítulo se recuerda también la importancia de las personas dependientes a las que se deben garantizar cuidados a largo plazo y, en todo caso, su dignidad como personas, así como la necesidad de desarrollar guarderías infantiles y servicios de atención adecuados para niños, lo que facilitará la igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral. Debemos recordar, además, que la atención a estos colectivos genera importantes retornos económicos e, inclusive, crea un número considerable de puestos de trabajo, al margen del fuerte componente social del que está dotada esta política por su propia naturaleza.

Especial relieve alcanza la política fiscal. Resultan imprescindibles medidas a nivel europeo que persigan la evasión y el fraude fiscal. Los sindicatos europeos son particularmente rotundos en la lucha contra los paraísos fiscales, la especulación, la corrupción y la economía sumergida. Exigen que el impuesto de sociedades sea armonizado mediante la introducción de un tipo mínimo del 25%, eliminando para ello las subvenciones y las desgravaciones fiscales competitivas en el marco de la UE y cuyo ejemplo más significativo se viene produciendo en España, donde las grandes empresas tienen una tasa de imposición fiscal del 30% y, sin embargo, el tipo impositivo real es mucho más bajo. Efectivamente, según Gestha, España es el quinto país con el tipo más alto de sociedades (30%), casi 7 puntos por encima de la media de la UE (23,1%); sin embargo, la recaudación por este concepto es de las más bajas (ocupa el puesto 22 de 27). Se trata, además, del impuesto que más peso ha perdido en los últimos años, junto al impuesto de las grandes fortunas, concentrando entre ambos el 72% del fraude fiscal, lo que explica en buena medida la caída de seis puntos en la recaudación desde el inicio de la crisis, al pasar del 37,1% del PIB, en 2007, al 31,4% en 2011, según el último informe conocido de la Comisión Europea sobre tendencias fiscales.

Se trata, en todo caso, de medidas conducentes a incrementar los ingresos fiscales y, como consecuencia, a impulsar el crecimiento económico y el empleo, así como a facilitar la corrección del déficit, sin que ello ponga en riesgo el gasto social y el gasto en servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Una política de estas características sólo será posible fortaleciendo la democracia y la transparencia en las diversas instituciones de la Unión Europea, comenzando por los diversos parlamentos, tanto nacionales como en el Parlamento Europeo. Por eso resultan importantes las elecciones a celebrar en el próximo mes de mayo en todos los países de la UE; no podemos olvidar que el Parlamento Europeo tendrá capacidad para aprobar o rechazar la legislación europea, decidir el presupuesto de la Unión Europea y elegir al presidente de la comisión Europea. En todo caso, la pretensión final de la CES es que las medidas contempladas en el Plan sean recogidas ampliamente en los programas de los partidos políticos de ámbito europeo, particularmente de los partidos de izquierda.

Por el momento, llama la atención la escasa atención que han dedicado los medios de comunicación de masas a este claro y rotundo pronunciamiento de la CES. Este hecho confirma, en buena medida, la supeditación de no pocos medios de comunicación a las políticas neoliberales vigentes en el ámbito de la Unión Europea. Por eso, los sindicatos están organizando una campaña para divulgar estas ideas -lo que reforzará su presencia en las empresas y en el conjunto de la sociedad-, que se prolongará en los próximos meses hasta la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo y culminará en una Jornada de Acción Europea que incluirá una gran euro manifestación en Bruselas en la primera semana de abril. Se trata, en definitiva, de contrarrestar -con alternativas económicas y sociales cuantificadas- unas políticas regresivas que atentan contra el empleo, el Estado de Bienestar, los derechos laborales y sociales, la libertad y la democracia, con el agravante de que estas políticas se están mostrando incapaces de corregir nuestros desequilibrios económicos más importantes: el déficit y la deuda pública.

Por añadidura, esta campaña ayudará considerablemente a la CES y a los sindicatos en general a retomar la iniciativa y a mejorar su credibilidad y confianza delante del conjunto de la ciudadanía. En todo caso, es una buena razón y un buen momento para que los sindicatos defiendan su dignidad y encabecen con entusiasmo, en los próximos meses, una “gran marea ciudadana” que convierta las elecciones al Parlamento Europeo en un clamor contra la austeridad. No debemos olvidar que la democracia y la ciudadanía vienen demandando con insistencia una respuesta contundente a esta situación, ante el convencimiento de que si no hacemos nada en la actualidad nos esperan en los próximos años convulsiones aún mayores de las que venimos sufriendo. Secundar esta iniciativa sería la mejor noticia para todos en los inicios del año 2014.