Una de las cuestiones sobre las que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo a la hora de hacer la Constitución en España, tras la dictadura, fue que había que pasar de un modelo territorial fuertemente centralizado a uno descentralizado. Esta premisa, que se hizo realidad con el desarrollo del modelo autonómico, descansaba sobre una lealtad institucional que las fuerzas políticas nacionalistas han estado pisoteando de manera clara y reiterada, sobre todo los últimos años.

Treinta y siete años de democracia han cambiado España como nunca, y tal vez por ese motivo se ha producido una sacralización de la Constitución que es necesario corregir. Es evidente, que realizar una reforma de la Constitución, en el sentido de ampliar derechos y adaptar la estructura territorial a un modelo federal en el que todos los españoles sean iguales en derechos y obligaciones, es urgente, y además, la mejor forma de garantizar el desarrollo, el bienestar y la convivencia en España.

Pero antes de entrar en esa reforma de la Constitución, hay que ser conscientes de la responsabilidad histórica que tiene la sociedad español y sus gobernantes a la hora de preservar la convivencia en España. La intención de realizar una declaración inmediata y unilateral de independencia de Cataluña tras las elecciones del próximo 27 de septiembre, por parte de Artur Más y Oriol Junqueras, sitúa la realidad política, social y económica de España en una situación muy compleja y delicada, donde la inteligencia y la firmeza son imprescindibles para evitar más conflictos, frustraciones e ilegalidades.

Lo primero que hay que hacer es hablar claro. Lo que pretende el Presidente de la Generalitat, cuando intenta evitar sus responsabilidades de gobierno y sus obligaciones legales, es romper la democracia e imponer al resto de la sociedad una visión tribal, de ruptura de la convivencia que es intolerable. Él lo sabe y aun así arrastra a parte de la sociedad hacia la desunión y el fracaso.

Decía Lao Tse, en el Tao Te Ching, que “quien se pone de puntillas no conserva el equilibrio. Quien anda a saltos no puede mantener el equilibrio”. Yante un Artur Más y Oriol Junqueras que están todo el día de puntillas y saltando, hay que decirles que el chantaje no se acepta y que en democracia, en nuestra democracia también, nadie está por encima de la ley, y ellos tampoco.

¿Qué significa esto? Pues que vamos a por todas, pero con la Constitución. Una Constitución que en su Preámbulo señala que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
• Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
• Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
• Establecer una sociedad democrática avanzada, y
• Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”

Con sosiego, pero con firmeza, hay que recordar que las Comunidades Autónomas no pueden realizar propuestas que vulneren principios constitucionales. Por tanto, hay que exigir a la Generalitat que cumpla la ley. Pero también al Gobierno de España, porque ambos están obligados por la Constitución cuando señala que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Con sosiego, pero con firmeza, hay que pedir al Tribunal Constitucional que aplique la ley cuando exista cualquier acto que la vulnere.

Con sosiego, pero con firmeza, hay que pedir al Gobierno de España que evite las tentaciones electoralistas y garantice la convivencia frente a la ruptura y la confrontación.

Con sosiego, pero con firmeza, hay que exigir a todas las formaciones políticas, que abandonen el tacticismo electoral y apoyen la legalidad constitucional sin escusas o ambigüedades. Siendo conscientes que esto puede suponer ir junto con el Gobierno de España si se quiere romper la democracia.

Con sosiego, pero con firmeza, hay que establecer un calendario de reforma constitucional, siguiendo el Título X de nuestra Carta Magna. Hay que hacerlo desde el diálogo, el acuerdo y el pacto. Siempre necesarios, pero más si cabe en un escenario donde las próximas Cortes Generales tendrán una composición más fraccionada.

Pluralidad, sí. Reforma de la Constitución y pactos, sí. Imposiciones y romper la democracia, no.

P.D. Y mientras algunos están decididos a tirarse al precipicio, los españoles piensan esto.

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