En todas las convocatorias se han debatido a fondo las razones de la huelga, que se ha convocado como respuesta al giro a la derecha de la política económica y social del gobierno, a los incumplimientos de acuerdos firmados con los sindicatos y en defensa de los derechos laborales y sociales. También, y paralelamente, se han explicado las alternativas sindicales a las medidas regresivas del gobierno. Éste, aparentemente, ha sucumbido a la presión de los mercados y a una fuerte ofensiva ideológica- utilizando la crisis como coartada-, sin apenas oposición.

Entre las razones que justifican la convocatoria debemos destacar las que se contemplan en tres grandes apartados. El primero se refiere al tremendo ajuste fiscal (reducción del déficit del 11% al 3% en el año 2013) que se está llevando a la práctica a través de recortes en la inversión pública, recortes en las retribuciones de los funcionarios, reducción de las plantillas en la función pública, congelación de las pensiones a partir de 2011 y aumento del IVA. Sin duda, el gobierno ha optado por la fórmula más fácil y más rápida para recortar gastos y aumentar los ingresos; pero también por la más regresiva para la ciudadanía y la más negativa para luchar eficazmente contra la lacra del desempleo (sobre todo el juvenil), que alcanza más del 20% en nuestro país y nos sitúa a la cabeza de la UE.

Las alternativas para oponerse a estas medidas insisten en el recorte del gasto ordinario de las administraciones públicas (todavía con margen suficiente), la eliminación de los gastos suntuarios, la reducción de los gastos militares y la revisión de las desgravaciones fiscales y subvenciones a empresas (muchas de ellas ni se revisan ni se justifican suficientemente). Por el contrario la inversión pública, por su repercusión en el empleo, se debe mantener hasta donde sea posible.

A ello hay que añadir una profunda reforma de la fiscalidad con el propósito de recaudar más y situarnos en la media europea (España está 7 puntos del PIB por debajo de la UE). Algunas de las medidas fiscales se refieren a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio y al impuesto de sucesiones transferido a las CCAA, que ha desaparecido en alguna de ellas; así como gravar las SICAV, las transferencias financieras, las rentas más altas y los grandes dividendos. A esta reforma fiscal hay que añadir una apuesta decidida por los impuestos directos y no por los indirectos porque afectan a todos por igual, al margen de los ingresos.

Finalmente, este conjunto de medidas se debería complementar con una decidida política contra el fraude fiscal y la economía sumergida (el gobierno se muestra inoperante en esta materia), que alcanza una considerable magnitud a tenor de los datos que se manejan (afecta al 23,3% del PIB, según el sindicato GESTHA de Hacienda).

El siguiente apartado se refiere a la “contrarreforma laboral” que en su exposición de motivos se justifica con el objetivo de crear empleo. Precisamente, 10 días después de su aprobación en el parlamento, el ministro Corbacho ya aceptaba que no se van a crear puestos de trabajo hasta que la economía se recupere (las hipótesis hablan de 2014) coincidiendo con los pronósticos de los sindicatos y analistas en esta materia.

Sin embargo, con la reforma en vigor el despido ya es más fácil, más barato, más rápido, subvencionado y con menor tutela judicial; mantiene la precariedad de nuestro mercado de trabajo; desestabiliza la negociación colectiva (facilita el descuelgue del convenio); debilita a los sindicatos; no contempla políticas activas de empleo; no reforma las oficinas públicas de empleo; y externaliza la recolocación de los trabajadores a través de las agencias privadas de colocación. Finalmente, el gobierno nos anuncia una reforma de la negociación colectiva que significa una apuesta por la individualización de las relaciones laborales (convenios a nivel de empresa) en detrimento de los convenios de sector y de la llamada “ultraactividad” de los convenios. La alternativa que proponen los sindicatos no es otra que retomar las conversaciones en busca de un consenso para rectificar una política y una reforma que no tienen ni pies ni cabeza. La apuesta por el empleo, la superación de la precariedad, la reforma de la negociación colectiva (articulación de convenios), de las oficinas públicas de empleo, y la búsqueda de un nuevo modelo productivo basado en la investigación, la innovación, la cualificación, y la organización del trabajo, deben presidir las conversaciones con el fin último de crear empleo estable, cualificado y con derechos, capaz de aportar valor añadido al producto para poder competir en un mundo globalizado.

El tercer apartado plantea la reforma de las pensiones. De entrada hay que señalar que las pensiones no tienen ninguna repercusión en los gastos del Estado. En estos momentos la seguridad social tiene superávit y un fondo de reserva; además, España gasta menos en pensiones que la media europea (tres puntos menos). ¿Dónde está el problema? Se nos dice que la financiación del sistema puede ser problemática en el año 2025… por lo tanto se reconoce que no son urgentes estas medidas regresivas que agudizan los efectos negativos de la crisis sin ninguna necesidad.

A pesar de ello, y aprovechándose de la situación- con argumentos sólo ideológicos para contentar a los mercados-, se pretende una reforma que alarga la jubilación de los 65 a los 67 años (precisamente en España el problema es como mantener el empleo por encima de los 55 años). También plantea aumentar el periodo de cómputo para fijar la cuantía de las pensiones a 20 años o a toda la vida laboral. Con estas medidas, los futuros pensionistas- hay que decirlo claro- perderán entre un 5% de media en el primer caso y un 17% en el segundo sobre la situación actual.

La alternativa a esta reforma no es otra que potenciar el Pacto de Toledo y abrir un debate en su seno sobre la financiación de las pensiones (incluyendo la posibilidad- si fuera necesario- de financiar las pensiones vía presupuestos generales del estado), con el propósito de garantizar su viabilidad como vienen planteando los sindicatos y exigen los trabajadores.

En las múltiples asambleas celebradas, el rechazo a la política económica y social y, en concreto, a la reforma laboral (se considera por muchos como la gran estafa de la democracia) ha sido unánime .

En esta ocasión ni siquiera el Gobierno está contando con apoyos entusiastas en el PSOE y en su grupo parlamentario, como ocurrió en otras huelgas generales (simplemente se acepta su política por disciplina y de manera vergonzante). En esta ocasión la militancia socialista no se ha sentido con el corazón divido entre el sindicato y el partido ante la regresividad de la reforma (todos entienden las razones sindicales). Tampoco se está recurriendo en las filas socialistas al dicho de “que la huelga favorece a la derecha” como se argumentó en otras huelgas generales (sobre todo el 14-D); seguramente, entre otras cosas, por estar cercana la huelga general de 2002 -apoyada por Zapatero en la oposición- contra el gobierno del PP.

La huelga está convocada por los sindicatos representando a todos los trabajadores afectados por la política del gobierno: jóvenes desempleados, parados con y sin prestación por desempleo, funcionarios públicos… Incluso a los trabajadores con contrato de trabajo fijo que pueden verse expulsados del mercado de trabajo por un proceso de sustitución de empleo fijo por un empleo en precario y con despido más barato; y, por supuesto, a los jubilados a los que se les han congelado las pensiones.

A los derrotistas que dicen que no se consigue nada con las huelgas hay que decirles que la historia demuestra todo lo contrario. Aunque con altibajos, los sindicatos han conseguido a través de la movilización y la huelga importantes logros hasta nuestros días. Concretamente, la huelga del 14-D eliminó el Plan de Empleo Juvenil y significó, un año después, la conquista de importantes reivindicaciones que justificaron la huelga; por su parte, la huelga de 2002 consiguió retirar todas las medidas impuestas por el gobierno del PP, salvo el despido exprés. Además de estos logros hay que valorar los “intangibles” que se consiguen (mejora la correlación de fuerzas, evita atropellos posteriores, alcanza mejores convenios…) de manera diferida.

Por estas razones una protesta justa como ésta siempre resulta favorable a los trabajadores, a los convocantes (sindicatos) y a las diversas organizaciones que la apoyan, al margen de los resultados. En esta ocasión, también a la democracia, vapuleada por los mercados, y a una clase media que sufre las consecuencias de la crisis. Incluso, la huelga puede ser favorable para que el gobierno rectifique- al hacer de “fusible”-, porque de lo contrario el próximo paso de la ciudadanía será dar un golpe bajo al PSOE (en próximos procesos electorales) como ya están adelantando las encuestas.

La conclusión de este análisis determina que la huelga se ha convertido en una necesidad democrática, tal y como están las cosas. No podemos olvidar que esto no ha hecho más que empezar y que, si nadie lo para, continuarán las medidas regresivas porque los mercados son insaciables y ya conocen el camino para conseguir lo que pretenden.

En todo caso, los sindicatos no deben olvidar, para su reflexión y autocrítica, que la historia se ha vuelto a repetir y nos ha dejado una rara sensación de no haber aprendido lo suficiente sobre la relación correcta entre los sindicatos y el gobierno de turno (algunas criticas se han hecho eco de este problema). En este sentido, no es ocioso recordar que la dinámica sindical no tiene nada que ver con la dinámica política, porque los sindicatos son organizaciones de clase y los partidos políticos, por su propia composición, interclasistas.

Por último, estamos constatando el gran malestar de los trabajadores porque sin ser los culpables de la crisis están pagando, una vez más, sus destrozos. Por eso, muchos se preguntan: ¿Cómo son posibles estas medidas en democracia? ¿Dónde está la ética y la coherencia de la política? ¿Se atreverá algún partido político a defender estas medidas en próximas elecciones? Esperar y ver.