Desde su nacimiento hasta la guerra civil- que significó la represión, la clandestinidad, y el exilio de la organización y de sus dirigentes- se celebraron 17 congresos; el último en Madrid, en el año 1932. En el exilio (Toulouse y París) se celebraron 12 congresos, y desde el comienzo de la transición hasta nuestros días (del 30º congreso, año 1976, al 40º congreso, en la actualidad) 11 congresos.

A través de la historia, los congresos de UGT han puesto a prueba y han reafirmado la democracia interna del sindicato y, en concreto, tienen la misión de analizar la gestión de los órganos de dirección, elegir al secretario general y a su equipo de dirección y, finalmente, aprobar el programa de acción y la estrategia sindical a desarrollar en los próximos cuatro años.

En la primera sesión del congreso se ha aprobado por el 99,8% de los delegados convocados al congreso (800, de ellos el 33,25% mujeres)- con mandato de las federaciones estatales y de las uniones territoriales y en representación de 916.733 cotizantes de media-, la gestión de la comisión ejecutiva saliente y será reelegido por amplia mayoría el actual secretario general, Cándido Méndez- ante la ausencia de otros candidatos- y se renovarán los órganos de dirección que garantizarán, en todo caso, una línea de continuidad en relación con el trabajo de la dirección anterior.

El programa de acción está siendo ampliamente debatido ante las expectativas suscitadas y está muy marcado por la profunda crisis económica que estamos sufriendo y que se está traduciendo en cierres de empresas y despidos masivos de trabajadores en un contexto económico en recesión, agravado por nuestro modelo productivo y el espectacular desplome del sector de la construcción que ha generado una importante caída añadida del empleo y del consumo interno, lo que da mayor valor a la acción sindical y reafirma la legitimidad de los valores que tradicionalmente han venido defendiendo las organizaciones sindicales.

En todo caso, el programa de acción- al que se han presentado 1.983 enmiendas- está propiciando grandes debates en torno a las preocupaciones de los trabajadores y a las alternativas que propone el sindicato en diversas materias:

• El trabajo como valor central de la economía mundial

UGT, de acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) apuesta por la centralidad del trabajo en un contexto económico globalizado. Se pretende frenar la especulación de las entidades financieras y de los fondos de inversión en una economía libre de mercado que ha funcionado sin reglas sociales y sin el control eficaz de las entidades reguladoras y de los diversos gobiernos. Además, se pretende combatir los paraísos fiscales y los centros financieros opacos, impulsar la reforma de la actual regulación financiera, y poner límites al riesgo que representan las agencias privadas de calificación.

De la misma manera, los sindicatos a nivel internacional impulsan- para garantizar el funcionamiento del sistema financiero, y como mal menor- la inversión pública de los distintos gobiernos, pero con condiciones y con las debidas exigencias, para que fluya el dinero a la economía real- empresas y particulares- y se evite la canalización de retribuciones escandalosas e inmorales a los gestores que han sido los causantes de la crisis, estableciendo para ello el castigo y los topes legales que correspondan.

En su caso, los sindicatos también se muestran favorables a que se nacionalicen los bancos insolventes y con problemas- en casos necesarios- para evitar pérdidas irrecuperables del capital invertido.

• Consolidar la Europa Social

El programa de acción apuesta firmemente por la consolidación del modelo social europeo y se pronuncia a favor de que la UE sea una referencia y ejerza una posición de liderazgo en un mundo globalizado, incluso como fuente de ventajas competitivas en términos económicos y medioambientales, no solamente sociales. Lo hace desde la constatación y la denuncia de que el modelo social europeo en los últimos años está sufriendo ataques de todo tipo e, incluso, un fuerte retroceso. Estos ataques se reflejan en la escasa normativa social promulgada y en el profundo retraso de algunas directivas como la de los comités de empresa europeos en su proceso de revisión y la regresividad en otras directivas como las del tiempo de trabajo en proceso de conciliación y el retorno de inmigrantes. Además, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo han confirmado la prevalencia, en el ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios sobre los derechos fundamentales de negociación colectiva y de huelga que ponen en riesgo el modelo social europeo.

• Un nuevo modelo productivo

En las actuales circunstancias resulta urgente y prioritario cambiar el modelo productivo en nuestro país para propiciar la modificación en profundidad del crecimiento de nuestra economía que nos sitúe en una posición favorable a la salida de la crisis.

Se trata de avanzar hacia un modelo basado en el desarrollo de productos y actividades de alto valor añadido y en la modernización de los procesos productivos en las empresas, introduciendo las nuevas tecnologías con el fin de competir en los mercados internacionales en base a la calidad y la innovación. Un modelo que tenga en cuenta por lo tanto la educación y la formación profesional; una nueva orientación de la política industrial; una política energética y medioambiental que apueste por el desarrollo sostenible de nuestra economía; una política en el sector servicios que aplique las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC); unas infraestructuras públicas que faciliten la competitividad de las empresas y contribuyan a la cohesión social y territorial; y finalmente un modelo productivo que dé un impulso decidido al sector empresarial en su desarrollo en el exterior.

• Reforzar los derechos laborales y sociales

El objetivo más urgente en estos momentos para avanzar en la consolidación de los derechos laborales y sociales es la creación de más empleo y de mejor calidad, superando la precariedad de nuestro mercado de trabajo (el doble de la media europea), potenciando la contratación indefinida, e intensificando nuestro esfuerzo sobre las políticas activas de empleo y la mejora de la gestión de los servicios públicos de empleo con la promulgación de una ley general para el empleo; el desarrollo de políticas de igualdad que corrijan las dificultades que tienen las mujeres, los jóvenes, las personas discapacitadas, y los inmigrantes en el acceso al mercado de trabajo; una mayor protección social para los desempleados; consolidar el sistema de pensiones contributivas y asistenciales; el crecimiento moderado de los salarios; y unas políticas de seguridad y salud en los centros de trabajo encaminadas a reducir la siniestralidad y las enfermedades profesionales en base a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2.007- 2.012.

En estos momentos resulta además necesario reforzar los derechos de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y despidos disciplinarios para que no sean vulnerados los derechos fundamentales de los trabajadores contemplados en el ordenamiento jurídico, sin olvidar la problemática de los trabajadores autónomos y la regulación de la prestación por cese de actividad.

• Cohesión social y servicios públicos

La supeditación del bienestar social al mercado, el debilitamiento de la solidaridad, la reducción de la presión fiscal a las rentas más altas, el incremento de las desigualdades, la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional, son la consecuencia de los planteamientos neoliberales basados en los valores del libre mercado, la desregulación de los mercados financieros y la defensa de un modelo económico y social basado en el lucro, la especulación, y el dinero fácil, que han fracasado estrepitosamente.

Para mejorar la cohesión social, corregir las desigualdades, y compensar la pérdida de peso de los salarios en la renta nacional que se ha producido en los últimos años, es preciso desarrollar políticas públicas de redistribución de la renta nacional a través de mayores dotaciones de gasto público en educación, sanidad, protección social, pensiones, atención a la dependencia, servicios sociales, vivienda, y ayuda a las familias.

Ello requiere- sobre todo en un contexto de crisis económica como la actual- un sistema tributario justo, basado en la equidad y en la progresividad y con suficiente capacidad recaudatoria, que supere además el desarme fiscal que se ha propiciado en los últimos años con un alto crecimiento de la economía y que ha supuesto el aumento de los impuestos indirectos sobre los directos, lo que ha beneficiado a las rentas más altas.

• Reforzar la interlocución sindical

La interlocución social reforzada pasa por la unidad de acción entre los sindicatos mayoritarios y por su capacidad de movilización y propuesta, la potenciación del diálogo social, la concertación social, la negociación colectiva y la participación institucional de los interlocutores sociales en nuestro país.

Ello requiere respetar la autonomía de las partes, reformar la estructura de la negociación colectiva, garantizar la articulación de los distintos ámbitos de negociación, y extender la cobertura de la negociación colectiva a todos los trabajadores. De la misma manera se pretende superar el déficit de participación institucional a través de una regulación específica por ley que garantice una presencia más acusada de los interlocutores sociales en las instituciones relacionadas con la seguridad social, la protección social, el empleo, y la sanidad, principalmente.

Por otra parte, el concepto de democracia industrial debe ser actualizado y desarrollado ampliamente en los centros de trabajo con el objetivo de garantizar la participación sindical y mejorar la escasa información de que disponen los sindicatos sobre la situación económica en las empresas.

• Políticas de igualdad e integración social

La sociedad española ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas en materia de igualdad de oportunidades en la vida política, económica, social, y cultural, lo que ha supuesto avances importantes en las políticas encaminadas a mejorar la cohesión social en todos los ámbitos de la sociedad.

El programa de acción trata de reforzar estas políticas que afectan principalmente a la mujer, la juventud, la inmigración, y las personas discapacitadas, a través del diálogo social con el gobierno y de la negociación colectiva con los empresarios, en la defensa de la conciliación de la vida laboral y familiar y en el establecimiento de una red de servicios y prestaciones que atienda a las responsabilidades familiares.

Sin embargo, no podemos desconocer que la crisis económica y la secuela del desempleo están aumentando la exclusión social y los índices de pobreza por el aumento de los trabajadores con bajos salarios o dependientes del salario mínimo interprofesional (SMI) que alternan periodos de inactividad laboral con contrataciones temporales.

En respuesta a esta situación el programa reclama la elaboración de una ley de rentas mínimas de inserción que garanticen una renta suficiente para las personas en situación de necesidad y durante el tiempo que sea necesario.

El desarrollo en la práctica de los contenidos en estos apartados y de las resoluciones que apruebe finalmente el congreso no será nada fácil. Los propios sindicatos son conscientes de ello. La correlación de fuerzas en estos casos resulta relevante y ésta tiene relación directa con la afiliación sindical, la representatividad de los sindicatos, su capacidad de movilización, su autofinanciación, la presencia mediática y, en definitiva, el protagonismo de los sindicatos en la opinión pública y en el conjunto de la sociedad. Mejorar dicha correlación de fuerzas exige no sólo la aprobación de políticas organizativas adecuadas a este fin, como seguramente aprobará el congreso. Exige además un trabajo sindical eficaz y riguroso de los responsables del sindicato en los distintos niveles, desarrollado de una manera sistemática y permanente, principalmente, y de manera relevante, en los centros de trabajo. Por eso, los congresos nunca se acaban; de hecho vuelven a comenzar al día siguiente, porque la acción sindical continúa.