En Derecho se utiliza la expresión ‘non liquet’ (literalmente, «no está claro» en latín) cuando un órgano jurisdiccional no puede responder a la cuestión controvertida que se la ha presentado al no encontrar una solución jurídica para el caso, o bien por no haber norma directamente aplicable en el supuesto. Esta fórmula clásica era así empleada con esa finalidad por los juristas romanos para posibilitar que una cuestión incomoda permaneciese imprejuzgada de manera indefinida. Pero, ello hoy en día no es posible. Todos los ordenamientos jurídicos prohíben en la actualidad que el juez se niegue a dar solución y una respuesta al caso que se le plantea. Y así ocurre en el sistema español en donde el Código Civil, en su artículo 1.7, prescribe con rotundidad que los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Se parte del dogma de que el ordenamiento jurídico es pleno, por lo que, utilizando las herramientas interpretativas adecuadas, el juzgador siempre puede encontrar una solución. Una solución que es más necesaria y urgente cuando lo que está en juego son principios y valores de relevancia constitucional.

Sin duda, ha sido insoportable la presión externa que el Tribunal Constitucional ha tenido que sufrir en relación con esos asuntos desde que entraron en la sede de la madrileña calle de Doménico Scarlatti, y, también, con otros anteriores. Pero, al tiempo, hay que reconocer que el Constitucional –y, singularmente su anterior presidenta- había demostrado una disposición interna a entrar en todas la batallas que afuera de esos muros se estaban dilucidando. Hasta el punto que llego a suponer un ejercicio prácticamente imposible para los ciudadanos percibir que las resoluciones del Tribunal respondían a criterios jurídicos de normatividad constitucional y no a criterios de pura oportunidad política. El daño a la autoridad funcional de la institución parecía así irreversible. En efecto, las decisiones del Tribunal Constitucional necesitan, como el respirar, de la aceptación incondicional de sus principales destinatarios, es decir, el Poder Judicial, los partidos políticos, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, y, sobre todo, los ciudadanos y la opinión publica. Pero es que, además, un mal ejemplo del Constitucional se extiende como una mancha de aceite sobre todo lo jurisdiccional.

A estas alturas, por mucho que sigamos insistiendo en que el Tribunal Constitucional no forma parte de nuestro sistema de Justicia, a la opinión pública no se le puede exigir que diferencie nítidamente entre el Tribunal Constitucional y los demás tribunales y juzgados cuando se habla de la politización de la Justicia. Un mal que ante los ojos de los ciudadanos aparentemente contamina todas las instancias judiciales, cuando el foco de putrefacción está perfectamente localizado y sólo hace falta que se pongan en acción los operarios que constitucionalmente pueden y deben acabar con la infección. Mientras tanto, los miles de jueces de este país que día a día cumplen con su trabajo, deberán seguir con las mascarillas puestas al servicio de la Ley y el Derecho, que han de aplicar de conformidad con los principios que precisamente derivan de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Si la renovación es siempre conveniente y saludable en todos los aspectos de la vida, lo es todavía más necesaria cuando se trata de la vida de una las instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático. Así lo quiso el legislador constituyente en relación al Tribunal Constitucional y su voluntad no puede continuar violentándose una vez y otra cuando llega el momento de renovar a los miembros que lo integran. Los dos grandes partidos políticos de este país tienen que congraciarse con una ciudadanía que cada vez más desconfía de la clase política, y demostrar en este tema que disponen de ese «sentido de Estado» para superar el desencuentro actual y encontrar ya a los juristas que remplacen a los que tendrían que haber salido hace tiempo del Tribunal. Estamos además ante el momento procesal oportuno de responder a los ciudadanos sobre qué modelo de Tribunal Constitucional queremos a propósito de las reformas pensadas sobre la duración de los mandatos de los magistrados y sobre el mismo sistema de su elección que exigiría una reforma de la Constitución. Por lo que ahora solo cabe esperar contar con un renovado Tribunal Constitucional en el que se asegure la independencia y neutralidad de sus magistrados