Las nuevas reformas que se proponen con un gran apoyo mediático son para quedarse -al amparo de la crisis- y sólo representan más recortes, más austeridad y más precariedad; en definitiva, más injusticias, más desigualdad y una mayor pobreza, como se ha podido recordar el pasado día 17, Día Mundial de la Pobreza en el Mundo. En España, más de 12 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, lo que nos indica que una de cada cuatro personas viven en esa situación y, según Cáritas, más de tres millones sufren pobreza severa y muchas se encuentran en riesgo de exclusión social.

En relación a los salarios, las reiteradas manipulaciones de Montoro son antológicas. Decir que los salarios no se han reducido en España es una gran frivolidad y, además, resulta impropio de un Ministro de Hacienda; sobre todo cuando el propio Presidente del Gobierno alardea, en los foros internacionales a los que ha asistido en los últimos días, de la fuerte devaluación salarial que se ha producido en nuestro país, lo que está reportando mejoras sustanciales a la competitividad de nuestras empresas y a nuestras exportaciones, aunque, desgraciadamente, a costa de los trabajadores.

Según recoge UGT, el INE, en su Encuesta de Costes Laborales del II trimestre publica que el costo salarial ha caído un 0,6%, a lo que hay que sumar la caída del 3,6% en el IV trimestre de 2012 y del 1,8% en el I trimestre de 2013. A estos datos hay que añadir el informe de Eurostat sobre la evolución del índice de costes laborales para el II trimestre, donde se contempla que los salarios están aumentando en Europa (1,3% interanual para la UE-28) y, sin embargo, caen en cuatro países entre ellos España.

Al descenso del costo del factor trabajo en el sector público y privado se une el incremento medio de los precios de consumo y, por lo tanto, la pérdida del poder adquisitivo, que se traduce en un descenso de los salarios reales en el periodo de 2010 a 2013; concretamente, entre 2012 y 2013 se ha acumulado una pérdida salarial real de 10 puntos porcentuales.

La protección social también está siendo víctima de la ofensiva neoliberal. Al nuevo recorte unilateral de las pensiones y de la dependencia hay que añadir el previsto recorte de la prestación por desempleo. En todo caso, eso es lo que indican las imprudentes declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno en las que denuncia que más de medio millón de parados están defraudando al tesoro público. El fraude, si se produce, es mínimo y responde en buena medida a incidencias administrativas fácilmente detectables y subsanables. Por lo tanto, llama la atención el afán obsesivo del Gobierno en perseguir a los parados y no a los que defraudan a Hacienda cantidades desorbitadas de dinero (grandes empresas y grandes fortunas). Haría bien el Gobierno en revisar la protección a los desempleados, teniendo en cuenta que más de tres millones de desempleados no tienen ninguna prestación, 630.000 hogares carecen de todo tipo de ingresos y que el Servicio de Empleo Público Estatal, en 2014, recibirá 2.211,6 millones de euros menos que en 2013 para el desarrollo de las políticas activas de empleo y para pagar las prestaciones correspondientes a los desempleados.

Las declaraciones del presidente de la CEOE, Rosell, sobre la contratación laboral se encaminan en la misma dirección y defienden una política interesada en darle una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y, en concreto, en flexibilizar aún más la contratación laboral, facilitando y abaratando nuevamente el despido: Durante el primer año el despido debe ser gratis, además se deben descausalizar los contratos temporales y generalizar el contrato a tiempo parcial, cuando así lo decida el empresario, lo que representa un auténtico atropello. Todo ello se plantea después de conocerse los estragos producidos por la reforma laboral (precariedad total) y antes de que se haga la evaluación de la reforma prometida por el Gobierno. En este sentido, todo indica que se colocará al zorro (expertos de la OCDE o similares) a cuidar el gallinero, por lo que no hay que descartar una evaluación ideológica e interesada de la reforma laboral.

De la misma manera resulta escandalosa, obscena y provocativa la propuesta del IEE de rebajar la cobertura por desempleo y aumentar la edad de jubilación a los 70 años y el periodo de cotización a 40 para cobrar el 100% de la pensión.

Los servicios públicos son otro motivo de gran preocupación. El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local traerá consigo la eliminación o privatización de un gran número de servicios públicos (escuelas infantiles, servicios sanitarios, asistencia a mujeres víctimas de violencia, atención a la tercera edad, comedores sociales…) y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Además de multiplicar los copagos relacionados con el suministro del agua, la recogida de basuras, el alcantarillado o la limpieza viaria. Según UGT, casi el 84% de los municipios dejarán de prestar servicios y, en todo caso, éstos se evaluarán en función de su rentabilidad económica. La situación resulta más incomprensible si tenemos en cuenta que los municipios no son en absoluto los culpables del déficit público (su deuda sólo representa el 3,7% del total de las Administraciones Públicas y más de 3.000 Ayuntamientos tienen superávit de los más de 8.000 existentes). A todo ello debemos añadir que el gasto público en nuestro país es inferior a la media de los países de la eurozona (España gasta 6,5% puntos menos del PIB que la media del resto de países de la zona euro) y, de la misma manera, los ingresos fiscales y las cotizaciones a la seguridad social están muy por debajo de la media de la zona euro, según todos los analistas, lo que demuestra que el problema tiene relación con la falta de ingresos y no con la política de gastos, como viene defendiendo en la práctica el Gobierno.

Estas políticas están siendo nefastas para los trabajadores y, particularmente, para los sindicatos. La política del Gobierno, prescindiendo del diálogo y de la concertación social; el desequilibrio en el mercado de trabajo a favor de los empresarios; la fragilidad de los sindicatos, muy afectados por la crisis y el desempleo; la escasa movilización de la ciudadanía; el miedo y la resignación de amplias capas de la población, entre otras razones, están causando dificultades de todo tipo en el desarrollo de la acción sindical. A ello debemos añadir la persistente campaña antisindical que se está llevando a cabo desde las posiciones más reaccionarias, miopes y cortoplacistas, que tienen una fuerte repercusión mediática. Por eso los sindicatos deben reflexionar en profundidad sobre su acción sindical en un contexto de crisis y alto índice de desempleo. También sobre su funcionamiento orgánico y la necesidad de mejorar su presencia en las empresas (sobre todo pequeñas), así como sobre su financiación a todos los niveles y los procedimientos a seguir para conseguir que los no afiliados paguen los servicios que les prestan los sindicatos, evitando así la discriminación negativa que se produce en la actualidad con los afiliados que pagan la cuota y reciben los mismos servicios que los no afiliados que, en cambio, se benefician de la labor de los sindicatos con costo cero. En coherencia con todo ello, deben también revisar el cobro de cantidades ligadas a un ERE o a un convenio colectivo y, en todo caso, dotar a esta práctica -si se produce- de total transparencia.

En estas circunstancias, la pregunta que se hacen la mayoría de los ciudadanos ante semejante situación es la siguiente: ¿Y todo este sacrificio para qué? Según el FMI, el año 2013 terminará con un decrecimiento del 1,3% del PIB y sólo se prevé que mejore ligeramente en el 2014. Sin embargo, el desempleo se mantendrá en el 26,9% en 2013 y en un 26,7% en 2014, lo que desmiente el triunfalismo del Gobierno y demuestra los escasos resultados que están produciendo los fuertes sacrificios de los ciudadanos, a pesar de los datos moderadamente positivos (en todo caso, estacionales y temporales) de la última EPA. Con el agravante de que los ricos son cada vez más ricos, las grandes empresas siguen repartiendo dividendos, la bolsa sube y, según Botín, “el dinero llega a nuestro país de todas partes” (economía especulativa); sin embargo, los más desfavorecidos y la clase media no lo notan, ni está repercutiendo favorablemente en la resolución del problema más grave que tiene nuestro país: El desempleo. Tampoco esta entrada de dinero garantiza que fluya el crédito a familias y empresas y menos que se reduzca el déficit y la deuda pública que superará el 100% del PIB, lo que aumentará los intereses de la deuda a pesar de la caída de la prima de riesgo.

También los ciudadanos muestran su preocupación por la reacción de la oposición. Ante la gravedad de la situación, el principal partido de la oposición debe acelerar la toma de decisiones y poner de manifiesto con claridad la política que va a defender en las próximas confrontaciones electorales (Conferencia Política). Los retos que se avecinan tienen relación con la recuperación de la credibilidad perdida con Zapatero, al abrazar con decisión las políticas neoliberales emanadas de la UE, en mayo de 2010, lo que dificulta considerablemente la labor del PSOE en la actualidad, ante la táctica del PP de recordar sistemáticamente en el Parlamento la política del anterior Gobierno socialista: “Y tú más” o “tú también”.

En segundo lugar, el discurso del PSOE se debe diferenciar de las políticas que defiende y aplica el Gobierno. Por lo tanto, debe asumir compromisos sobre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos: desempleo, servicios públicos (sanidad y educación), protección social (pensiones, dependencia y prestación por desempleo) y fiscalidad (fraude, economía sumergida, desgravaciones fiscales, suficiencia, equidad…).

En tercer lugar, debe clarificar su posición en relación con el debate territorial: Estado Federal, Cataluña y financiación autonómica. Los ciudadanos no entienden las diferencias entre el PSOE y el PSC y tampoco acaban de entender lo que significa en términos globales el Estado Federal, ni la repercusión que tendrá en las políticas que actualmente defienden los partidos nacionalistas y en la solidaridad entre CCAA.

Por último, el PSOE debe resolver el problema relacionado con su liderazgo y con la democracia interna, estableciendo definitivamente los criterios de elección de su candidato (primarias, voto militante, voto simpatizante…) y los tiempos para llevar a cabo el proceso electoral interno, así como los procedimientos democráticos a seguir para la toma de decisiones sobre asuntos importantes.

En estos momentos, los tacticismos sobran. Se necesita altura de miras, visión de Estado y preocupación por la democracia real, el desempleo, la desigualdad y la pobreza. También capacidad para aglutinar distintas sensibilidades sociales (partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales) en la búsqueda de una salida progresista a la crisis, que pasa, entre otras medidas, por más formación, más investigación, más innovación y una mejor redistribución de la riqueza.