No debe extrañar, por lo tanto, que en contra de estas políticas se hayan concitado importantes unanimidades en los movimientos sociales (Cumbre social, 15-M ) y en los sindicatos, que han terminado por convocar dos huelgas generales acompañadas de numerosas y masivas manifestaciones en todas las capitales de provincia, en medio de una brutal campaña antisindical.
Su dudosa y poco creíble apuesta electoral por el empleo representa su principal fiasco: Cuando el PP gobierne el paro bajará y No vamos a abaratar el despido. La reforma laboral (el instrumento idóneo -según el PP- para crear empleo) ha fracasado estrepitosamente y ha terminado por dar todo el poder a los empresarios, además de reducir drásticamente los salarios, abaratar el despido y hacerlo más fácil y, como consecuencia, arruinar la negociación colectiva y el diálogo social.
En un año se han perdido 600.000 puestos de trabajo y los expedientes de regulación de empleo han aumentado un 80%, alcanzando el desempleo a casi 6 millones de personas, un 10% más que hace un año. Además, se ha reducido la prestación por desempleo y se ha endurecido el acceso al Plan PREPARA (ayuda de 400 euros para los desempleados de larga duración).
La caída del empleo está afectando también a los más de 2,5 millones de empleados públicos a los que se les ha congelado la oferta pública de empleo para 2013 y 2014 y se les ha sometido a una continúa y sistemática pérdida del poder adquisitivo (congelación de sus retribuciones en 2012 y 2013 y supresión de la paga de navidad de este año).
En esta misma línea, los Presupuestos Generales del Estado-2013 recortan en 1.800 millones de euros las políticas de empleo, además del 6% en las prestaciones por desempleo.
También el Estado de Bienestar social ha sufrido un terrible golpe en contradicción con sus promesas electorales. La sanidad ya no es universal y gratuita (copago y exclusión de los inmigrantes irregulares) y está inmersa en un proceso de privatización y de continuos recortes; lo mismo está ocurriendo con la educación pública (7.000 millones de euros menos en sanidad y 3.000 millones menos en educación). Además -como agravante-, se ha reducido la financiación de los servicios sociales y se ha vaciado de contenido la Ley de Dependencia, lo que nos conducirá a un Estado de Beneficencia.
Como consecuencia, ha aumentado la desigualdad y la pobreza de manera considerable, en un contexto económico muy desfavorable (la economía decrecerá el 1,4% este año, según la Comisión Europea), cuyo exponente más claro es que más de 2 millones de personas en paro no reciben ninguna prestación por desempleo y 1.373.000 familias tienen todos sus miembros en paro.
En relación con la política fiscal (capítulo de ingresos) se han producido también sonoros incumplimientos: No voy a subir los impuestos porque es una política profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras. En contradicción con esa promesa electoral el Gobierno subió el IRPF, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el IVA (18% al 21% el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido); incluso retocó ligeramente al alza el impuesto de sociedades y suprimió el IVA superreducido del 4% para la primera vivienda. Paralelamente a estas medidas, el Gobierno aprobó una amnistía fiscal a los defraudadores y renunció a reformar el sistema tributario (recuperación de impuestos y establecer medidas progresistas: que paguen más los que más tienen) y a luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
En relación con el saneamiento del sistema financiero (escasamente transparente), Rajoy manifestó que no estaba dispuesto a dar dinero público a los Bancos. Sin embargo, el Gobierno calcula en más de 100.000 millones de euros el costo del ajuste que será necesario para sanear el sistema financiero -con dinero público- hasta el 2014 (10% del PIB), sin que ello haya resuelto todavía la estafa de las preferentes, el desahucio de la gente sin capacidad para pagar su excesiva hipoteca, el escándalo de Bankia (impunidad y 6.000 despidos) y la morosidad de la banca en general. Tampoco se ha restablecido el crédito a familias y empresas y, en cambio, se han llevado a cabo continuos recortes en inversión pública, en infraestructuras, en políticas industriales y en investigación y desarrollo.
En definitiva, el Gobierno ha supeditado el empleo y el crecimiento económico a la austeridad y, por lo tanto, a las políticas neoliberales y, en concreto, al pago de la deuda al sistema financiero alemán y, en menor medida, francés, a costa de las clases más desfavorecidas. Los resultados están a la vista (aumenta el déficit, la deuda pública y no se reduce la prima de riesgo) y confirman el fracaso de la actual política económica en menos de un año. Una política que en ningún momento se ha planteado exigir a la UE revisar los plazos de pago, una posible reestructuración de la deuda y una política fiscal más expansiva. Lo más escandaloso es que no todos están sufriendo los efectos de la crisis de la misma manera: Según UGT, desde 2008 al tercer trimestre de 2012, los asalariados han sufrido una pérdida de 40.000 millones de euros; por el contrario, el excedente bruto de explotación (donde se refleja la evolución de los beneficios empresariales) arroja unas ganancias superiores a 31.500 millones de euros. La situación se agrava cuando todavía quedan pendientes de negociar 4.100 convenios colectivos que afectan a 6.700.000 trabajadores, lo que acentúa las ganancias de los empresarios. A esto hay que añadir el disparo de la inflación, que se sitúa en el 3,5%, por el aumento del IVA y el aumento de los beneficios empresariales, lo que significará una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Unas políticas que nos encaminan inexorablemente a un cambio de modelo de sociedad que es, en definitiva, lo que realmente viene pretendiendo el PP.
En este contexto, la ciudadanía no sale de su estupor y se pregunta cómo es posible que el PP haya salvado los muebles (en términos electorales) en Galicia, País Vasco y Cataluña. La explicación es muy sencilla: el PSOE no está siendo capaz de responder al creciente malestar social de la ciudadanía. Hasta ahora, el PSOE ha sido un partido con capacidad de gobernar o de ser alternativa de gobierno, al aglutinar a la mayoría de las expresiones de izquierda; sin embargo, ha perdido la credibilidad y la confianza del electorado progresista por sus acciones de gobierno, desde mayo de 2010. En la actualidad ha dejado de ser alternativa real al situarse claramente por debajo del 30% del electorado, lo que nos acerca a la experiencia del PASOK y a lo que está ocurriendo con el afloramiento de nuevas experiencias organizativas en la izquierda griega (SYRIZA, con apenas el 5% del electorado, consiguió el 27% en las pasadas elecciones y estuvo a punto de ganarlas).
Los recientes datos de Cataluña confirman este somero análisis. El Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE) ha perdido 52.000 votos -a pesar de haber aumentado ampliamente la participación electoral- y 8 parlamentarios en relación con las anteriores elecciones autonómicas (2010) y se ha convertido en la tercera formación política en el parlamento catalán. El desplome del PSC (obtiene el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas) confirma la tendencia bajista del PSOE en todo el territorio nacional -como determinan las últimas encuestas- y el hundimiento del sistema de alternancia política (PSOE-PP), que ha venido funcionando desde la Transición, agudizado considerablemente por la fragmentación de la izquierda.
La propuesta de Estado Federal del PSC -opuesta a la alternativa independentista- no ha calado suficientemente en el electorado y ha pecado de improvisación, oportunismo, escasa concreción y escaso significado político. A ello ha contribuido la tibia oposición al gobierno catalán embarcado en una política de recortes sistemáticos en los servicios públicos (Educación, Sanidad y Servicios Sociales), al servicio de las políticas neoliberales emanadas de la UE y, como no, también ha influido en los resultados la experiencia negativa del tripartito y del PSOE en su etapa de gobierno.
Ante esta situación, el PSOE debe reflexionar en profundidad sobre los cuatro grandes capítulos que deben configurar un proyecto ideológico capaz de recuperar la confianza y la credibilidad perdida y defender sin freno los intereses de los más necesitados: reafirmación de su compromiso internacionalista, particularmente en el ámbito europeo que es donde se toman, en buena medida, las decisiones que nos afectan; defensa de las ideas socialdemócratas (oposición radical a las políticas neoliberales) fundamentadas en la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la desigualdad y la pobreza; configuración del Estado (desarrollar en concreto su apuesta por el Estado Federal); y modelo de partido integrado en un mundo globalizado y en una sociedad más culta y mejor comunicada (Internet).
De los cuatro capítulos, el último no es el menos importante. El PSOE debe recuperar sus señas de identidad -a partir de una profunda autocrítica- comenzando por fortalecer sus estructuras de base y por garantizar la democracia interna a todos los niveles (primarias, limitación de mandatos, respeto a las minorías, incompatibilidades, transparencia y rendición de cuentas ), lo que permitirá generar grandes debates (modelo de desarrollo, teoría del decrecimiento, reparto del trabajo, brecha ecológica, consumo exacerbado ) y fomentar la participación de sus militantes en el tejido social (asociaciones, redes sociales, movimientos sociales, sindicatos ), con el propósito de trasladar a la ciudadanía las políticas socialistas y recoger el sentir mayoritario de las clases populares. En segundo lugar, el PSOE debe asumir la necesidad de una profunda regeneración ética y moral a todos los niveles (incluidas las personas y las formas de hacer política) que sea capaz de entusiasmar a los más jóvenes. En tercer lugar, debe recuperar la comunicación con la sociedad a través de militantes formados en la ejemplaridad; resultan intolerables algunos casos de corrupción, además de que altos cargos en los gobiernos del PSOE mantengan privilegios y formen parte -con altas remuneraciones- de los consejos de administración de grandes empresas multinacionales.
Para terminar, una última consideración: estas tareas resultan urgentes; sin embargo, que nadie se engañe, se necesitarán años de duro trabajo para recuperar un proyecto capaz de entusiasmar a los más desfavorecidos, única manera de que el PSOE sea coherente con su historia y mantenga su capacidad de ser alternativa de gobierno.
