En 2010 había 238.273 agentes de seguridad pública. Con los recortes del PP en cinco años habrá 12.000 policías menos y además un evidente envejecimiento de las plantillas. A pesar de estos datos, ¿es oportuno modificar la ley de seguridad privada para dar a los vigilantes privados la capacidad de detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección y permitirles hacer rondas en las calles comerciales? Parece que no.

Pero además, se puede afirmar que es una barbaridad, como pretende la ley del PP, equiparar a los vigilantes privados con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los policías locales o autonómicos, porque la seguridad es un derecho de los ciudadanos y no un bien de consumo; y porque, por poner un ejemplo, la equiparación supondría poner en manos de gente en muchos casos sin la formación y la preparación adecuada la posibilidad de restringir derechos constitucionales.

Si la seguridad en España está ampliamente garantizada por la policía, con el apoyo complementario de los vigilantes privados ¿Por qué modificar la ley de seguridad privada? Es preciso hacerse algunas preguntas y sobre todo analizar las respuestas:

· ¿Es una demanda ciudadana en estos momentos dar más poder a las empresas y a los vigilantes privados frente a los ciudadanos? La respuesta es claramente “No”, como reconoce el propio Gobierno del PP cuando presentó la modificación de la ley de seguridad privada.

· ¿Es España un país donde no existe legislación para un sector como el de la seguridad privada que está creciendo y necesita estar bien regulado? Tampoco es afirmativa la respuesta. Si observamos lo que ocurre en Europa, existen distintos modelos de seguridad privada que van desde la autorregulación del sector hasta las reguladas por el Estado. Pues bien, España se encuentra entre los países que tienen una legislación específica como Italia, Bélgica, Francia, Portugal, y Suecia. Pero además, según reconocen distintos informes del sector, España es uno de los países que cuenta con una legislación más desarrollada y específica.

· ¿Es oportuno para las libertades de los ciudadanos que los vigilantes privados puedan, como pretende el Gobierno, tener la autoridad de detener, identificar y cachear? La respuesta también es negativa y más en un sector donde la falta de cualificación lleva en numerosas ocasiones a cometer abusos.¿Estarán los ciudadanos más seguros, por ejemplo, sabiendo que los porteros de discoteca tienen la misma autoridad que la policía? Para echarse a temblar.

· ¿Tienen una formación adecuada los vigilantes de seguridad para realizar su labor actual, y posibles nuevas funciones? En muchos casos no. A pesar de que la formación esta reglada en cada una de las categorías que existen dentro de la seguridad privada y es la que delimita la habilitación, desgraciadamente la práctica indica que la formación no solo es escasa sino que con la reforma de la ley se relaja aún más. Por ejemplo, los vigilantes de seguridad armados ahora están obligados a realizar dos prácticas de tiro al año, con el proyecto de ley esta obligación desaparece.

· ¿Qué pasa con las armas? ¿Estarán más controladas? En España existe un uso restrictivo a la hora de autorizar las licencias de armas. Ahora los permisos de armas se dan a las empresas, no a los vigilantes que deben dejar el arma en la empresa una vez que finalizan su jornada. Con la nueva ley el PP se permitirá que los vigilantes no depositen el arma en la empresa en algunas ocasiones, con lo que habrá menos control de las armas y de dónde se encuentran.

· ¿Quién hace esta ley? Parece sencilla la respuesta. Las leyes se aprueban en el Parlamento y el PP con su mayoría absoluta la impondrá. Aunque parece que quien ha escrito el texto son las empresas de seguridad privada. Un sector que desea ganar más dinero y tener más poder, con el apoyo de un Gobierno que actúa de delegado del interés particular de estas empresas más que de representante del interés general de los ciudadanos.

· ¿Cuántas puertas giratorias veremos en los próximos años gracias a la modificación de la ley de seguridad privada? Unas cuantas, seguro, en un sector con mucho poder económico y de influencia. Porque a pesar de que la crisis ha retraído el negocio, hay que destacar que según el estudio de DBK “Compañías de Seguridad 2011”, en el año 2010 la facturación total del sector de la Seguridad Privada Física fue de 4.250 millones de euros. A los que hay que sumar, según el estudio de TB-Security, que en el año 2012 el sector de la Seguridad Informática en España iba a alcanzar un volumen cercano a los 1.700 millones de euros frente a los 970 millones de 2008.

Se pueden seguir realizando muchas más preguntas, aunque la conclusión está clara: El PP nuevamente va a hacer negocio con un derecho de todos los ciudadanos como es la seguridad. Y para llevarlo a cabo, lo quiere convertir en un bien de consumo para poder, de esa manera, privatizar otro servicio público esencial. Como dicen los sindicatos, esta reforma dela ley de seguridad privada supone “una privatización encubierta” de la seguridad pública y habilita a “policías baratos” y menos formados. Gana el negocio, ganan las empresas. Pierden los ciudadanos.

El cambio de la ley de seguridad privada no es una demanda de la sociedad española, pero sí un fin que perseguían las empresas para ganar más dinero y más poder. Hay que decir a los ciudadanos y a las empresas que cuando cambie el Gobierno también cambiará esta ley, porque la seguridad es un derecho y no un bien y un negocio al que acceden unos pocos.

Después de escribir este artículo aparece en los medios de comunicación que “Agredidos dos turistas franceses en un centro comercial de Torrevieja por los vigilantes de seguridad.

Una pareja de turistas franceses ha denunciado una paliza por parte de dos vigilantes de seguridad de un supermercado de Torrevieja, en Alicante.

Al parecer, cuando llegaron a la caja registradora la alarma comenzó a sonar y los vigilantes les pasaron varias veces un detector sin encontrar nada, por lo que les llevaron al cuarto de seguridad donde les retuvieron, escupieron y golpearon.

El hijo de la pareja pudo grabar los hechos, y con dichas imágenes han presentado una denuncia.

Ni el centro comercial, ni la empresa de seguridad donde ocurrió la agresión, han dado su versión sobre lo ocurrido, pero el supermercado sí que ha pedido explicaciones a la empresa de seguridad.

La pareja, que fue atendida en Urgencias, ha dicho que no van a volver a España».