Los rankings están bien, pero la cuestión de fondo es que la información pública y el acceso a la información gubernamental, es un derecho constitucional de los ciudadanos que refuerza la democracia y nace de la naturaleza representativa de los gobiernos. Que las administraciones tengan la obligación de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades y la documentación que la sustenta; y que los ciudadanos puedan solicitar a los funcionarios públicos cualquier información y recibir una respuesta satisfactoria, es una cambio fundamental para profundizar en la democracia, conseguir instituciones públicas transparentes y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control y evaluación de los gobiernos y en la lucha contra la corrupción, la ineficacia y la mala gestión.

Que la información es poder es un hecho tan incrustado en el ADN de algunos gobiernos, como que consideran las administraciones que dirigen un cortijo de su propiedad. Ante semejantes comportamientos antidemocráticos que vemos a diario, por ejemplo en Valencia donde el Gobierno de Camps se niega a facilitar, no ya a los ciudadanos, sino a los diputados de la oposición, los contratos relacionados con la trama Gürtel, hay que repetir una obviedad: la finalidad de las Administraciones consiste en servir a los ciudadanos y la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.

Por tanto, les podrá parecer una intromisión o una incomodidad que les soliciten información y documentación, y cualquier excusa les parecerá validad para dar largas a los representantes elegidos democráticamente o a los ciudadanos que la solicitan, pero estamos ante un derecho constitucional que cada vez es más exigido y que en nuestro país se consolidará definitivamente cuando la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, sea aprobada. Entonces no será el ciudadano quien deba justificar su interés en conocer una información, sino que será la Administración la que deberá explicar su negativa a proporcionarla y siempre en casos excepcionales.

El panorama está cambiando e Internet y los avances en gobierno electrónico facilitan esta labor. Pero para que el derecho de acceso sea efectivo, la Convención para el Acceso a Documentos Oficiales establece las garantías mínimas que los Estados miembros del Consejo de Europa deben integrar en sus leyes nacionales de acceso a la información: 1)El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.2) El derecho se aplica a todas las entidades públicas del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial) y aquellas entidades privadas y personas naturales que ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con fondos públicos.3) Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.4) Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.5) Toda información en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, debe estar sometida al principio de publicidad. 6) la denegación del acceso a cualquier tipo de información deber ser excepcional y estar motivada.7) Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.8) las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud. Dicha información debe ser actual, clara y estar escrita en lenguaje sencillo.9) el derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.

La falta de transparencia y la corrupción son dos factores interrelacionados que debilitan gravemente la democracia y alejan a los ciudadanos de la política. Por este motivo, un paso adelante dentro del desarrollo democrático es el progreso en la transparencia política y administrativa a través del acceso a la información. Con ella, avanzan y se modernizan nuestras sociedades, es un indicador de la calidad de nuestro sistema democrático, pero sobre todo, implica a los ciudadanos en el proyecto colectivo de conseguir la mayor libertad, igualdad y felicidad para todos los ciudadanos.