En este ejercicio de justicia, la presencia de organizaciones que defienden los derechos humanos personadas como ACCIÓN POPULAR es imprescindible, no solo por la defensa de las víctimas inmigrantes, antifascistas y otros colectivos perseguidos por el nazismo, sino de los valores que responden al interés de la sociedad democrática.
Hace meses Naciones Unidas pedía acciones firmes frente a la lacerante intolerancia y establecía que “los Estados deben castigar las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas”. Poco antes, la Unión Europea aprobaba la Directiva Marco de Derecho Penal, obligando a los Estados a sancionar penalmente la incitación al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de intolerancia cultural o religiosa.
Sin embargo en España, la permisividad “de facto” que gozan grupos neonazis resulta incomprensible. Una situación que cambió en julio, tras sentencia condenatoria por “asociación ilícita” a los quince integrantes de la sección española de “Hammerskin”, poniendo fin a un período de impunidad de hecho que han disfrutado organizaciones visibles en los campos de futbol y en internet.
La aplicación de la legalidad democrática y del Código Penal para luchar contra el neofascismo es la esperanza para personas que son víctimas por el solo motivo de tener un color de piel oscura, un acento extranjero, una orientación sexual diferente, por su religión o ideas democráticas. Todos juntos, en democracia, podemos.
