La administración trufada de corrupción es una administración deficiente, que no cumple su función social. Pero este daño es solo una parte del problema. Porque corrompidos y corrompedores socavan la legitimidad misma de nuestro modelo de convivencia. Cuando traicionan la confianza de la sociedad no están inutilizando tan solo un instrumento de gestión colectiva. Están matando la credibilidad de las instituciones que nos hemos dado para vivir en libertad y en democracia.

Es verdad que se han dado casos de corrupción en todas las latitudes, y que todos, los grandes y los pequeños, merecen luz y condena. Pero no todos son iguales en su naturaleza y en su alcance. En algunos ámbitos de la vida pública hay casos de corrupción, y en otros se está demostrando una corrupción estructural, sistémica y continuada. Y cuando esta última corrupción afecta al partido que nos gobierna en un contexto de crisis gravísima, la respuesta requiere inmediatez y contundencia.

El llamado caso Gürtel-Bárcenas o “el caso de los sobres” abarca al conjunto del PP desde su sede en Génova hasta sus delegaciones territoriales en Madrid, Valencia y Baleares; desde el Gobierno de España hasta el Ayuntamiento de Majadahonda, pasando por las Comunidades madrileña, balear, valenciana, castellano-leonesa… El número de investigados e imputados es tremendo, y los últimos testimonios que aluden al reparto de sobres con dinero negro alcanzan a toda la cúpula de la organización.

No. Este no es un caso más. Este es el caso que aúna todos los componentes escabrosos de la corrupción en la vida pública: la corrupción personal de quienes reciben los sobres; la corrupción institucional del partido que se financia irregularmente; y la utilización corrupta del Gobierno de España para amnistiar y lavar el dinero sucio de la corrupción. Pareciera como si el PP, tras pasar por casos como el referido a Naseiro, sin coste penal y sin coste electoral alguno, se hubiera instalado en una sensación de falsa impunidad para cometer barbaridades. Todas presuntas hasta que se pronuncien los tribunales, desde luego.

Las respuestas del PP han evolucionado últimamente de aquel “que cada palo aguante su vela” hasta el requerimiento de pactos que ayuden a dar apariencia de colectividad en el problema, pasando por las “auto-auditorías” increíbles, el “vienen a por nosotros” y el “no a todo” que se hizo célebre con el caso “Tamayo”, muy relacionado con este asunto, por cierto.

Pero ya se acabó el tiempo del disimulo y la confusión. Ni vale pacto alguno hasta que no se diluciden las responsabilidades en el partido del Gobierno. Ahora solo cabe aclarar y limpiar. Que el PP, por boca de su presidente, que está directamente aludido en las acusaciones y que es el Presidente del Gobierno, aclare si recibieron sobresueldos, si eran en negro o en blanco, si financiaron sus campañas de manera irregular y si puede explicar de dónde sacó Bárcenas aquellos 22 millones suizos. Y que asuman sus responsabilidades con diligencia, comenzando por el ministro de Hacienda que diseñó una amnistía fiscal a la medida de defraudadores y delincuentes, mientras exigía sacrificios a la mayoría de gente cumplidora y decente.

Aclarar y limpiar rápido, porque la tolerancia de los estómagos es limitada, y todos los españoles hemos tenido que digerir en estos días los mensajes hipócritas sobre el ajuste del gasto público. Por una parte nos decían que era imprescindible recortar el sueldo a los políticos de la oposición, mientras ellos se repartían los presuntos sobres de Bárcenas. Por una parte suprimían las urgencias sanitarias en los pequeños pueblos castellanos porque había que “equilibrar las cuentas públicas”, mientras sumaban sueldos sobre sueldos presuntos en sus cuentas personales.

Y después tiene que llegar la respuesta colectiva. Para prevenir y atajar esa lacra, sobre todo. Porque una vez denunciada, el daño está hecho, aunque se diluciden responsabilidades y se cumplan las condenas. Es preciso impedir la ocasión. Pero no son necesarios más pactos. Basta el trabajo colectivo, de políticos y de no políticos, donde corresponde, en las instituciones democráticas. Sobre todo en las Cortes Generales, que es donde se hacen las leyes.

Garantía legal de transparencia absoluta en el comportamiento público y privado de los responsables públicos. Transparencia cristalina para las finanzas de los partidos. Acabar con la discrecionalidad y la opacidad en algunos instrumentos de contratación pública. Prohibir suplicatorios, acuerdos judiciales e indultos que alimenten la impunidad del corrupto. Refuerzo público al investigador y al instructor judicial en la aclaración de los casos de corrupción. Castigo contundente al corrompido y al corruptor, por acción, omisión o disimulo, sea persona física, empresa o banco. Fulminar los paraísos fiscales que son paraísos de delincuentes…

Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es la verdad.