Efectivamente, hay en estos momentos cientos de encausados en distintos lugares del país a consecuencia de su activismo sindical, particularmente con ocasión de las huelgas generales de 2010 Y 2012. Que vivimos tiempos que nos recuerdan el pasado puede ilustrarlo una reciente sentencia que toma en consideración el recurso del fiscal para que la pena de seis meses impuesta a dos trabajadoras se elevara a más de tres años,sin que pueda asegurarse su participación individual dentro del grupo que deterioró el agua de una piscina, daño valorado en 400 euros, y haber manchado el traje del gerente de la empresa, cuya reparación se estimó en 125 euros. Puede parecer inconcebible tan brutal desproporción entre los hechos que se les imputan y la condena de cárcel que van a sufrir. Si se diera un trato equivalente, no sólo en relación a la cuantía del perjuicio sino por la dimensión política y social de los delitos atribuidos a los muchos Bárcenas y Urdangarines que nos rodean, cabría suponer que sus condenas serían las más próximas a la cadena perpetua. Seguro que no será así. Y no lo será, porque los raseros penales ponen seriamente en duda eso de que la justicia es igual para todos.

No hace falta decir que los abundantes casos a los que se hace referencia son en su práctica totalidad de miembros de piquetes informativos, que desde siempre han acompañado las convocatorias de huelgas sectoriales o generales. No están, ni mucho menos, prohibidos y en las ocasiones en que se producen tensiones o altercados por su actuación no es raro que estén asociados a la intervención de las fuerzas de orden público. Pero lo sintomático es que en las varias decenas de casos analizados por los servicios jurídicos de los sindicatos se ha constatado que en su práctica totalidad ni ha habido fenómenos de violencia ni se han menoscabado bienes jurídicos relevantes. Por otra parte, es también sintomático que, a menudo, las imputaciones se hagan a cargos o dirigentes sindicales presentes, al margen de su intervención concreta y directa en los hechos. Una parte de las sanciones son de naturaleza administrativa, pero la tendencia a penalizarlas con cárcel va a más, a la par de estar acompañadas con peticiones de tres y más años para que no haya duda de que se ingresa en prisión.

Es también digna de mención la contradicción entre la brutalidad de las peticiones fiscales y la doctrina que en relación a la preservación de los derechos fundamentales emana del Tribunal Constitucional. En concreto, su sentencia 104/2011dice textualmente: “no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir, por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada”. Está claro que algunos miembros de la judicatura lo entienden al revés, es decir, que se trata precisamente de disuadir del ejercicio del derecho de huelga.

Ahorro el extenderme en consideraciones sobre el porqué de tanta desproporción entre los hechos que se enjuician y las condenas que se piden. Simplemente recuerdo que este proceso de criminalización de la huelga se desató tras las elecciones generales de 2011; que discurre en paralelo a las campañas de descrédito de los sindicatos; que está íntimamente ligado a las reformas laborales y a los múltiples recortes al conjunto de servicios y prestaciones del sistema público de protección social; amén de otras iniciativas contra otros derechos como los contenidos en la inicial propuesta sobre la ley de seguridad ciudadana, cuya desmesura ha desatado tal rechazo que ahora parece que la quieren rectificar. Resumiendo, estamos en un período en el que se trata de despejar el camino de la involución que encierran las políticas en curso, debilitando al máximo el obstáculo que frente a ellas representa el movimiento sindical.

Decía un dirigente del PP que nos escandalizábamos porque en las recientes elecciones europeas creciera la extrema derecha y los populismos en una serie de países, mientras callábamos por el ascenso aquí de la extrema izquierda. Es puro sectarismo y miopía política atribuir a los votantes de “Podemos” su identificación con la extrema izquierda. Pero de lo que no parece haber muchas dudas es de que si en España no crece la extrema derecha es porque debe sentirse cómoda con el Partido Popular.