Ante la transcendencia del problema no caben medias tintas ni engaños en los medios de comunicación, dando la apariencia de hacer cambios para que todo siga igual. Hay que asumir responsabilidades, pasadas, presentes o futuras por parte de todos, porque de lo contrario, el sistema puede entrar en una fase de no retorno democrático.

Lo primero que hay que decir, con sosiego y aunque parezca atrevido en estos momentos, es que la corrupción no es una cuestión de políticos y funcionarios públicos. Se encuentra en todas las esferas de la sociedad y hay que luchar contra ella de manera global. Donde hay corruptos hay corruptores, y en estos últimos también hay que poner el foco, porque son los grandes beneficiarios de un sistema que se preocupa y ocupa poco de ellos. Forman parte del engranaje de poder económico y delincuencial que en ocasiones sobrepasa la propia frontera nacional.

Prevenir y combatir de manera eficaz la corrupción requiere voluntad, legislación, justicia y cooperación dentro de la Administración y entre los Estados. Pero también, participación activa de los ciudadanos, ya sea individualmente o a través de organizaciones de todo tipo, para conseguir el objetivo de acabar con ella.

Frente a la codicia sin fin y a cualquier precio, hay que promocionar la integridad, la transparencia, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos y privados. Pero también, hay que desarrollar las medidas necesarias para acabar con la sensación de impunidad. Esto significa extradición de los corruptos allí donde se encuentren para que paguen por sus delitos, y devolución del dinero o los bienes conseguidos con su comportamiento delictivo.

La participación de la sociedad en la prevención, lucha y sensibilización respecto a la corrupción, sus causas y la grave amenaza que supone, es uno de los pilares fundamentales para erradicar esta lacra. Como señala la ONU, aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; garantizar el acceso eficaz del público a la información; realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; y respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción, son medidas imprescindibles.

Los Estados también tienen que protagonizar un cambio global, acabando con los paraísos fiscales que cobijan mucha de la corrupción que sufren las sociedades, y exigiendo a las instituciones financieras el control del blanqueo de capitales y transparencia en toda su información. Al mismo tiempo, hay que incrementar la transparencia con medidas como:

1. Las Administraciones, las entidades que la integran, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, universidades públicas, agencias, entes públicos y cualquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada al sector público, incluidas las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participe ésta directa o indirectamente de manera superior al 50 por ciento, publicarán una vez formalizados, y en el plazo máximo de tres días, todo contrato que realice. Y junto al mismo un resumen sucinto de las ofertas que hayan participado en concurrencia competitiva con el citado contrato.

2. Acceso público y por internet de cualquier ciudadano al Registro de Contratos de las Administraciones.

3. Imposibilidad de contratar con las Administraciones de aquellas empresas condenadas en casos de corrupción.

4. Establecer la denominada “huella legislativa”, que consiste en la obligación de publicar toda decisión o actuación que implique la adopción de leyes u otras disposiciones que adopten los poderes públicos, fundamentalmente si las decisiones comportan gasto. Afectará a los poderes legislativo, ejecutivo y a las Administraciones, y se referirá particularmente a cuestiones de personal, remuneraciones, contratos públicos de las Administraciones, subvenciones, urbanismo y gestión patrimonial.

5. Publicación con acceso a todos los ciudadanos a través de internet de los contratos menores y de las subvenciones realizadas por cualquier Gobierno, organismos, entes y empresas públicas.

6. Establecer la figura de la Declaración de Impacto Democrático. Compromiso de realizar la misma transparencia que exista en el sector público para todos aquellos que accedan a concesiones del sector público.

7. Promover la participación ciudadana en la elaboración y conocimiento del planeamiento territorial y urbano, introduciendo las medidas legislativas necesarias que aseguren:

a. Fortalecer la ética asociada a la defensa de los bienes públicos recuperando la intervención colectiva sobre la construcción de las ciudades.

b. Abrir espacios para las decisiones compartidas entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.

c. Diferenciar el derecho a la iniciativa privada del de la participación ciudadana, con el fin de hacer transparentes los procesos de planificación urbanística.

d. Favorecer el acceso a la información urbanística, mediante “Guías de Buenas Practicas”, que hagan llegar la información al ciudadano de manera accesible.

e. Promover foros de concertación social durante el proceso del planeamiento, incorporando dinámicas participativas que fomenten los procesos de debate y consulta directa de los ciudadanos en la elaboración del planeamiento urbanístico, enterrando la vieja concepción de que el urbanismo es el resultado de una negociación entre propietarios, administraciones y profesionales para repartir valores del suelo.

8. Enviar cada seis meses a los Parlamentos toda la información sobre los gastos de representación e indemnizaciones de los altos cargos del Gobierno y directivos de los organismos, entes y empresas públicas de la Administración Autonómica.

9. Establecer sanciones ante el incumplimiento de los Gobiernos del deber de trasladar en los plazos legales la información solicitada por los distintos Grupos Parlamentarios.

10. Reforzar la fiscalización y control parlamentario de las empresas públicas, entes y organismos estableciendo la comparecencia semestral de oficio de los presidentes de las mismas.

Este es el camino.