A pesar de la contundencia de estas cifras, el déficit público no cumplirá con los compromisos adquiridos para este año (4,5% del PIB) y se situará en torno al 6%; por su parte, la deuda pública en creciente ascenso se situará por encima del 90%. En todo caso, estamos hablando de datos muy negativos de los que sólo se salva el saldo exterior que será positivo este año (2,5% del PIB) y el próximo (3,5% del PIB), según el Banco de España, ante el aumento de las exportaciones y, sobre todo, la caída de las importaciones por el desplome de la demanda.

Estos datos confirman el sonoro fracaso de las políticas de austeridad y de ajustes indiscriminados y, lo que es más grave, el reparto desigual del costo de la crisis, como reflejan los datos publicados en los últimos meses relacionados con la inflación y lo confirman las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno sobre las jubilaciones anticipadas y parciales y el acceso a la prestación por desempleo de uno de los colectivos más vulnerable y más afectado por la crisis: los mayores de 55 años.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el IPC del mes de febrero ha subido dos décimas sobre el mes anterior y, en cómputo anual, se ha situado en el 2,8%, una décima por encima del pasado mes de enero; también la inflación subyacente aumenta una décima y se sitúa en el 2,3%. En todo caso, se trata de unos porcentajes (por encima de la media europea) que reducen nuestra competitividad y penalizan a los más débiles (impuesto invisible), en un momento de fuerte recesión económica; precisamente, cuando se debería producir una fuerte caída del IPC y no una subida como está ocurriendo en los últimos meses, lo que es debido al aumento del IVA, al incremento de los precios energéticos y, sobre todo, a la actitud especulativa de muchos empresarios (aumento de márgenes) en la configuración de precios.

A todo ello hay que añadir, según UGT, la caída de los costos laborales y el crecimiento del excedente bruto de capital. Efectivamente, en el IV trimestre del pasado año el costo laboral por hora se redujo un 3,1% y, específicamente, en la Administración Pública los descensos son superiores al 15%. Por su parte, la remuneración de los asalariados se desploma (descendieron en el último trimestre de 2012 un 8,5%, según Contabilidad Nacional) y los incrementos medios pactados en los convenios se moderan (de acuerdo con el II AENC, 2012-2014): crecen el 0,90% en los nuevos convenios de empresa y el 1,06% en los convenios sectoriales; en cambio, los convenios revisados de años anteriores fueron del 0,66% y del 0,33% respectivamente.

En definitiva, mientras los costos laborales y los salarios caen, los excedentes de explotación de las empresas siguen creciendo (1,4%, según Contabilidad Nacional), a pesar de haberse moderado desde niveles de aumento del 5% hace año y medio. Y todo ello ocurre bajo un pacto de rentas entre los interlocutores sociales (II AENC) que vienen incumpliendo sistemáticamente los empresarios (CEOE), a pesar de ser los grandes beneficiarios del acuerdo de rentas mencionado y de la reforma laboral.

A esta situación hay que añadir las medidas unilaterales llevadas a la práctica por el Gobierno a través de un decreto-ley de reforma de la jubilación parcial y anticipada y el endurecimiento del acceso al subsidio de desempleo que incrementa aún más la desprotección social de los trabajadores de mayor edad. No resulta extraño, por lo tanto, que los sindicatos (CCOO y UGT) hayan reaccionado contundentemente contra estas medidas, sobre todo cuando vulneran el Pacto de Toledo, incumplen el Acuerdo Social y Económico de 2011 sobre pensiones (sin esperar a ver los resultados del compromiso asumido por los interlocutores sociales y el Gobierno) y, de manera irresponsable, golpean al diálogo y a la concertación social.

En concreto, el Gobierno endurece el acceso a la jubilación anticipada y parcial de las personas mayores despedidas y sin ninguna expectativa de encontrar un nuevo empleo (se exigirá más edad, más años cotizados y se pagarán menores pensiones), lo que, además, dificultará el contrato de relevo del que se benefician los jóvenes que, no lo olvidemos, tienen un índice de desempleo que supera el 50% en los que no han cumplido 25 años. De la misma manera, se endurece el acceso al subsidio de desempleo para los mayores de 55 años al modificarse la cuantía de ingresos para acceder al Sistema: el desempleado mayor de 55 años, aunque carezca de rentas, no podrá percibir el subsidio de desempleo si tiene cónyuge y convive con hijos menores de 26 años y la suma de todos los ingresos de los integrantes de la unidad familiar -incluido el solicitante- dividida por el número de miembros que la componen supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En este sentido, CCOO recuerda que estas medidas se producen cuando en la presente crisis se ha triplicado el número de personas que se han visto obligadas a solicitar un subsidio de desempleo, pasando de una media en torno a 400.000 personas, en 2007, a más de 1.236.000 en enero de 2013.

En definitiva, nuevos recortes que, según la Seguridad Social, ahorrará en torno a 5.000 millones de euros cuando entre en vigor (año 2027) y penalizarán gravemente a los más afectados por la crisis y por el desempleo: desempleados mayores de 55 años con dificultades para acceder a la pensión y al subsidio de desempleo. Ello aumentará la desprotección social de un colectivo especialmente vulnerable, creará una mayor desigualdad e incrementará el riesgo de pobreza. Un auténtico atropello que, se nos dice, nos impone la UE (en todo caso, con el beneplácito del Gobierno), sin considerar nuestra situación económica y social.

Finalmente, la nueva reforma aborda el desarrollo del “factor de sostenibilidad” (actualización periódica de las pensiones utilizando la esperanza de vida y otros factores, con el propósito de recortar nuevamente el gasto en pensiones), para lo que se formalizará una “comisión de expertos” en el plazo de un mes. Debemos recordar lo nefasto que resulta reducir las pensiones en una coyuntura recesiva y con un alto índice de desempleo; sobre todo cuando la cuantía media de las pensiones y el gasto global del Sistema están muy por debajo de la media europea y la edad de jubilación real se encuentra en 63,9 años, muy por encima de lo que acontece en la UE.

Venimos insistiendo, además, en la necesidad de abordar el capítulo de ingresos del Sistema, no solamente el capítulo de gastos. En todo caso, una reforma de estas características requiere tiempo, debate y esfuerzo en la búsqueda de consensos y, por lo tanto, recuperar cuanto antes el Pacto de Toledo, maltratado por el Gobierno con las últimas medidas. El aprovechar la crisis y, sobre todo, las cifras de desempleo para abordar la sostenibilidad de las pensiones resulta repugnante desde cualquier punto de vista. Ningún país con un 26% de paro y con el fraude fiscal y la economía sumergida que tenemos, puede sostener sus pensiones…, ni siquiera Alemania. Este diagnóstico (junto a las medidas que se proponen), de marcado carácter ideológico y claramente influenciado por el sector financiero hay que pararlo; simplemente porque perjudicará a millones de futuros pensionistas, beneficiará el negocio de los fondos complementarios de pensiones (sistema financiero) y porque, además, hay otras alternativas más justas y sostenibles en términos económicos y sociales. Sobre todo cuando el Gobierno no exige esfuerzos proporcionales a las rentas del capital y a las grandes fortunas, ni lucha contra el fraude fiscal y mucho menos se plantea estimular la economía con el propósito de generar empleo.

A pesar de estas razones, todo indica que el Gobierno no va a modificar su política económica y social, puesto que ya ha dado sobradas muestras de secundar los planteamientos neoliberales que gobiernan la UE (generadores de paro, desigualdad y pobreza) y de encontrarse cómodo defendiendo una política encaminada a corregir el déficit, en base a una política de fuertes recortes sociales, sin tener en cuenta los estragos que está causando en términos económicos y sociales.

Por eso, desde la izquierda, es exigible una respuesta consensuada y global que haga hincapié en los siete grandes asuntos que preocupan a los ciudadanos: crecimiento de la economía (sin crecimiento no hay empleo); políticas activas de empleo, reforma fiscal y lucha contra el fraude (aumentar los ingresos fiscales hasta situarlos en la media europea); transparencia en el rescate del sector financiero (soluciones para los desahuciados y afectados por las “preferentes”); reforzar la protección social (pensiones, prestación por desempleo y dependencia); servicios públicos universales, gratuitos y de calidad (sanidad, enseñanza y transporte público); y, finalmente, cambiar nuestro modelo productivo por otro que nos ayude a salir de la crisis y a ser más competitivos en un mundo globalizado.

Las alternativas a estos asuntos se deben contemplar en una plataforma de mínimos -con memoria económica- avalada por los partidos de la oposición al Gobierno. Se trata de elaborar una propuesta sostenible en términos económicos y sociales, que sea capaz de generar ilusión y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, los sindicatos deben concretar también sus alternativas y defenderlas en los centros de trabajo y en la calle. Ello requiere de acuerdos mínimos entre los movimientos emergentes y la Cumbre Social (con CCOO y UGT a la cabeza), que den nueva cobertura a las movilizaciones en contra de una política que ha dinamitado el diálogo social (fuga hacia delante), para imponer unas medidas que están fracasando estrepitosamente en términos económicos y sociales. Lo más grave de la situación es que la política del Gobierno incumple todos los compromisos electorales del PP, se basa en una gran mentira, representa una vulgar estafa y sólo confía en la impunidad y en el olvido como instrumentos de defensa. Todo ello está resultando insoportable y está produciendo una fuerte indignación porque se hace a costa de los más débiles, de los que no han sido los causantes de la crisis, ni son los responsables de haber cometido semejantes fechorías. Por eso, el país y la sociedad necesitan, cuanto antes, un profundo cambio y una rápida regeneración democrática que ponga freno al desempleo, a la desigualdad y a la pobreza. Desde luego, otra política es posible.