En los círculos políticos, la situación está siendo objeto de todo tipo de cábalas, análisis y consideraciones. Los más “enterados” sostienen que Solbes tiene poderosas razones para actuar de esta manera. Los “rigurosos” defienden que es preciso actuar de manera más ordenada y sistemática. Los “humoristas” intentan encasillar el papel del Vicepresidente a caballo entre el modelo de “el tío Paco –o tío Pedro– con la rebaja” y el de “Don Cicuta”. La oposición se frota las manos. Y los electores potenciales del PSOE no saben con qué carta quedarse.

El problema es que ante tan peculiar situación no siempre se está haciendo el esfuerzo necesario para objetivar los asuntos y para ponderar la necesidad y bondad de algunas de las propuestas e iniciativas que se suscitan. El último caso sometido a cuestionamiento revela el alcance del problema que tiene el actual Ejecutivo. Y los problemas de credibilidad y solvencia que a ello pueden ir asociados.

Cuando nada menos que el Ministro de Trabajo, y coordinador del Programa Electoral del PSOE, propone una subida del salario mínimo, en respuesta a una reivindicación expresa de los sindicatos, hay que convenir que no estamos ante una cuestión nimia. Hay que recordar, en este sentido, que el salario mínimo en España está fijado en 666 euros, la mitad que en Francia, Bélgica, Holanda y el Reino Unido, y menos aun de la mitad que en otros países europeos que tienen tales parámetros, como Irlanda o Luxemburgo. Países todos ellos con los que la renta per cápita española ha convergido notablemente en los últimos años. En este caso, lo que muchos trabajadores se preguntan legítimamente es por qué razón nuestro salario mínimo es la mitad que el de otros países europeos, cuya renta apenas difiere de la española en un 10% o un 15%.

La cuestión no es baladí en términos de equidad salarial y de política de rentas, ya que la fijación del “salario mínimo” –que en realidad cobran pocos trabajadores– es una herramienta social útil para prevenir formas extremas de explotación y de infra-remuneración, que sufren especialmente los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes. Su virtud, precisamente, es que, por esta vía, en buena lógica socialdemócrata, se puede contribuir a atajar determinadas derivas desigualitarias y fenómenos, como el de los “mileuristas”, que están socavando gravemente las perspectivas vitales de una parte importante de la juventud. Por eso, en las últimas elecciones francesas la bastante moderada candidata Ségolène Royal propuso elevar el salario mínimo de los franceses de los 1.254 euros actuales a 1.500 euros.

¿Tan peligrosa y exagerada resulta, en este sentido, la propuesta de Caldera –y de los sindicatos– de elevar el salario mínimo español en los próximos años hasta 800 euros mensuales? ¿Está hablando –y cautelando– en serio el Vicepresidente Solbes? ¿Tan difíciles son de entender las razones y las exigencias sociales en el marco de un proyecto socialdemócrata? ¿Qué poderosas razones llevan a objetar tales medidas y propuestas?

Pero mucho ojo, que en medio de tanto baldeamiento de agua fría, en las sombras del poder empiezan a acariciarse alternativas al “tío Pedro”, que enredadas en el sedal de increíbles ideas fiscales, podrían dejar muy a la izquierda al propio Solbes, y desde luego –que nadie se engañe–, más que enfriados, helados, a buena parte de los electores de izquierdas.