A lo largo de la Conferencia ha quedado clara la interrelación entre agua y energía (la obtención de agua limpia exige energía y la producción energética exige la disponibilidad de agua en mayor o menor medida) y, sobre todo, la fuerte y creciente incidencia de ambas (agua y energía) en la evolución y crisis ambiental del Planeta.

Los representantes de las distintas Agencias de la ONU han dejado clara la gravedad de la problemática asociada al hecho de que las necesidades de nuevas disponibilidades hídricas, para el 2030, llevan a estimar que puede existir para esa fecha una demanda insatisfecha del orden del 30 al 40% en el planeta; y que dicha demanda insatisfecha puede llegar a afectar a del orden del 55% de la población mundial en 2050, pudiendo ser una de las causas de generación de graves conflictos territoriales. Igualmente, para el 2030, el mundo necesitará un 50% más de alimento y del orden de un 43% más de energía, al mismo tiempo que esta oferta es cuestionada y crecientemente encarecida por los límites ambientales del Planeta. Como ya se ha señalado en otras ocasiones, para 2030, con la dinámica actual, se necesitarían los recursos y capacidad de asimilación y depuración de más de dos planetas para solventar las necesidades de consumo y reciclado de la contaminación de la humanidad. Y son necesarias medidas urgentes que prevean y eviten los efectos catastróficos a que puede conducir esa situación.

En la Conferencia estaba implícito en las discusiones, y en muchas ocasiones ha quedado claramente explícito, que existe la tecnología necesaria para resolver en parte estos problemas. La mejora derivada en la productividad del uso del agua y en la puesta a disposición de nuevas ofertas hídricas puede resolver el 40% de las nuevas necesidades hídricas, pero el 60% restante tiene que venir asociada a nuevos volúmenes de inversión y a capacidades de gestión no aseguradas en la actualidad ni priorizadas por Gobiernos e Instituciones en magnitudes que estén en consonancia con la gravedad potencial del os problemas esperados. Adicionalmente, la producción energética utiliza del orden del 8% del agua dulce disponible a nivel mundial, pero en algunos países desarrollados llega a superar hasta el 40% del total. Y el incremento de población esperado hasta 2030, sus necesidades de alimentación y su demanda energética implican una fuerte presión hídrica adicional, con lo que las necesidades de agua se espera que crezcan muy significativamente mientras que el cambio climático puede afectar de forma muy grave a las áreas que ya soportan déficit hídrico o en las que son crónicas las situaciones de sequía. Situación en la que hay que situar muchas de las regiones españolas, en las que la sobreexplotación de acuíferos y los procesos periódicos de sequías agudas dan una dimensión especial a las interrelaciones entre energía y consumo hídrico. De hecho, en España, de unos 55.000 hectómetros cúbicos almacenados en los embalses, del orden del 40% están asociados a la producción hidroeléctrica. Y con la excepción de la producción de energía eléctrica eólica o solar, todo el resto de sistemas de producción de electricidad utilizan agua en mayor o menor proporción (nuclear, térmica, ciclo combinado, termosolar, …) o generan efectos contaminantes sobre el recurso hídrico de mayor o menor significación.

Esta problemática, con pequeños matices, ya era conocida, por lo que, en varias sesiones, la cuestión que se planteaba era la de: ¿qué es nuevo ahora? Y las respuestas más generales recogían hasta seis consideraciones diferenciales: 1) El riesgo ambiental derivado de las contradicciones entre los crecientes usos y los limitados recursos, derivadas del crecimiento de población, consumos y agresiones al medio, en los que el agua y la energía cobran una particular importancia e incidencia. 2) El mejor conocimiento de las interrelaciones sistémicas en la globalidad de los procesos ecológicos y socioeconómicos. 3) Objetivos cada vez más integrados,al menos en los discursos formales de las instituciones y de muchos gobiernos, con la mirada teóricamente puesta en un desarrollo ambientalmente más sostenible, ante la consciencia de la importancia de esa sostenibilidad ambiental y de las interrelaciones implícitas en la misma. 4) Un mayor conocimiento científico de los procesos y de las formas de optimizar su planificación e interrelación. 5) Más y más eficientes tecnologías disponibles en materia de agua, energía y en la optimización de la eficiencia en su uso independiente e interrelacionado. 6) Mayores esfuerzos por aportar a la sociedad una información más útil, con una mayor transparencia, que favorezca la compresión ciudadana de retos y objetivos, así como un mayor esfuerzo por integrar a la sociedad civil en las tomas de decisiones, sobre todo en los ámbitos en que las medidas son más cercanas al uso directo de las infraestructuras y recursos naturales.

Aunque las Conclusiones de la Conferencia (Lecciones aprendidas) todavía no están disponibles, sí es factible destacar algunos de los aspectos que en mi opinión son más significativos y de utilidad para la problemática española en materia de agua y energía. Así, las empresas especializadas y las agencias internacionales tienen una confianza total en que procesos como sistemas inteligentes (territorios o ciudades inteligentes) permitan enfocar la problemática de manera racional y eficiente, minimizando los problemas asociados en base a ese mayor dominio tecnológico, por lo que, para ellos, la problemática fundamental gravitaría sobre los países emergentes o en desarrollo, sin medios para la aplicación de las tecnologías correspondientes.

En este sentido, en España hay una tendencia creciente a considerar que los saltos hidroeléctricos reversibles pueden ser una buena solución para almacenar agua en los períodos en que la demanda energética es inferior a las potencialidades nucleares y de las renovables en funcionamiento, utilizándose este excedente para elevar caudales a los embalses de cabecera y mantenerla como energía potencial para las épocas en que la demanda supera la capacidad de producción renovable. El ejemplo óptimo y paradigmático sería el sistema integrado de balsas y aerogeneradores establecido en la isla de El Hierro para asegurar un sistema energético eólico-hidráulico renovable interdependiente de bajo coste. Igualmente se considera que existen posibilidades de mejora de la eficiencia de regadíos en términos de consumo de energía –que se ha convertido en uno de los principales costes de la agricultura de regadío- con ejemplos como el entubamiento de los principales canales de la red de riego para ahorrar energía, que se está llevando a cabo por parte de sociedades de regantes, que muestran que hay alternativas de mejora tecnológica eficiente cuya aplicación y desarrollo va en consonancia con el incremento de los costes de la energía.

Sin embargo, no queda claro (o al menos no me queda personalmente claro) que los esfuerzos inversores y la automatización de muchos de estos procesos sean realmente eficientes en términos de usos de recursos y en términos de eficiencia final en su uso; o que no establezcan una dependencia excesiva de los gestores/mantenedores de los sistemastecnológicos, y que su aportación global a la sostenibilidad del desarrollo, o al coste de acceso a los recursos hídricos o energéticos no sea, en algunos casos, muy discutible. Porque existe una problemática adicional, asociada a los costes crecientes de disponibilidad de ese agua y de esa energía por las inversiones y tratamientos necesarios, en estos tiempos en que las desigualdades socioeconómicas generadas por el modelo establecido y promovido por los Gobiernos a instancias de los beneficiarios del mismo (capital financiero-especulativo, fundamentalmente) están llevando a una cuarta parte de la población de los países desarrollados al riesgo de pobreza, con cifras mucho más elevadas, ya cercanas al 30%, para países como España; donde, además, la creciente precariedad en los puestos de trabajo, el porcentaje creciente de jubilados y desempleados sobre la población total, y la desmembración de la sociedad del bienestar -con menores niveles de cobertura y la generalización del copago- están llevando, de forma creciente, a un importante número de familias al grupo de los denominados colectivos en pobreza energética o hídrica: personas con incapacidad de pagar las facturas de acceso a la energía o al agua.

Por otro lado, en la relación agua-energía se constata un claro desequilibrio en términos económicos. Mientras que para una empresa de gestión del recurso hídrico del orden de un 30% de su coste operativo viene representado por el coste energético necesario para gestionar el agua, a las empresas energéticas su elevado consumo hídrico para generar electricidad (mover las turbinas o enfriar el proceso), o la afección a las disponibilidades de este recurso por la contaminación hídrica generada por la obtención de recursos energéticos (fracking, minería,..), por otros tipos de contaminaciones (radiación, vertidos, etc.), o por la inmovilización de recursos hídricos que supone su almacenamiento para la generación hidroeléctrica, no tienen una repercusión significativa en los costes de producir esa energía, con lo que se produce, frecuentemente, un despilfarro de recursos hídricos que son, normalmente, proporcionales a los consumos asociados.

En la Conferencia se han presentado diferentes innovaciones tecnológicas en refrigeración seca e híbrida para la generación de energía eléctrica, o en la utilización de una combinación de energías renovables para asegurar que éstas están disponibles cuando se necesitan en la gestión del agua, pero todas ellas exigen políticas y recursos de inversión, y generan nuevos costes, que no siempre pueden ser asumidos en la situación actual.

En este marco, y como es intrínseco a la labor y posición de Naciones Unidas, su apuesta y recomendaciones se centran en promover la cooperación entre las partes también en este campo del agua y la energía, en el que estiman que, en un mundo como el actual, la cooperación y las alianzas son una necesidad que no es posible obviar, ya que es sencilla de establecer, amplía la capacidad de intervención, permite mejoras muy sustanciales en la eficiencia y en el ahorro de agua y energía, permite soluciones más sostenibles ambientalmente, y viabiliza los derechos de acceso al agua y a la energía para el conjunto de la colectividad. En todo caso, cualquier proceso de cooperación implica aceptar que la consecución de objetivos complejos, que afectan al presente y al futuro de la población del planeta, no se puede resolver de forma individualizada; y que es desde esa cooperación desde la que es factible encontrar soluciones concertadas y globalmente eficientes si se parte del adecuado enfoque científico y técnico, se establecen en base al interés general a largo plazo, y las soluciones no se subordinan a los intereses particulares de los implicados.

Adicionalmente, otra faceta de estos problemas está asociada a la dimensión territorial. No existe una solución general aplicable a cualquier situación o territorio, si bien el servicio es finalmente local (dotación y abastecimiento a la población) de lo que se deriva la importancia de la concertación/alianzas a nivel local, y las ventajas asociadas a planteamientos que favorezcan la obtención de recursos que puedan derivarse de los propios ámbitos locales, evitando la dependencia externa y los costes de trasporte de los recursos, salvo si no existen alternativas eficientes.

En este sentido, uno de los aspectos fundamentales considerados en la Conferencia ha tenido que ver con los precios del agua y de la energía, constatándose, de forma generalizada, que existe un importante gap, sobre todo en el caso del agua, entre los costes de puesta a disposición más los costes de oportunidad y ambientales asociados al agua, y las tarifas que se cobran por la disponibilidad de este recurso, sobre todo en el campo de las actividades productivas, incluida la propia producción de energía. Dicho desajuste no ayuda a una utilización ni asignación racional del recurso hídrico ni incide adecuadamente en una valoración correcta de los costes reales de la energía derivados del consumo/inmovilización del recurso hídrico. Ni tampoco ayuda a una evaluación correcta de la rentabilidad de las inversiones privadas ni del papel que debe corresponder a la inversión pública en los procesos hídricos o energéticos.

Y en este marco se constata que, desgraciadamente, en España se ha desaprovechado la oportunidad que significaba la elaboración de los Planes Hidrológicos de Demarcación, que han sustituido a los antiguos Planes Hidrológicos de Cuenca, para incorporar la problemática asociada a las interrelaciones entre agua y energía, y para incorporar la importancia de establecer una valoración adecuada de las repercusiones económicas, en términos de costes y de disponibilidad del recurso hídrico, que implican los horizontes de sequías periódicas (con períodos de retorno del orden de once años) que caracterizan a este país. Ni tampoco se han considerado adecuadamente las consecuencias potenciales del calentamiento climático a medio plazo, ni las medidas económicas previsoras de sus efectos más negativos. El haber dispuesto –afortunadamente- de un ciclo hídrico, desde 2008, de fuerte pluviosidad ha hecho olvidar los problemas históricos padecidos y la gravedad de los acontecidos en 1993-1995 o en el período 2004-2008. Se han establecido acuerdos entre las Comunidades Autónomas afectadas por el Trasvase Tajo-Segura en momentos de fuertes recursos hídricos, que difícilmente soportarán los efectos de la próxima sequía. Y aunque las desalinizadoras desarrolladas por el Programa AGUA, puesto en marcha en 2004, asegurarán en las próximas sequías el agua necesaria para abastecer a la población, industria y sector servicios, con particular significación del sector turístico, las disponibilidades no serán suficientes para abastecer la creciente demanda agrícola; y volverán las tensiones y los problemas interterritoriales, que deberían haberse previsto y enfocado a través de una política de precios del agua que fuera acercando las tarifas repercutidas a los agricultores a los costes reales de la disponibilidad de los recursos hídricos. Y tampoco se han tenido en cuenta aspectos fundamentales en la sociedad actual como son la huella hídrica y energética de las actividades correspondientes(por ejemplo, un kilo de trigo implica el consumo de del orden de 1,5 metro cúbicos de agua y de unos 10 mega-julios de energía, y un kilo de carne del orden de diez veces más de agua y veinte veces más de energía)de manera que dos de los más graves problemas que afectan a la sociedad española en la actualidad y que presentarán una problemática creciente en el futuro pudieran enfocarse con criterios de eficiencia y racionalidad para el interés general.

En todo caso estamos lejos de ser capaces de aprender de los errores históricos y nuevamente el actual Gobierno tiene en su mesa la posibilidad de abrir la puerta al trasvase del Ebro tras la finalización de los Planes Hidrológicos de Demarcación (sólo resta el del Júcar) bajo la acientífica premisa de que esta cuenca es excedentaria y tras el reiterado error de no considerar la totalidad de costes y efectos derivados de las distintas situaciones ligadas al recurso hídrico en nuestro país.

Pero no es previsible que en España, en 2014, se vea la puesta en marcha del cada vez más imprescindible cambio de rumbo en políticas públicas que piensen más allá del PIB, se centren en los intereses generales de las personas a largo plazo, y subordinen a estos a los dominantes intereses a corto plazo del capital. Y ello pese a que algunas de las consecuencias de estos procesos, como lo acontecido con el cambio climático, sean cada vez más evidentes y sus efectos cada vez más graves para la sociedad. Y el negativo giro que se está produciendo en la Unión Europea en estas materias de agua y energía, que se habrá de concretar en el próximo Consejo Europeo de marzo de este año, bajo la Presidencia de Grecia, no deja abierto mucho camino a la esperanza de que sea el interés general a largo plazo el que presida las decisiones que se adopten. Afortunadamente este año hay elecciones a un Parlamento Europeo con importancia creciente en el devenir de la Unión. Esperemos que una información adecuada a los ciudadanos y el malestar y contestación creciente de distintos grupos sociales, permitan exigir que se defienda una política más cercana a los intereses generales a largo plazo, modificando la continuación de medidas que finalmente implican trasvases de renta a grupos de intereses oligopolistas (sector financiero, energético, grandes corporaciones gestoras de los recursos hídricos, …).

¿Percibirá a tiempo la población la gravedad de la situación y obligará a los políticos a un cambio de comportamiento, y de enfoque en los objetivos de sus medidas, centrando éstas en el bienestar de los ciudadanos presentes y futuros, y no en estos intereses particulares?