Después de la elección de los alcaldes y de haberse perfilado los gobiernos de las CCAA, Rajoy ha vuelto a retomar el hilo conductor de su invariable discurso contra la oposición que, previsiblemente, discurrirá hasta las elecciones generales de finales del presente año: la inestabilidad política y la incertidumbre son los mayores males que acechan a nuestra economía; en tiempos de turbación no conviene hacer mudanzas; no hay que volver a las andanzas de Zapatero, sobre todo cuando la economía está creciendo por encima de la media europea… Todo ello acompañado de los exabruptos propios de los dirigentes de la derecha más rancia y radical: frente popular (bolchevique), comunismo de nuevo cuño, creación de soviets en los barrios, huida de los inversores, entrada de nuevo en una economía en recesión y otras lindezas relacionadas con la idea preconcebida de meter miedo a la ciudadanía.

El presidente del Gobierno tiene un especial interés en defender la bondad de las políticas de austeridad y ajuste que ha venido aplicando en su mandato y, además, las pretende justificar, exclusivamente, con los buenos resultados macroeconómicos alcanzados. Sin embargo, la realidad social es muy distinta y resulta particularmente dura para más del 30% de la población, que sufre las terribles secuelas del desempleo, la precariedad, la falta de protección social, la desigualdad y, finalmente, de la pobreza que, incluso, afecta a trabajadores con empleo pero con muy bajos salarios. Una realidad a la que no es ajena la corrupción, la manipulación y la mentira, que han sido norma y costumbre en el PP de Mariano Rajoy.

A pesar de esta grave situación, la Comisión Europea (CE) propone, inexplicablemente, una nueva vuelta de tuerca a la devaluación salarial, exigiendo que los salarios crezcan por debajo de la productividad, además de recordarnos el alto volumen de deuda pública (ha pasado del 35%del PIB en 2007 al 100% en el año 2014) y la necesidad de seguir reduciendo el déficit público en nuestro país, que es lo que realmente preocupa a los acreedores. Por su parte, el FMI vuelve a insistir en sus políticas para facilitar y abaratar el despido (contrato único), subir el IVA y extender el copago, no sólo en la sanidad sino también en la educación, además de otras medidas de ajuste a las que nos tiene acostumbrados. En la misma dirección, el Banco de España (BE) recomienda una nueva reforma laboral más agresiva (ninguna reforma laboral ha creado empleo); suprimir el IVA reducido de los productos básicos; eliminar la cláusula de revisión salarial en los convenios colectivos; apostar por los convenios de empresa, en detrimento de los convenios sectoriales y de su eficacia general; reformar el sistema de prestación por desempleo y recortar gastos de todo tipo para reducir el déficit público. En todo caso, se trata de unas propuestas irresponsables, con el agravante de que se producen después de haberse firmado el III AENC, entre los interlocutores sociales, con el propósito de regular las condiciones de trabajo y servir de referencia para la negociación colectiva y la fijación de salarios.

Desde luego, los analistas de las Instituciones (CE, FMI y BE) han hecho abstracción, deliberadamente, de la EPA del I trimestre de este año (la única homologable a nivel internacional para medir el desempleo), que contempla la existencia de 5,5 millones de desempleados (24,8%). Lo más grave de la situación es que el 61,2% de los mismos son parados de larga duración que llevan más de un año buscando trabajo y el 43,7% más de dos años, lo que demuestra que afirmarque estamos saliendo de la crisis es una auténtica temeridad. No es extraño que las transferencias de rentas del trabajo al capital alcancen cotas desconocidas hasta el momento. No debemos olvidar que, según CCOO, en el año 2009 la retribución de los asalariados suponía el 50,9% de la renta nacional y, en cambio, en 2013, esta participación ha bajado al 46,7%; por lo tanto, las rentas del trabajo han perdido 4,2 puntos (más de 40.000 millones de euros en beneficio del excedente bruto de explotación y de los impuestos sobre la producción). Ello responde a que los salarios han perdido 7,1 puntos desde el año 2010 y a que los desempleados con derecho a prestación por desempleo han pasado del 73,6%, en el año 2008, al 54,87% en la actualidad – y al 33% según la EPA-, a lo que hay que sumar el hecho de que la mitad cobran la prestación asistencial y la otra mitad la contributiva que alcanza una media de 815 euros mensuales.

A todo ello hay que añadir la alta tasa de temporalidad (duplica la media europea) y de trabajo a tiempo parcial (16,3%) que, en la mayoría de los casos, resulta involuntario (un 61,8% de los ocupados a tiempo parcial manifiestan que lo hacen por no haber encontrado un empleo a tiempo completo), sin olvidar el fenómeno de los falsos autónomos que la EPA los contabiliza dentro del grupo de trabajadores independientes sin asalariados a su cargo. Según UGT, el peso de este grupo en el total de ocupados por cuenta propia ha pasado de un 60% en 2008 a un 62% en 2011 y a un 68% en el inicio del presente año. Esta realidad incide, además, en los ingresos de los hogares (1.793.600 hogares tienen a todos sus miembros en paro) y de las familias con casos extremos de necesidad que representan un auténtico drama social. El corolario de esta situación son los alarmantes indicadores de pobreza que nos sitúan a la cabeza de la UE: el 27,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, más de tres puntos por encima del año 2009 (el 24,7% de la población).

Sin lugar a dudas, las recetas de los organismos internacionales (de marcado carácter ideológico)) están preparando el camino para imponer nuevas medidas de ajuste y, en todo caso, pretenden avalar la política neoliberal del Gobierno, al margen del sufrimiento social de millones de ciudadanos y de que esta política no reduce el déficit y la deuda pública y resulta contraproducente para salir de la crisis (generan más paro y recesión), como se ha comprobado en varios países europeos. En estos momentos, la proximidad de la nueva campaña electoral frenará la aplicación de estas medidas de ajuste; sin embargo, después de las elecciones generales no se puede descartar que se lleven a la práctica, sobre todo si triunfan los defensores de las políticas neoliberales.

Los lamentables datos enumerados anteriormente demuestran también que la propaganda del gobierno del Partido Popular no tiene ningún fundamento y, además, certifican que está encaminada a remediar, en términos electorales, los destrozos que ha causado su política económica y social, fuertemente rechazada en las pasadas elecciones municipales y de CCAA, como lo demuestran los resultados: el PP perdió cerca de 2,5 millones de votos. Ante este descalabro, Rajoy ha decidido remodelar el Gobierno y el PP; sin embargo, lo hace para que todo siga igual (ha manifestado que no cambiará su política económica y social), al tener la certeza de que seguirá contando con el apoyo del sector financiero y mediático, que tienen una enorme influencia en un proceso electoral encaminado a formar un nuevo Gobierno de la Nación y, en último término, también con la ayuda de CIUDADANOS para seguir formando gobierno. En este sentido, los ciudadanos van a ser bombardeados con métodos, declaraciones y malos modos que resultan impropios de un sistema democrático, amparados en la escasa cultura política de la población de más edad. La pretensión final no es otra que frenar el cambio político y la regeneración democrática que la ciudadanía progresista reclama. A pesar de todo ello, los dirigentes del PP no lo tendrán nada fácil; la exigencia de cambio y de regeneración de los más conscientes y capaces -y sobre todo de los votantes más jóvenes-, resultará previsiblemente determinante en su contra.

También la izquierda debe reflexionar sobre lo que está ocurriendo. A pesar de que ha recuperado mucho poder institucional, carece de ideas originales y audaces para abordar el complejo problema del empleo, supeditado por la derecha económica exclusivamente al crecimiento de la economía. Sin embargo, este crecimiento coyuntural se encuentra muy ligado al ciclo económico, a la estacionalidad y, sobre todo, a factores ajenos a nuestro país: bajos tipo de interés, precio del petróleo y de las materias primas, depreciación del euro, políticas del BCE (compra de deuda pública), comportamiento de la economía de EEUU… Además de todo ello se sigue sin abordar el cambio de nuestro modelo productivo y, por lo tanto, seguiremos anclados en una economía basada en el turismo, los servicios, la agricultura y la construcción, con productos de poco valor añadido, con escasa tecnología y empleos de escasa  cualificación y muy mal pagados (dumping social). Tampoco el desempleo estructural tiene un tratamiento específico y, lo que es peor, carece de paliativos sociales que hagan sostenible la lamentable situación de los trabajadores en paro. No es extraño que UGT y CCOO demanden en el Parlamento, con urgencia, una prestación de ingresos mínimos para atender a los más desfavorecidos por la crisis.

Por estas poderosas razones las fuerzas progresistas deben abrir un debate sobre estas medidas, además de las relacionadas con el reparto del trabajo existente(manteniendo los salarios), las políticas activas de empleo, la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, la sostenibilidad de las pensiones (el fondo de reserva de la Seguridad Social ha pasado de tener 65.830.000 millones de euros en diciembre de 2011 a tener 41.634.000 en diciembre de 2014), la atención a la dependencia de nuestros mayores, la dimensión del sector público, el desarme fiscal, el mantenimiento del Estado de Bienestar (sanidad y educación) y la participación de los trabajadores en las empresas. Desgraciadamente, estas políticas ni siquiera se han discutido en profundidad en las pasadas elecciones y, lo que es peor, si la izquierda no lo remedia, volverán a pasar desapercibidas en la próxima campaña electoral.

Por eso, los nuevos Ayuntamientos, los partidos progresistas y los sindicatos deben impulsar de manera decidida el debate y la aplicación de nuevas alternativas económicas y sociales (redistribución de la riqueza), que refuercen la ilusión que ha penetrado en la mayoría de los Ayuntamientos, lo que obligará a las fuerzas de izquierda (en varias coaliciones) a gobernar de otra manera (ya conocemos ejemplos edificantes), además de mantener la unidad, no defraudar a los ciudadanos y cumplir sus compromisos programáticos, a la espera de lo que nos deparen las próximas y decisivas elecciones generales, que completarán el mapa político de nuestro país. De momento está claramente escorado a la izquierda…