La primera es una ley de Medidas Fiscales y Administrativas de los Presupuestos de 2009 (la denominada Ley de Acompañamiento) que introduce modificaciones en la declaración de la renta, que abundan en el dogma neoliberal de transformar la fiscalidad para reducir los impuestos a las familias más pudientes. Entre estas se encuentra la ya anunciada supresión del Impuesto de Patrimonio, a la que hay que añadir otra deducción destinada al ámbito educativo. Aguirre quiere que sean deducibles las cantidades que se destinan al pago de la mensualidad de los colegios privados y los gastos de las familias en uniformes escolares (que afectan a colegios privados y concertados). Es el colmo. No sólo reduce cada año el presupuesto para la enseñanza pública, sino que además se permite que la enseñanza privada desgrave en la declaración de la renta. De esta manera se transfiere renta a las clases más pudientes y a las clases trabajadoras se las desprotege cada vez más.

La segunda medida para el escándalo es la creación, por la vía de urgencia, de una sociedad anónima que permitirá privatizar el Canal de Isabel II. La denominada “Joya de la Corona” de las empresas públicas madrileñas. Una empresa pública boyante que tiene beneficios que luego se invierten en otros bienes que repercuten en todos los ciudadanos, porque es una empresa de todos, ¡es pública! -y repito lo de “público” porque gracias a esta formula de gestión, para todos los ciudadanos, el agua de Madrid es de las mejores de España, llega a todo el mundo a un precio asequible y el mantenimiento de la red es excelente-. Pues bien, esta empresa pública va a ser privatizada. Esperemos que los Ayuntamientos socialistas, más los de IU, se unan para frenar esta privatización de un bien público esencial como es el agua, y que las organizaciones ciudadanas y los sindicatos acompañen para oponerse con todas la fuerzas a este nuevo desmán del Gobierno regional del PP.

Y la tercera, va encaminada al control de Caja Madrid, con el primer objetivo de cambiar al Presidente de la Caja, Miguel Blesa, por otra persona afín a los intereses de la Presidenta (se ha especulado con la posibilidad de que quiera colocar a Manuel Pizarro), y luego ya veremos en qué se convierte la Caja. Eso sí, este control de Caja Madurid se planifica desde la perspectiva de una “liberal”, como gusta definirse a Aguirre.

Sorprende la celeridad con la que trabaja la Presidenta para desmontar los bienes públicos y favorecer a las rentas más pudientes. Sorprende también que algunas medidas las lleva a cabo enfrentándose incluso al Alcalde de Madrid -de su propio partido- que no está por la labor de ni de privatizar el Canal ni de ceder el control de la Caja a su compañera de Partido. Y sorprende el uso que hace del lenguaje: las medidas fiscales las lleva a cabo, según ella, para “compensar la subida de las hipotecas con deducciones fiscales”. Es necesario señalar que estas medidas fiscales solo sirven para aumentar las desigualdades económicas en la región, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, porque benefician sobre todo a las rentas altas que son las que tienen patrimonio y las que llevan a sus hijos a colegios privados.

La izquierda madrileña tiene que espabilar, porque parece que se encuentra con el pie cambiado y las medidas ultraconservadoras se suceden aplicando el rodillo, sin escuchar a nadie y con una oposición, tanto en la calle como en las instituciones, bastante floja.