En este difícil contexto se celebró la reunión entre el Gobierno y los interlocutores sociales que no sirvió -como muchos habían previsto- para impulsar un gran Pacto contra el desempleo como pretendían los sindicatos. Efectivamente, a pesar de las intolerables cifras de desempleo y de la demanda ciudadana ante la magnitud de los desafíos, no será posible un Acuerdo; tampoco un Pacto político entre los partidos de la oposición (Rajoy ha descalificado sin argumentos el Plan Económico de Rubalcaba) y el Gobierno, al no darse las mínimas condiciones favorables que lo faciliten ante la escasa voluntad política del PP. El Gobierno manifestó con meridiana claridad que no va a cambiar su política económica y social y que, por lo tanto, va a continuar anteponiendo la corrección del déficit, en base a una política de austeridad y de recortes, al crecimiento de la economía que, como todo el mundo sabe, resulta imprescindible para crear empleo.

Los sindicatos en la actualidad no cuentan con una relación de fuerzas suficientes para forzar un Acuerdo favorable al empleo y para salir de la crisis de una manera más justa y solidaria. Sin ninguna duda se encuentran a la defensiva, recomponiendo fuerzas, preservando la organización, apostando por la negociación de mínimos -para limitar daños- y a la espera de que cambie el marco político y éste sea más favorable a las reivindicaciones sindicales y, por lo tanto, capaz de aportar soluciones a la crisis y al desempleo.

Desde luego, se trata de una decisión no exenta de riesgos, porque la experiencia determina que la dinámica sindical y la dinámica política no siempre coinciden en sus actuaciones; simplemente porque se llevan a cabo en ámbitos distintos y con misiones claramente diferenciadas: los sindicatos (de clase) actúan sobre todo en la empresa defendiendo a los trabajadores y los partidos políticos (interclasistas) lo hacen principalmente en las instituciones defendiendo al conjunto de la ciudadanía.

En todo caso, eso explica la política de moderación de que están haciendo gala los sindicatos y la decisión de continuar manteniendo encuentros con el Gobierno para abordar asuntos relacionados con la Unión Europea; las pensiones y las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial -en este caso, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional-; la protección de los desempleados sin cobertura y la reforma de la formación para el empleo; así como las políticas activas relacionadas con el empleo juvenil. Actitud, todo hay que decirlo, que no ha creado entusiasmo en los movimientos sociales que están recogiendo en la actualidad el decidido rechazo de la ciudadanía a los recortes en los servicios públicos, particularmente relacionados con la enseñanza, la educación, la dependencia y los servicios sociales en general, además de oponerse a los desahucios y denunciar la estafa de las preferentes y que, como consecuencia, van a seguir movilizándose como se ha puesto de manifiesto en el segundo aniversario del movimiento 15-M. Esperemos que estas diferencias no ahonden en la escasa colaboración existente entre los movimientos sociales y los sindicatos, no alimente la desmotivación social y no deteriore más la imagen de las organizaciones sindicales ante los trabajadores y la ciudadanía en general.

A pesar de esta debilidad, los sindicatos han presentado a la opinión pública una propuesta que recoge también las reivindicaciones de la Cumbre Social en un nuevo intento de ofrecer alternativas distintas (“es posible otra política”) a la actual política del gobierno -que ha fracasado rotundamente como lo demuestran los datos macroeconómicos y particularmente las cifras del desempleo-, lo que reafirma su tradicional capacidad propositiva.

De acuerdo con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), los sindicatos exigen poner en marcha políticas de estímulo económico en la UE con el propósito de reactivar la economía y fomentar la creación de empleo, para dar solución a los 27 millones de desempleados que buscan trabajo en la UE y combatir así mejor la desigualdad y la pobreza; para conseguirlo exigen la intervención del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones. De la misma manera, UGT y CCOO exigen al Gobierno que presione a la banca nacionalizada y al ICO para que faciliten el crédito a empresas y familias a un precio razonable.

En este sentido, plantean también incrementar la financiación del Estado (primando el capítulo de ingresos sobre los gastos) a través de un Plan de choque que aumente los ingresos fiscales en un 1,5% del PIB en 18 meses, lo que conllevaría una decidida lucha contra el tremendo fraude fiscal y la economía sumergida, el aumento real del Impuesto de Sociedades (estableciendo un tipo mínimo) y una redistribución más equitativa del esfuerzo fiscal, que corrija el diferencial de 10 puntos del PIB que nos separa de la Zona Euro. Ello redundaría favorablemente en el empleo y en la protección social, particularmente en los más de tres millones de desempleados que se encuentran actualmente sin ninguna cobertura (afectando sobre todo a los parados de larga duración: más de un millón de trabajadores llevaban más de tres años en paro, en 2012, según la EPA) y dotaría de financiación a una Renta Mínima Garantizada, que proteja a los colectivos más desamparados en medio de la crisis.

A ello hay que añadir el compromiso sindical para continuar con la moderación de salarios, que debería tener su contrapartida en la moderación de los beneficios empresariales (cosa que no está ocurriendo en la práctica), para favorecer la competitividad y, desde luego, el empleo.

A pesar de este ejercicio de responsabilidad, el Gobierno no parece dispuesto a profundizar en el documento y sólo acepta un apoyo incondicional a sus políticas. Por eso, quedan pendientes asuntos de profundo calado sin resolver: reparar el desequilibrio que produce la reforma laboral entre sindicatos y empresarios; desbloquear los convenios y la ultractividad (el 7 de julio vence el límite de renovación de 1.500 convenios colectivos; por eso, y para que más de tres millones de trabajadores no vean reducidos sus salarios, se ha firmado un acuerdo de prórroga entre patronal y sindicatos); eliminar los recortes y las privatizaciones en los servicios públicos, corregir la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos; abordar la reforma fiscal en profundidad, que sitúe nuestros ingresos en la media europea; financiar adecuadamente la dependencia; culminar el saneamiento del sector financiero con la garantía de que llegue el crédito a familias y empresas; además de reformar las Administraciones Públicas para evitar duplicidades y desajustes en las competencias asumidas, entre otras medidas.

Lo más grave de la situación es que, en el escenario macroeconómico presentado por el Gobierno a raíz de la actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016, no hay lugar para la esperanza. A pesar de reducir con muchísimo esfuerzo el déficit público en torno al 2,7% del PIB, en el año 2016, el Programa contempla todavía una tasa de paro del 24,8%, lo que nos situaría en el mismo porcentaje de paro que teníamos en el año 2012, lo que confirma rotundamente el desinterés del Gobierno por la política de empleo y el sonoro incumplimiento del programa electoral del PP en esta materia. A esto hay que añadir el aumento de la deuda pública (que hay que pagarla), que se dispara hasta el 99,8% del PIB, lo que representa un aumento de 15 puntos sobre dicho año.

Por otra parte, la persistencia de la crisis y la incapacidad del Gobierno para aportar alguna solución al desempleo están abriendo una profunda crisis política, al margen de la influencia que en ello tiene la persecución de sus postulados ideológicos: por ejemplo lo relacionado con la Ley de Educación, lo que propone el Gobierno sobre el aborto y la intolerable medida para reducir la protección por desempleo discriminando para ello a los que buscan empleo y además carecen de prestación (el ejemplo de la Comunidad de Madrid habla por sí solo). Así lo reflejan las sucesivas encuestas en contra del PP (también del PSOE) que, todo indica, va a tener serios problemas en las próximas confrontaciones electorales: parlamento europeo, elecciones municipales y en las CCAA y, finalmente, elecciones generales. La opinión pública se interroga sobre el daño que está haciendo la mayoría absoluta otorgada al PP, utilizada sistemáticamente como arma arrojadiza contra la oposición. Se pregunta sobre los incumplimientos del programa electoral, sobre la crisis de credibilidad de la democracia parlamentaria, de la monarquía, del principal partido de la oposición (PSOE); también sobre el avance de los movimientos sociales emergentes y sus dificultades para incidir en la vida política, la escandalosa corrupción en torno a la financiación fraudulenta del PP, así como sobre la desafección de los ciudadanos hacia la clase política y el debate sobre el modelo territorial y su financiación (Estado Federal).

Incluso se está hablando de un cambio de ciclo a partir de una fuerte crítica a la transición democrática, cuando todo el mundo sabe que la desconfianza generalizada hacia las instituciones del Estado se debe a las decisiones políticas tomadas en la etapa reciente y, sobre todo, a las que ha tomado y sigue tomando el actual Gobierno, dando por hecho que nadie puede oponerse a los cambios políticos que sean necesarios, incluida la reforma de la Constitución. En definitiva, todo indica que a juicio de los ciudadanos los problemas políticos, económicos y sociales no tienen solución a corto plazo con este Gobierno. Nos encontramos, por lo tanto, ante una auténtica “alarma social”; sobre todo cuando la respuesta de Rajoy a la actual situación no se conoce y menos se la espera. Por otra parte, desde la UE -sumergida en una política exacerbada de austeridad y prácticamente en recesión-, ni siquiera se crean unas mínimas expectativas que mejore la situación; incluso, no se esperan cambios después de las elecciones generales en Alemania previstas para después del verano. Como dijo el castizo: “estamos rodeados”; sin embargo, en ningún caso derrotados porque, simplemente, “somos más y tenemos razón”.