Sin embargo, no es infrecuente encontrar en dicho debate numerosas simplificaciones y errores que pueden llevar a conclusiones alejadas de la realidad y que responden más a planteamientos ideológicos que a restricciones económicas. Por ello es conveniente clarificar alguna de ellas.
1) El origen de la preocupación por el futuro de las pensiones es el cambio demográfico, en el que están inmersos las sociedades desarrolladas y que significa el aumento del peso de las personas de más de 65 años sobre el conjunto de la población y, más específicamente, con respecto a la población en edad de trabajar. Ello supone, y esta es la primera precisión, que en el futuro una parte creciente de población (los pensionistas) va a vivir de la producción de bienes y servicios realizada por una población ocupada cada vez menor (ya sea en términos absolutos o relativos, esto es como porcentaje de la población total).
Este hecho es independiente de la forma concreta en la que se financien las pensiones, o si se prefiere, de la forma concreta mediante la que los jubilados adquieran derechos sobre la producción de los activos. Si una persona jubilada recibe una pensión de 1000 euros que gasta íntegramente en la compra de bienes y servicios, entonces los trabajadores en activo podrán disponer de 1000 euro menos de los bienes y servicios que producen, independientemente de que el pensionista tenga un sistema privado o público de pensiones, o ambos. Esto significa que la potenciación de los planes privados de pensiones, independientemente de sus posibles virtudes en otros campos, no sirve para atajar el problema derivado del cambio de la estructura de la población en favor de aquéllos con más de 65 años.
2) Como resultado de dicho cambio demográfico, la UE estima que el gasto en pensiones en España, de no hacer nada, se situará en 2060 en el 15% del PIB, muy por encima del gasto actual. Ese aumento, considerado por muchos como insostenible, es el que está detrás de las distintas propuestas de reforma de los sistemas de pensiones. Por lo tanto todas ellas, independientemente de lo que se diga y como se “vendan” a los ciudadanos, tiene como objetivo reducir el gasto en pensiones, lo que equivale a reducir las pensiones. Antes de entrar a comentar dichas propuestas es importante señalar que, en mi opinión, esta aproximación no es ni la única, ni la más adecuada. Si en 2060 va a haber más jubilados, ¿no es lógico pensar l que la parte del PIB que vaya a ese colectivo sea también mayor? De no ser así, lo que se producirá, en definitiva, será un empobrecimiento relativo de los jubilados, precisamente lo que se pretende evitar con los sistemas de pensiones.
Lo primero que hay que hacer, por lo tanto, es reflexionar sobre qué parte del PIB se considera adecuada para garantizar una vida digna de los jubilados, y luego estudiar cuáles son los sistemas que se pueden poner en marcha para alcanzar la financiación necesaria.
Sin embargo, el debate en su forma es justo el contrario: se toma como límite un determinado gasto como porcentaje del PIB, y se estudia qué es lo que hay que hacer para que el mismo no aumente o lo haga lo menos posible. Económicamente hablando no hay ninguna razón para que no se pueda dedicar, si así se decide socialmente (esto es, políticamente), ese temido 15% del PIB en pensiones, de hecho Italia dedica a éstas el 13% del PIB y Suecia el 11% en la actualidad. Es más, se supone que de aquí a 2060 el PIB Español será mayor que el actual, con lo que se podrá gastar porcentualmente más en términos de pensiones sin que ello impida que también aumente la renta disponible de los activos.
3) La pregunta clave, por lo tanto, es si el diseño actual del sistema de pensiones arroja prestaciones demasiado altas y supone una participación de la renta global de las personas de más de 65 años excesiva o injusta por elevada con respecto a la renta de los activos. Viendo el empeño que se pone en reformar a la baja el sistema de pensiones, tal pareciera que fuera el problema.
De acuerdo con la información aportada por la Seguridad Social, el importe medio de la pensión de jubilación en 2009 ascendía a 854 euros, mientras que la pensión media de los que se jubilaban en ese año suponía 1.107 euros, lo que significa que existe otro grupo de mileuristas en el país. No me corresponde a mi indicar si esta pensión es alta o baja, pero si se puede decir que el riesgo de pobreza del colectivo de mayores de 65 años se situaba en 2008 en el 28%, significativamente por encima de la media del país (20%).
4) Dentro de las propuestas de reforma del sistema de pensiones presentadas estos días, dos han llamado la atención por encima de las demás. La primera tiene que ver con el alargamiento de la edad de jubilación. La segunda con el posible cambio de la forma de cálculo de las pensiones.
En cuanto a la primera, según estimaciones realizadas por un grupo de trabajo de la Universidad de Salamanca a parir de datos de la Seguridad Social, la edad media de jubilación efectiva (cobro de pensión) de la población española ha permanecido básicamente constante desde 1980, alrededor de los 63 años (64 años en el caso de las mujeres), al tiempo que ha aumentado el número de años medios cotizados, que para el Régimen General se situaba en 2004 en 39 años para los hombres y 22 para las mujeres. De forma que no es cierto (al menos para el período 1980-2004) que los trabajadores se jubilen, como media, cada vez antes. Aún así, y puesto que la esperanza de vida ha aumentado (a los 65 años en 1960 era de 13,1 y ahora es de 16,5) plantear el cambio de la normativa no tiene porqué ser un tabú. Ahora bien, eso exige, cuanto menos, contemplar todos los factores implicados en dicho cambio. Generalmente, la idea de ampliar la edad de jubilación nace siempre de personas que trabajan en despachos y con unas condiciones de trabajo que no son físicamente exigentes y eso lleva a preguntarse, por ejemplo, si a ellos les gustaría que el conductor del autobús escolar de sus hijos o nietos tuviera 66 años, o si consideran apropiado para una persona de 65 años con artrosis en las manos, algo desgraciadamente muy habitual a esa edad,, trabaje de reponedor en un supermercado.
5) La historia económica nos enseña que cuando no existían sistemas públicos de pensiones, los trabajadores y trabajadoras permanecían en activo hasta que físicamente no podían trabajar más, pero también nos enseña que sus salarios decrecían de forma importante con la edad. En la actualidad, ya existe la posibilidad, incentivada con un aumento de las pensiones, de prolongar la edad de jubilación más allá de los 65 años, pero sabemos que son pocos trabajadores los que así lo hacen. ¿En qué parte ese hecho es reflejo de las decisiones de los trabajadores y en qué parte de los empresarios? ¿Hasta qué punto están las empresas dispuestas a mantener a trabajadores en sus plantillas que por antigüedad les resultan más onerosos? Dudo que se haya hecho una evaluación seria de las necesidades de reorganización laboral en las empresas que tendrían que realizarse para dar cabida a trabajadores de edad cada vez mayor. Si queremos ser creativos en este campo (algo que no se si siempre es bueno) quizás lo que haya que plantear sean jubilaciones distintas en función de las actividades laborales, algo que de hecho ya se hace en la práctica (los grupos de cotización 1 y 2 que corresponden a ingenieros, licenciados y diplomados, se jubilan por término medio a los 64 años y los peones a los 62,5).
6) En lo que se refiere a la ampliación del número de años utilizado en el cálculo de la Base Reguladora que determina la cuantía de la pensión, según estimaciones realizadas para el Fondo de Investigación de la Protección Social de la Seguridad Social a partir de datos de la Seguridad Social, ampliar la base de cálculo de 15 a 20 años supondría una reducción de la pensión media en un 5,6 %. Esta reducción sería mayor en el caso de los trabajadores de salarios más elevados, para los que alcanzaría el 7%. Desafortunadamente no se dispone de datos para conocer cuál sería el impacto de una ampliación mayor del número de años, pero a partir del efecto obtenido de pasar de 15 a 20 años, se puede especular que, de tomarse toda la vida laboral, el efecto podría situarse en una caída, como mínimo, del entorno del 17%. De nuevo, no se si este cambio es justo o no lo es.
7) En todo caso, el debate no se ha centrado en la justicia del sistema aplicado en la actualidad. El objetivo no es hacer un sistema de pensiones más justo, sino más barato. Curiosamente a la hora de defender este cambio se saca un comodín de la manga: no sería justo para aquellas personas (una minoría) que pasan a situación de desempleo antes de poder jubilarse. Si esa es la preocupación, hay otras formas de resolver el problema: algunos sistemas de pensiones permiten que sea el interesado el que elija los años que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión, o, simplemente, se podrían considerar en el caso de este grupo de trabajadores, los 15 últimos años empleados.
8) En resumen, acaso lo que habría que empezar a debatir como sociedad es cuál sería el nivel justo de pensión que se considera debería alcanzar una persona después de una vida laboral en activo, y proceder después a estudiar qué mecanismos o combinación de mecanismos son los más adecuados para alcanzar el objetivo: aumento de cotizaciones sociales, aumento de impuestos, alargamiento selectivo de la edad de jubilación, aumento de la tasa de actividad, políticas de crecimiento a largo plazo que permitan acceder a un PIB mayor, etc. . Ese es el verdadero reto, lo contrario, simplemente, es hacer un ejercicio de aritmética a la baja para el que no se necesitan grandes cabezas pensantes.
