El número de personas registradas, según UGT, en el mes de junio, en el Servicio Público de Empleo Estatal, suman 4.449.701 trabajadores. Ello representa 122.684 (2,68%) personas menos que en el pasado mes de mayo, con la precisión de que en términos estacionales la cifra se reduce a 16.113 personas. En términos anuales, el registro contempla 313.979 personas menos que en junio de 2.013 (6,59%).

Por su parte, los datos relacionados con la afiliación a la Seguridad Social (mucho más fiables que el paro registrado) se sitúan en 16.684.995 cotizantes, 56.622 (0,3%) más que en el mes de mayo. Sin embargo, si tenemos en cuenta los datos estacionales, el incremento se reduce a 8.726 personas. Finalmente, es destacable que, en términos anuales, el número de afiliados a la Seguridad Social crece en 291.130 (1,7%), sin que se precise el tipo de cotizantes (tiempo de trabajo), ni la cuantía de lo recaudado desglosada y, por lo tanto, el grado de influencia de la contratación a tiempo parcial en la recaudación final.

Estos datos positivos son compatibles con una fuerte precariedad instalada en nuestro mercado de trabajo que alcanza cotas intolerables, con el agravante de que lleva varios meses en creciente ascenso. Actualmente, el 92,7% de los contratos que se llevan a cabo son temporales, sin que esto merezca un mínimo comentario del Gobierno y de su Ministra de Trabajo que, por otra parte, tampoco son capaces de ofrecer alternativas para revertir la actual situación. Concretamente aumentaron en junio el 4,9% sobre el mes pasado y un 18,3% sobre el año anterior. En cambio, lógicamente, la contratación indefinida sigue descendiendo y ha caído del 9,5% en abril, al 7,9% en mayo y al 7,2% en junio. También crece cada vez más la importancia de los contratos a tiempo parcial no voluntarios: concretamente, el 36% de los contratos del mes de junio han sido a tiempo parcial. Por el momento, no se conoce su influencia real en la renta de los trabajadores, ni el tiempo exacto de la duración del contrato de trabajo, ni las horas extraordinarias que se efectúan, la mayoría de ellas no cobradas.

Efectivamente, los datos enumerados de paro registrado contemplan un aumento de la actividad en los servicios (sobre todo en el sector del turismo), propia de la etapa estival y un considerable aumento de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, producto del abuso sistemático de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial (involuntaria) por parte de los empresarios.

Por primera vez en nuestra historia, el empleo temporal y a tiempo parcial (50,5%) supera al indefinido y a tiempo completo (49,5%), lo que confirma los destrozos que la reforma laboral y las medidas del Gobierno están causando en nuestro mercado de trabajo, con efectos muy perniciosos para la renta de los trabajadores, que termina por impactar negativamente en el consumo interno y en la demanda de productos en general y por prolongación en el déficit y el pago de la deuda pública.

Esto lo ha confirmado la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2012 (publicada el pasado 25 de junio). La ganancia media anual por trabajador fue de 22.726,44 euros en 2012; un 0,8% inferior a la de 2.011.

También lo confirman los datos disponibles derivados de la maltratada negociación colectiva, hasta mayo de 2014. Según UGT, y tomando como referencia la negociación colectiva del año 2011, último dato consolidado, la negociación colectiva del año 2013 no llega a dos tercios de los trabajadores cubiertos en 2011 (lo que significa que el 36,12% de los trabajadores no estuvieron protegidos por un convenio), a lo que hay que añadir el desplome sufrido en las cláusulas de revisión salarial y el escaso incremento salarial (0,54%), en este caso con datos de mayo del presente año.

Todo ello explica que la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares fuera negativa en el I trimestre del presente año y que el consumo interno siga cayendo (como lo refleja el IPC del mes de junio) en detrimento del empleo.

Lo más grave es que el FMI y los empresarios (CEOE y Círculo de Empresarios) siguen defendiendo que se profundice en la devaluación interna y, en concreto, proponen, sin ningún fundamento, rebajar el SMI a los trabajadores sin formación.

Por último, en materia de protección social al desempleo, el desplome es significativo y doloroso. El número de personas protegidas en mayo (2.487.956) ha descendido un 12,89% y, en términos anuales, la cobertura se sitúa en el 57,7%, 6,2 puntos menos que hace un año.

Resulta lamentable que en tiempos de crisis la protección social al desempleo se vea reducida sistemáticamente tanto en su cuantía como en su extensión. Esta realidad afecta sobre todo a los parados de larga duración y supone un incremento de la desigualdad y la pobreza. Según CCOO, cada vez menos personas tienen cobertura por desempleo y, de la misma manera, la cuantía de la prestación disminuye y se sitúa en estos momentos en 814,2 euros de media al mes. A esto hay que añadir que el gasto en prestaciones por desempleo cada vez es más bajo. En concreto, en los primeros cinco meses del año el gasto es inferior en 2.239 millones de euros al del año 2.013, por lo que, si esta tendencia continúa, el recorte previsible en el conjunto del año superará los 5.000 millones de euros, lo que representa un retroceso inadmisible por sus perniciosos efectos sobre los más débiles, con el agravante de que se produce en el mismo momento en que el Gobierno ha anunciado una reducción del IRPF.

Para superar estas cifras el Gobierno no propone ninguna alternativa, al margen de las medidas encaminadas a endurecer la reforma laboral y beneficiar a los empresarios con subvenciones de todo tipo a la contratación y ventajas fiscales (reducir el impuesto de sociedades).

Sin embargo, el combate contra el desempleo requiere aplicar políticas de crecimiento sostenible, además de una eficaz intermediación para el fomento de la contratación y el desarrollo de políticas activas de empleo. Efectivamente, resulta obligado proceder a la modernización y reforma de los servicios públicos de empleo en su labor de intermediación, que no deben verse afectados negativamente por el impulso que está dando el gobierno a las agencias privadas de colocación. En este sentido, los sindicatos vienen denunciando que el Gobierno está desmantelando los servicios públicos de empleo (ha prescindido de 3.000 orientadores y promotores de empleo), derivando (privatizando) la intermediación y la inserción a las agencias privadas de colocación, como lo demuestra la disminución de la partida presupuestaria dirigida a la modernización de los servicios públicos en casi el 50%, lo que puede convertir a los desempleados en una simple mercancía dado el afán de lucro de las entidades privadas.

A la espera de los datos que publique, a finales de mes, la EPA del II trimestre, lo que resulta fundamental es que el Gobierno asuma, en términos políticos, y de una vez por todas, que la creación de empleo resulta prioritaria en nuestro país, en comparación con otros asuntos, sin duda relevantes, pero que no deben distraernos de nuestro principal objetivo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la corrección del déficit y al pago de la deuda pública, así como a la regeneración democrática o a la elección de los candidatos más votados como alcaldes, entre otros asuntos.

En todo caso, abordar este problema requiere luchar con decisión para frenar en la Unión Europea las políticas de austeridad, impulsar el crecimiento económico, facilitar el crédito a familias y empresas, aumentar la renta de los asalariados y con ello el consumo de las familias, así como avanzar en la armonización fiscal basada en el principio de que el que más ingrese más pague.

En España, el desempleo requiere además un pacto global capaz de comprometer al Gobierno y a los interlocutores sociales. En este sentido, los sindicatos proponen poner en marcha un plan de choque con cinco puntos muy precisos: aumentar la inversión productiva, acelerar la puesta en marcha de políticas activas de empleo, recuperar la renta de los trabajadores a través de la negociación colectiva, mejorar sustancialmente la protección de los trabajadores desempleados y acelerar el cambio de nuestro modelo productivo.

Está en juego la regeneración de nuestro mercado laboral, marcado por la permanente regresión de los derechos de los trabajadores (con el aval del Tribunal Constitucional), que nos remite a un pasado sombrío y nos aleja de la modernidad. Esta política se está llevando a cabo a sabiendas de que la competitividad sin límites es una carrera que no se gana. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo, porque no se puede competir con el trabajo de esclavos.

Por eso, la propaganda del Gobierno no puede hacernos olvidar el drama social que están pasando muchas familias con jóvenes que no encuentran trabajo (y si lo encuentran es un trabajo basura) y con parados de muy larga duración con dificultades crecientes para reintegrarse al mercado de trabajo. Mucho menos debemos olvidar la fuerte repercusión negativa que tiene el desempleo en nuestra economía y, desde luego, en nuestro déficit, en nuestra deuda pública y en nuestro sistema de pensiones.

A pesar de todo, buen verano para todos…