España ocupa, según el Eurobarómetro del mes de septiembre de 2009, el cuarto lugar de la UE-27, tras Rumanía, Bulgaria, Lituania, por el porcentaje de la población (20%) afectada por la pobreza.
Esta situación no es imputable, únicamente, a las consecuencias sociales de la crisis financiera que ha aquejado al conjunto de la economía mundial. Es, sobre todo, el resultado de políticas de la Unión Europea, en el seno de la cual se ha dado prioridad al crecimiento económico y al empleo precario – al empleo a cualquier precio en expresión de la Confederación Europea de Sindicatos. Abandonando de hecho uno de los pilares iniciales de la Estrategia de Lisboa: el trabajo de calidad y el desarrollo de la protección y de la cohesión social.
Con la crisis, la situación se ha ido agravando. Tanto en términos de desempleo, como ya hemos señalado, como por la reducción en muchos países de los gastos sociales (Letonia, por ejemplo, ha reducido un 15% el salario de los empleados del sector público). Y las presiones de los organismos internacionales (FMI, OCDE) y de la misma Comisión Europea para reducir los déficits públicos antes de que se restablezca el crecimiento económico y la creación del empleo, amenaza con nuevos recortes. Las pensiones, especialmente las pensiones privadas, han sufrido un fuerte deterioro. La financiación de los sistemas de protección social ha sido sistemáticamente erosionada por las políticas de exoneraciones y reducciones fiscales a favor de las empresas y las rentas del capital (sin que ello haya servido realmente para aumentar las tasas de empleo). A su vez, el aumento del paro derivado de la crisis repercute negativamente sobre la financiación de los sistemas de protección social, sin que, sin embargo, en ningún caso se quieran abordar otras formas de financiación no dependientes del empleo.
Según una encuesta del Eurobarómetro, del mes de septiembre del año pasado, los ciudadanos europeos son muy conscientes de los riesgos de pobreza y exclusión se incrementan en la UE. Un 73% estima que la pobreza está aumentando en su país; para el 56% de los europeos, son los parados los más expuestos a la pobreza, así como los que tienen un empleo precario (para el 31%). Un 41%, en cambio, considera que son las personas mayores los más vulnerables, sobre todo si se piensa que un trabajador pobre terminará siendo un jubilado pobre; igualmente, un 74% de los ciudadanos europeos considera que la pobreza es un obstáculo fundamental para encontrar un empleo.
Para el movimiento sindical europeo, el año de lucha contra la pobreza y la exclusión tendría que servir, en primer lugar, para reforzar los sistemas de protección social. Y para entender ésta no sólo, ni fundamentalmente, como un sistema pasivo de transferencia de recursos sino como un factor esencial de inversión productiva. Asegurando, para ello, pensiones adecuadas y suficientes para los jubilados, prestaciones que son también fuente de consumo y actividad económica. Desarrollando sistemas de salud de calidad que, con políticas preventivas, mejoren el nivel sanitario pero también aminoren los gastos del sistema. Implementando, dentro de los sistema de Seguridad y de Asistencia Social, la atención a las personas dependientes y la atención a la infancia. Creando de esa manera nuevos nichos de actividad y empleo. Garantizando las transiciones profesionales de los trabajadores, sobre todo cuando pierden su puesto de trabajo, lo que favorece la recolocación y el mantenimiento de la profesionalidad.
En segundo lugar, sería imprescindible dotar de los medios de financiación suficiente a los sistemas de protección social para que puedan desempeñar plenamente su papel. La tendencia a una protección social de mínimos y de políticas para pobres sólo conduce a pobres políticas. La protección social, pese a su debilitamiento en las últimas décadas, sigue siendo un gran dique contra la pobreza. Sin ellas, un 36% de ciudadanos europeos pasarían a engrosar ese 16% que ya es pobre. Pero, además de prevenir la pobreza, los sistemas de protección social contribuyen poderosamente a mantener los vínculos sociales y la cohesión social. Y es por tanto un factor esencial de creación de oportunidades para todos y de ciudadanía social. Los sistemas de protección social son, como se está evidenciando especialmente en estos dos últimos años, un amortiguador social de las crisis. Y, por lo tanto, un estabilizador económico imprescindible.
luchar contra la pobreza y la exclusión social habría de suponer, además, abordar los nuevos riesgos sociales, como la dependencia; las familias monoparentales; el riesgo desempleo (en 2007, antes de la crisis, el 37% de los parados se encontraba en nuestro país bajo el umbral de pobreza); el riesgo precariedad (que sobre todo afecta a los jóvenes y a las mujeres); el riesgo que afecta a los empleados con bajos salarios (en 2007 un 11% de los empleados en España tres puntos porcentuales más que en la UE no generaba rentas de trabajo suficientes para situar a sus familias por encima de la línea de pobreza); el riesgo que va aparejado al fracaso escolar que, en nuestro país, afecta al 34% de los jóvenes; el riesgo para los emigrantes, en cuyo colectivo un 30% (10 puntos por encima de la media) se sitúa en el ámbito de la pobreza; el riesgo edad, ya que la pobreza afecta al 30% entre los mayores de 64 años.
El año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social debería, en suma, adoptar medidas para actuar en pro de la calidad del empleo y de la mejora de los salarios. Para lo que es imprescindible reforzar los derechos vinculados al trabajo y el papel de las organizaciones sindicales. También repartir de manera mucho más equitativa la riqueza inmaterial del conocimiento. Y desarrollar servicios sociales y sanitarios públicos de calidad, cuestión que es inseparable de un sistema fiscal más justo, equitativo y suficiente.
