Los estudios sociales nos dicen que los votantes no suelen sentirse responsables de los fracasos de los gobiernos a los que han votado. Esto es debido a que la acción de votar de cada uno es un acto individual y el agregado resultante es interpretado «al gusto», ya sean gobiernos, partidos, analistas, periodistas y demás; en definitiva cada cual arrima el ascua  a su sardina.

El número de votantes partidarios de la independencia no supera la suma de los que no quieren hacer ese viaje. Ahora bien, esto no puede llevarnos a desoír lo que las urnas han manifestado en las elecciones catalanas del 27-S, tanto por el porcentaje de votos depositados en las urnas, como por el sentido político de las mismos.

En todo caso, dejemos fuera maniqueísmos sobre si son elecciones plebiscitarias o no (concepto que ni en el Derecho ni en la Ciencia  Política existe) y centrémonos en lo importante: Dilucidar cuál es el camino acertado a seguir en la encrucijada que se ha puesto a los ciudadanos para que decidan.

Hay que dar por bueno que ha habido una coalición política que, con el Programa Electoral con el que se ha presentado, planteaba como prioridad iniciar los  trámites para llevar a cabo la declaración de independencia unilateral y que ha tenido un respaldo de cerca del 50 % del voto emitido. Cataluña forma parte de España y más de un 50% de los catalanes han manifestado no estar de acuerdo con la propuesta hecha por los soberanistas. Estos no  pueden olvidar que España es también una «comunidad política» constituida legal y legítimamente. Obviarlo o ignorarlo puede ser un «error histórico» que ni España, ni Cataluña  pueden permitirse.

Permanecer impasibles, como ha estado el actual Gobierno español durante los últimos cuatro años y pretender enrocarse en el hecho de que el 53% de los votantes catalanes han rechazado la propuesta soberanista, sería convertir estas elecciones en lo que han negado desde el Partido Popular, un plebiscito. Por algo ha sido el partido más penalizado.

Dicho esto, querer reconducir la situación desde la presión política de cuantos optaron por  propuestas independentistas, y asumir como vía  la conculcación de la legalidad, omitiendo de plano el respeto a nuestro sistema constitucional, sería además de inaceptable un retroceso en el avance de la democracia. Perderíamos todos. Aceptar las elecciones democráticas y el resultado de los votos como forma de resolver el conflicto también significa, con la misma intensidad, la aceptación del imperio de la ley. No hay Estado democrático si no hay Estado de Derecho. Legitimidad y legalidad han de caminar siempre juntas.

Después de esta consideración, que creo deben tener en su cabeza todos los elegidos y los grupos políticos nacionales que quieran aspirar a gobernar España tras las elecciones de diciembre, lo verdaderamente importante es cómo conducir a partir de hoy este problema, para que no sea cada vez más gordo, ni existan otros.  Ha habido un mar de palabras y ahora necesitaremos unas cuantas gotas de obras.

En todo caso, aspirar a gobernar España después de la elecciones generales, y el gobierno catalán desde ya, se tiene que hacer desde un ejercicio de responsabilidad, sin duda, pero también, y sobre todo,  de valentía y generosidad en busca de grandes consensos. Un gran pacto constitucional, duradero, para establecer un marco de convivencia en el que todos puedan desarrollar su juego político, con la asunción de la identidad de todos los españoles en  conjunto y con ello de los catalanes, vascos, gallegos, etc. La asunción de la identidad significa también el respeto a la «otrocidad» , es decir al otro en sus opiniones y sentimientos, y no imponiendo voluntades que signifiquen la expulsión del otro, aunque esta se pretenda basar en la fuerza de los votos.

Dejemos aparcados hiperliderazgos personales, que en este momento sobran, y demos paso a los colectivos sobre propuestas claras que se han de traducir en reformas jurídico-constitucionales y estas hay que llevarlas programáticamente a las urnas de las generales. Arrumbar el miedo y  apostar por la audacia de proceder a una reforma constitucional, que no solo contenga modificaciones sustanciales del Título VIII de la Constitución, sino también reformas y ajustes en diferentes marcos institucionales del propio Estado ( Administraciones Públicas; Administración de Justicia, Sistema Económico y Financiero; Órganos Constitucionales como el Senado, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, etc.). España y la sociedad se han transformado lo suficiente como para que constitucionalmente no le demos la espalda a los cambios obligados.

La devaluación del conceptual nación vs nacionalidad y el juego manido sobre ellos, por todos, no puede desenfocar la salida de la cuestión. Tampoco la utilización del Tribunal Constitucional ni el volver a campañas de miedo ni a arrebatos rupturistas son las opciones a contemplar.

La valentía hoy pasa por reconocer que Cataluña es una nación o como quiera denominarse, lo mismo que otras en España, en una España plural de bienestar y progreso.

Si hacemos los deberes bien, qué miedo podemos tener a que se ejerza el derecho a decidir. Como decía John Locke «nadie cambia voluntariamente para ir a peor«.