Ahora bien, desde el punto de vista de la llamada «ética de la responsabilidad» en la terminología de Max Weber, ¿es justificable el deseo de parar todos los juzgados y tribunales? A principios del siglo pasado, Kantarowicz ya advirtió que el positivismo de las normas no colmaba sus propias lagunas a la hora de afrontar las transformaciones de la sociedad; el jurista alemán acuñó así la idea de que fuera «la popularidad de la jurisprudencia» el disolvente de la rigidez de la ley y del derecho a la vida de la sociedad. En la actualidad, los jueces se enfrentan a problemas como los de la validez material de las normas y de la aplicación de las leyes, desde la perspectiva de que el derecho ya no es una pirámide normativa producto de una voluntad general monolítica, sino que encierra una realidad muy compleja; una realidad que acrecienta la subjetividad de los titulares del poder judicial y, en consecuencia, posibilita el compromiso ético del juez. Hoy más que nunca se hace necesario la necesidad confrontar los principios jurídicos tradicionales con nuevos valores indiscutibles, que deben ser asumidos por los jueces: valores de la igualdad o de la identidad racial y sexual de las personas.

En las reflexiones sobre los problemas del sistema judicial siempre se pone el acento sobre los grandes temas de la independencia, imparcialidad y responsabilidad, dejando de lado otro igual o mayor importancia como el del servicio público a los ciudadanos. De esta manera, se olvida que para que la independencia judicial sea de utilidad y al servicio a los ciudadanos, se tiene que disponer de los medios instrumentales necesarios para que se pueda ejercer y prestar de manera eficiente. El estrangulamiento que durante muchos años han sufrido los juzgados y tribunales de este país, por grandes carencias de medios y de personal, ha sido quizá el mayor atentado a la independencia judicial y es, sin duda, este fracaso de la justicia como servicio público el principal factor de deslegitimación de los tribunales ante los ciudadanos. Habrá que incorporar también a los juzgados y los nuevos instrumentos de comunicación con los ciudadanos de la actividad judicial que permitan dar respuesta cumplida a las exigencias de una sociedad democrática avanzada. El juez, desde la ineludible posición de neutralidad que ocupa sobre el conflicto concreto en el que interviene, a su vez materializa los valores que justifican y dan sentido a la función judicial en el actual Estado social y democrático de derecho.

Por ello, el problema que de suscita esta nueva convocatoria de huelga de jueces se convierte así en un buen parámetro para calibrar desde esta perspectiva ética los efectos que un paro judicial tiene sobre el derecho de los ciudadanos al normal funcionamiento del servicio judicial. Admitiendo que constitucionalmente es viable el derecho de huelga de los jueces, magistrados y fiscales, sería muy oportuno preguntarse hasta qué punto son tolerables desde el tamiz de dicha «ética de la responsabilidad», algunos llamamientos a «pararlo todo», que en estos días se comienzan a escuchar en los juzgados y tribunales españoles.

Y es que siendo justificadas las expectativas profesionales de mejora de las condiciones y de los medios del trabajo jurisdiccional, que ahora parecen truncadas, no hay que olvidar que las quejas se dirigen especialmente, aunque no sólo, contra la reforma de la LOPJ, y más en concreto de su Consejo General. Y es que el remedio que acaba de proponer el ministro de Justicia implica la desnaturalización del órgano constitucional mediante una técnica legislativa aparentemente arbitraria, y, en consecuencia, presuntamente inconstitucional. Porque vaciar de contenido muchas de las competencias del CGPJ supone que otros las cumplirán en su defecto desde el poder ejecutivo. Lo que sin duda no contribuye a dotar de autonomía e independencia el gobierno judicial. Si nos hemos cansado de explicar a los ciudadanos que el Consejo no es el Poder Judicial, que no es la Jurisdicción, es incomprensible que ahora vaya a estar integrado por Vocales que, al mismo tiempo, sigan ejerciendo la potestad jurisdiccional. Por no decir de la situación aberrante de que un abogado en ejercicio acuda de vez en cuando al Consejo del Poder Judicial para, por ejemplo, decidir sobre una sanción o un ascenso al juez que en ese momento está llevando “su” caso. Es decir, con esta reforma anunciada se produce el mismo efecto repelente que el agua para el aceite. Por tanto, deben reflexionar en el Ministerio ante esta convocatoria de huelga, y tener más claro que el CGPJ no es el Consejo de Estado ni el de RTVE, que se pretende imitar en la reforma judicial, sino el órgano constitucionalmente establecido para el gobierno y la garantía de uno de los poderes del Estado democrático.