Al hablar de equidad, lo hacemos en el “sentido revolucionario” que señala la OCDE, que textualmente afirma que “la equidad en educación significa que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o los antecedentes familiares, no obstaculicen el logro del potencial educativo(es decir, justicia,) y que todos los individuos alcancen al menos un nivel mínimo de competencias(es decir, inclusión)”.

Bajo esta premisa, las normas que están desarrollando algunas Comunidades Autónomas, encabezadas por la de Madrid,para establecer un área única educativa en sus ámbitos territoriales, disminuye la libertad de elección de las familias, e incrementa la desigualdad. A pesar de que el argumento utilizado por esos gobiernos es que así los ciudadanos podrán elegir libremente el colegio al que acudirán sus hijos.

El área única educativa forma parte de las propuestas privatizadoras de la educación de la derecha en Madrid y en otras Comunidades. Y además, rompe -y hay que decirlo claramente- la concepción de la educación como un bien público y un derecho de todos los ciudadanos vigente en España desde la Constitución del año 1978.

Puede sonar bien, muchas personas se pueden preguntar ¿Es verdad? ¿Se incrementa la libertad de elegir o por el contrario se reduce y elegirán los centros a los alumnos? La decisión de establecer una zona única escolar y los recortes que se vienen produciendo durante los últimos años en la educación pública, mientras que se favorece la privada, van en contra de la equidad y también erosionan la igualdad de oportunidades.

La desregulación, aunque venga envuelta con bonitas palabras, es mala y perjudica a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Concretamente, en el caso de Madrid antes de este sistema entorno a un 80 por ciento de las familias llevaban a sus hijos al colegio que habían elegido en primera opción. Es decir, existía libertad de elección de las familias. ¿Por qué cambiarlo entonces?

Plantear la educación como un mercado sujeto a la oferta y la demanda es darwinismo social. Y una falacia, porque parte de que todos los ciudadanos tienen iguales recursos. ¿Cómo se puede plantear esa mentira con la dramática situación que estamos viviendo con la crisis, y con más del 20 por ciento de la población en situación de pobreza?

No hay igualdad en sentido amplio. Si hablamos de tiempo, no todas las familias tienen el mismo tiempo para poder decidir dónde quieren llevar a sus hijos, a qué centro educativo. Si hablamos de información, no todas las familias cuentan con la misma información a la hora de elegir. Si hablamos de ubicación, no todas las familias, dependiendo de dónde viven, pueden tener un transporte para llevar a sus hijos a un supuesto colegio elegido en cualquier lugar de su Comunidad Autónoma. No todas las familias tienen la misma disponibilidad de coches o de transportes colectivos en su entorno. Si hablamos de zonas geográficas, hablar de libertad de elección en las zonas rurales, cuando menos, es una propuesta cínica, y sobre todo se puede afirmar, desde un punto de vista serio, que es una retórica vacía de contenido.

Por tanto, bajo la apariencia de neutralidad, la decisión de crear un área única educativa viene a confirmar y reforzar el orden de riqueza y de privilegio de la minoría de familias más pudientes, que son las que cuentan con más tiempo, información y recursos para llevar a cabo su elección. Y su elección, cuando no haya plazas suficientes, irá en detrimento de las familias con menos recursos que hasta ahora tenían garantizada la escolarización cerca de sus domicilios.

Esta medida aumenta la segregación. Y por ese motivo, hay que combatirla y desenmascararla.