Por su parte, desde una concepción educativa del siglo XXI, que enlaza con las políticas socialdemócratas, la educación es un derecho que debe de servir para formar a los ciudadanos. Pero ante todo, es una palanca de cambio social, un mecanismo de nivelación social, que se hace realidad al garantizar el Estado oportunidades educativas a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad económica.

La libre elección de centro de los padres en España ya existe. Pero la libertad de elección que establece nuestra Constitución y el ordenamiento legal es un derecho que deriva del derecho general a la libertad de enseñanza; que deriva del derecho a la libertad ideológica y religiosa, y no como pretende el PP hacer entender a la gente de la libertad de empresa.

Así, se puede afirmar, que lo que desea ahora la derecha en el poder,con el área única educativa, es incrementar la segregaciónde los alumnos por clase social, nivel económico y cultural a la hora de poder elegir un centro.

Los grandes beneficiados de esta medida van a ser una minoría ya privilegiada socialmente y, sobre todo, los centros privados/concertados. ¿Por qué? Porque van a poder decidir con total impunidad cuales van a ser los alumnos que vayan a sus centros, aunque estén sufragados con fondos públicos. De esta forma, con esta decisión política, se pasa de consentir a algunos centros incumplir la admisión de alumnos ya fueran con necesidades especiales, inmigrantes o de su área de residencia, a que tengan barra libre en la elección.

Otra de las cuestiones importantes de las que no se habla mucho cuando se presenta el área única educativa son los medios que va a poner la Administración para que esa supuesta libertad, que no lo es, se lleve a cabo por cualquier familia y no solo por las que tengan más medios.

¿Qué problema tienen con que la proximidad al centro educativo siga siendo una variable determinante a la hora de que los chavales vayan a su centro educativo? Y más cuando los especialistas dicen que la proximidad entre el centro educativo y el lugar de residencia potencia una comunidad educativa de proximidad y una red de compañeros más allá del centro educativo y de las horas lectivas que estén en el centro educativo.

¿Qué problema tienen cuando, además, desde el punto de vista democrático, se generan redes de ciudadanía y redes de colaboración en el ámbito más cercano a los ciudadanos, como puede ser su barrio o puede ser su distrito? Es algo que solo tiene explicación desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de la consolidación de unos privilegios.

Ante el bombardeo mediático al que van a someter a la sociedad, hay que ver lo que están sufriendo ya algunas familias por culpa de esa supuesta elección. Se han dado cuenta que cuando unos eligen otros no pueden hacerlo. Parece una obviedad, pero la elección no va a estar disponible para todos.Unos, los menos, van a ganar y van a ser más privilegiados con dinero público y otros, los más, van a ver entorpecido todavía más su derecho a la educación por la política del Partido Popular.

Y con un añadido más, en todos los países donde se ha puesto en vigor esta área única, no hay análisis que demuestren que la educación vaya mejor, pero lo que sí se produce es un mayor traslado de dinero público de los presupuestos a la educación privada.

Argumentan desde el PP que esta medida va a ser buena porque genera competencia entre centros y así las familias podrán elegir los mejores centros. Pues parece que no, porque las familias a la hora de decidir a qué colegio llevan a sus hijos lo primero que tienen en cuenta es la proximidad; lo segundo, las instalaciones; lo tercero, los servicios complementarios, actividades, relaciones. En muy pocas ocasiones tienen en cuenta la posible medición de calidad del centro, porque además les falta información.

La desregulación va a producir discriminación educativa. ¿En quién? En los colectivos más desfavorecidos. Se va a acentuar lo que ya ocurría, se van a crear centros guetos. Las personas que tienen menos nivel adquisitivo y menos capacidad para trasladarse acabarán en los centros menos demandados, que a su vez serán los que tengan menos inversión educativa porque, al no competir en calidad, según el principio del Partido Popular, tendrán menos recursos cuando tendría que ser al revés.

Por último, también hay que plantear ¿qué grado de transparencia va a haber a la hora de que los centros educativos elijan a los alumnos? Porque no hay ningún tipo de transparencia. Y si no hay transparencia, hay desigualdad. Además de ir en contra de varias sentencias del Tribunal Constitucional, entre ellas la sentencia 77/85, que establece que tienen que existir una serie de criterios para que no haya soluciones arbitrarias a la hora de que los centros eligieran a los alumnos.

Hay que reaccionar ante este nuevo abuso. Depende de ti.