Cristina Fernández llegaba a este primer tramo emblemático de su mandato amenazada por nubarrones económicos. Empezaba a preocupar seriamente el impacto que la crisis financiera internacional pudiera tener sobre la marcha galopante de la economía argentina, que creció un 8,7% en 2007. O el prolongado debate acerca de la manipulación sobre los datos oficiales de la inflación (un 20% real, según algunas fuentes, frente al 8,7% oficial) que ya había provocado una importante erosión del grado de credibilidad del gobierno. A eso se sumaba la falta de acuerdo con los acreedores internacionales, que refuerza la falta de interés inversor del capital extranjero: pone un dólar en Argentina por cada diez en Brasil. Sin olvidar el fantasma de la crisis de oferta energética, que puede agravarse con la llegada del invierno.

Con todo, la salud económica de Argentina se mantenía fuerte, con previsiones de crecimiento todavía muy robusto y cierto margen de maniobra política para lograr un pacto social que reforzara la dinámica productiva del país. Por eso, y a pesar de esos riesgos a flor de piel, la popularidad de la Presidenta se mantenía alta y se confiaba en un periodo inaugural tranquilo, sin sobresaltos relevantes.

Pero todo parece haberse desbaratado con la decisión gubernamental de elevar el gravamen fiscal en casi nueve puntos a los muy poderosos magnates agroexportadores. El ejecutivo asegura que con estos nuevos ingresos financiará políticas sociales para los sectores más desfavorecidos, que aún no se han recuperado del hundimiento económico del cambio de siglo. Los precios agrícolas se han triplicado durante la última época. El año pasado, el producto estrella del campo argentino, la soja, ha visto aumentar sus precios en más de un 70%. “Los grandes productores –han dicho en la Casa Rosada- deben compartir sus ganancias con el resto de los argentinos”.

Como ya ha ocurrido históricamente en América Latina, los sectores más favorecidos han respondido con enorme dureza a estas medidas distributivas. Los grandes propietarios no han dudado en sacar sus tractores y vehículos industriales para cortar carreteras e implantar, en la práctica, una huelga patronal que amenaza con bloquear la producción agrícola nacional.

La tensión vivida desde hace algunos días en la Pampa ha llegado a la capital federal, con ribetes de tensión y violencia que no se vivían en Buenos Aires desde la crisis de 2001. Partidarios del peronismo kirchnerista y sectores sindicales próximos hicieron frente en la céntrica Plaza de Mayo a sectores de la clase media alta que se habían pronunciado contra el Gobierno con el instrumento de las caceroladas.

Cristina había alentado la respuesta de sus defensores al afirmar con la contundencia que le caracteriza que no se iba a someter a la “extorsión” de los productores agrarios, ejercida por “piquetes de la abundancia”.

El discurso de los Kirchner mantiene un tono social reivindicativo que a veces resulta confuso e incluso oportunista, pero que encuentra eco en sectores sociales que, superado lo peor de la crisis, todavía reclaman la mejora de sus condiciones de vida. De ahí que ahora le exijan firmeza frente a los grandes propietarios, pero también la inversión de estos ingresos suplementarios en una reforma agraria que atienda las necesidades de los pequeños campesinos.

Entre los movimientos sociales que también han acudido estos días al rescate de la Presidenta en sus primeros momentos de apuro se han destacado las Madres de la Plaza de Mayo. Su incombustible presidenta, Hebe de Bonafini, ha manifestado que los protagonistas del paro agrario son “los mismos que dieron el golpe cívico-militar de 1976”. No ha pasado desapercibido que la radicalización de las protestas de los agroexportadores ha coincidido con el trigésimo segundo aniversario del último pronunciamiento castrense.

La oposición argentina, barrida en las elecciones de octubre, ha reclamado al Gobierno la suspensión de los incrementos fiscales para favorecer la negociación. Una posición arriesgada, que el kirchnerismo podría aprovechar para resaltar el divorcio entre la clase política tradicional y las aspiraciones populares.

Los medios de comunicación oscilan entre la posición abiertamente hostil al Gobierno, en los sectores más derechistas vinculados a los grandes intereses agrarios y una equidistancia prudente, como la sostenida desde las páginas del diario CLARÍN, que reclama moderación y espíritu de diálogo a las dos partes.

Consciente de que la conflictividad podría escapar a su control, la Presidenta abrió el jueves por la noche “la puerta del diálogo”. Pero, fiel a su estilo, exigió previamente a los agrarios que “levanten los bloqueos al pueblo”.