Prácticamente nadie ha negado que el nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera responde con carácter general a los criterios exigibles de suficiencia, solidaridad, autonomía, igualdad y transparencia. De hecho, su votación no obtuvo ni un solo voto en contra. No obstante, el debate público en torno a esta medida ha estado salpicado por posicionamientos y declaraciones que pueden valorarse desde la inoportunidad hasta el esperpento. En este último capítulo cabe clasificar tanto la presunción de ERC por “haber plantado cara al Estado y haber ganado”, como las contradicciones del PP, que acabó ordenando la abstención después de haber denunciado “agravios”, “chapuzas” y “despilfarros”.

Ahora bien, la palma, como de costumbre, se la lleva con todo merecimiento el PP de la Comunidad de Madrid. Su Gobierno ha ido cambiando de posición, de discurso y de voluntad de voto, de mes en mes, de día en día, e incluso de la mañana a la tarde. La valoración del PP madrileño sobre el nuevo sistema ha variado del sí más rotundo al no más radical, para desembocar en la abstención más lacónica, independientemente de que la propuesta del Gobierno de España no ha cambiado de manera sustancial en todo este tiempo y de que el interés evidente de los madrileños pasaba por su aplicación positiva.

En el preludio del Congreso popular de Valencia, Aguirre se manifestaba como la “campeona” de la oposición a Zapatero frente al “melifluo” Rajoy. Tocaba entonces estar en contra del nuevo sistema que se esbozaba. En la navidad de 2008, la Presidenta buscaba compensar la imagen “radical” que el marianismo intentaba adjudicarle. Tocaba pues perfil blando y la “lideresa” llegó a subrayar como “muy positivo” el sistema de financiación que volvía a explicarle Zapatero en Moncloa (22-12-08). En la mañana del pasado martes día 14, la dirección del PP madrileño decide enfatizar su discurso jacobino ante los titubeos de Rajoy. Tocaba perfil duro y Madrid anunciaba voto negativo. Por fin, durante la votación de la tarde del 14 Aguirre se tienta la ropa antes de desmarcarse de la instrucción de Génova en el sentido de la abstención. Tocaba, por tanto, cambiar una vez más la posición para abstenerse.

En todo este tiempo, ¿cuáles han sido los criterios que han motivado los posicionamientos diversos del Gobierno de Madrid? ¿Tenían que ver estos criterios con las necesidades objetivas de la financiación madrileña o estaban más relacionados con los intereses de la Presidenta en el marco de las luchas intestinas del PP? La respuesta es evidente. Las claves de la Comunidad de Madrid para aceptar el nuevo sistema de financiación eran dos: el incremento de los recursos a recibir en la capital como consecuencia del aumento de la población, y la garantía de aplicación de los principios constitucionales de solidaridad, cohesión e igualdad de todos los españoles. Estas claves han estado presentes de manera clara y fehaciente desde el primer momento en la propuesta del Gobierno de España. En consecuencia, las idas y las venidas del PP, jugando con la financiación de los servicios a recibir por los madrileños, han formado parte siempre de una astracanada intolerable.

Capítulo especial merece el análisis acerca de las instancias de decisión. El PP madrileño escenificó en la mañana del día 14 que la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto al sistema de financiación autonómica se adoptaba en una reunión de su comité ejecutivo en Génova. Y asimismo, la rectificación de esta postura se adoptó en la tarde del mismo día 14 conforme al dictado del PP nacional. No cabe mayor atropello a las instituciones públicas. El régimen financiero de Madrid es una cuestión capital que afecta a la vida de todos los madrileños, los de derechas y los de izquierdas, y que compete a su Gobierno, no al partido que ejerce el poder circunstancialmente. La confusión entre el partido propio y las instituciones de todos evidencia unas convicciones democráticas extraordinariamente débiles.

En definitiva, los madrileños disfrutarán de una financiación suficiente y justa para sus servicios públicos, a pesar de su Gobierno regional. Una vez más.