En primer lugar, había que expulsar al Estado de toda cuestión económica, pues la economía era un asunto técnico y por ello había que despolitizarla, alejándola de las decisiones democráticas. Como si la economía fuese algo ajeno a nuestras vidas. Este dogma liberal produjo la mayor transferencia de bienes públicos del Estado al sector privado. Sin embargo, en esta crisis, ese principio se ha evaporado con la intervención masiva de los Estados para salvar los mercados financieros. Un segundo dogma de la ideología liberal ha sido la libertad de movimiento de capitales. Su objetivo era facilitar el flujo de los ahorros mundiales hacia los sectores productivos de todo el mundo, de tal forma que los mercados financieros desempeñaran un papel importante en el crecimiento. Este objetivo ha supuesto un total fracaso: el crecimiento económico de los países desarrollados, medidos por su PIB, ha ido reduciéndose desde la década de los 60 (4,9% PIB) hasta los 90 (2,3% PIB). Por otro lado, el movimiento de capitales ha provocado graves crisis económicas en México, Asia, Argentina, Rusia. Precisamente, los países que más han crecido, China e India, han ejercido un estricto control de esos capitales volátiles. Otro principio del liberalismo lo ha constituido la política fiscal a favor de las rentas más altas. Se trata de aumentar los beneficios de los ricos para que puedan invertir en la economía productiva y así crear empleo. Este dogma también ha resultado una falacia: por una parte, lo que más han crecido han sido los beneficios del sector financiero, que a principios de los años 80 representaba el 25% del total de los beneficios empresariales y antes de la crisis actual este beneficio alcanzó el 42%. Además, a principio de los 80, el 48% de los beneficios empresariales no financieros se invertían en capacidad productiva y durante la década del 2000 esta inversión se había reducido al 40%. Esto demuestra que los beneficios empresariales se han dedicado más al reparto de dividendos que a inversión productiva. Los únicos objetivos cumplidos por el modelo neoliberal se han centrado en la inflación y la tasa de ganancia del capital; sin embargo, a pesar de aumentar ésta, la inversión en equipamientos productivos apenas creció, debido a que una demanda insuficiente estaba generando un exceso de capacidad productiva. Ello condujo a los poderes económicos a reducir y eliminar las normas que regulan el sistema financiero, creando así unas condiciones mucho más propicias para la inversión financiera especulativa. Y así se gestó la financiarización de la economía, que ha dado como resultado el sometimiento de las democracias representativas a los intereses del poder financiero, llamado, eufemísticamente, “mercados financieros”.

El resultado final de este liberalismo económico ha sido la mayor crisis social y económica desde la Gran Depresión, empujando a millones de personas a la precariedad, la pobreza y la exclusión social. Estamos viviendo hechos asombrosos viendo cómo estos centros de poder financiero, una vez salvados de su hundimiento con el dinero de los contribuyentes y originando unos déficit públicos sin precedentes, ahora exigen a los gobiernos representativos de la voluntad popular, que recorten los derechos sociales y reduzcan la inversión pública, justo cuando más necesaria se hace su expansión, condenando a los países a largos periodos de estancamiento y altos niveles de desempleo. Estamos perplejos ante el hecho de ver cómo los gobiernos democráticos de la UE se doblegan dócilmente a los dictámenes de los burócratas del Banco Central y de la Comisión Europea, así como a las exigencias de los inversores que especulan en los mercados financieros internacionales. Esta crisis ha dejado en evidencia el proyecto de la Unión Europea y sus requisitos de estabilidad, construidos sobre el modelo socioeconómico neoliberal. Se ha demonizado la política fiscal progresiva sobre las rentas y beneficios del capital para reducir el déficit, lo que ha generado la mayor concentración de riqueza ociosa de la historia. Sin embargo, atendiendo a los interese de los poderes financieros, ha sido la deuda pública la elegida para la reducción del déficit público, permitiendo así a los administradores y accionistas de las instituciones financieras que, de forma parasitaria, obtengan unos beneficios enormes con la ayuda de los bancos centrales: estos les prestan miles de millones de euros al 0,5% con garantía de la propia deuda, para que compren más deuda pública al 6%. Mientras tanto, el crédito sigue sin fluir a la economía productiva.

El resultado es una nueva burbuja, en la que ahora los bancos tienen a los Estados como deudores y a los bancos centrales (también Estado) como acreedores, habiendo puesto a los Estados al borde de la quiebra. Los dirigentes de los partidos de izquierda llevan 30 años atrapados en la ideología neoliberal y los sindicatos debilitados por el enorme poder político del liberalismo. Por eso, para romper este cerco, se necesitan, más que nunca, nuevos líderes con nuevas ideas, capaces de aglutinar tras de sí un amplio movimiento social progresista europeo, con pretensión de construir, desde la política democrática, una sociedad más justa y más igualitaria.