Autor: Alfonso Villagómez

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS

El Ministro de Justicia ha anunciado en el Congreso que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas, porque así lo contendrá la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este anuncio de innovación legislativa, según fuentes del Ministerio de Justicia, tiene por objetivo perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que, naturalmente, pudieran ser consideradas como constitutivas de delito. Por otra parte, también se va a estudiar la posibilidad de impedir que personas imputadas puedan figurar en las listas electorales. Para lo que habrá que modificar la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer un mecanismo “ulterior” que contemple dicha prohibición.

Lee mas

SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS JUECES

Los jueces estamos obligados por un plus de prudencia y moderación en nuestras expresiones y valoraciones que públicamente hacemos en las resoluciones que dictamos. No podemos contribuir a la desconfianza social en la justicia –que, por cierto, sube en los últimos tiempos como la espuma– como ocurre cuando un miembro de la carrera judicial emite comentarios “impertinentes” hacia los integrantes de los otros poderes políticos del Estado en los razonamientos de un auto o de una sentencia. Tal como se había suscitado en relación al auto del juez Pedraz, que sobreseyó la causa por los disturbios en los aledaños del Congreso del 25-S.

Lee mas

SOBRE EL CASO BOLINAGA

A propósito del llamado “caso Bolinaga” hemos tenido que escuchar al Ministro del Interior hablar sin fundamento alguno de prevaricar, y a una fiscalía de la Audiencia dando señales de dar un palo de ciego tras otro. Pues bien, el análisis de esta cuestión legal ha de tomara como punto de referencia el artículo 104.4 del Reglamento General Penitenciario dice que “los penados enfermos muy graves podrán ser clasificados en tercer grado”.

Lee mas

ANTE LA REFORMA LEGISLATIVA DEL ABORTO

El ministro de Justicia ha anticipado las líneas sobre las que se revisará la legislación del aborto, que prepara para otoño. Alberto Ruiz-Gallardón es partidario así de volver a un sistema de supuestos, como el que existía antes de la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva por el Gobierno socialista en 2010, pero con importantes modificaciones como la de considerar que la malformación del feto no debe ser causa para terminar con un embarazo.

Lee mas

RECORTES CONTRA LA CONSTITUCIÓN

La política de recortes emprendida por el Gobierno acaba por poner en entredicho el sistema democrático y la propia Constitución. Sube como la espuma el descrédito de la política, arrodillada a los pies de la economía especulativa de los mercados, crece el descrédito de la clase política, distanciada de la sociedad y enrocada en sus engaños, corrupciones y privilegios, y crece también el descrédito de la Constitución, el de las instituciones por ella establecidas y ordenadas; se desvanecen los principios constitucionales rectores de la política social y económica.

Lee mas

COMO AGUA PARA ACEITE EN LA REFORMA DE GALLARDÓN

El actual ministro de Justicia había dicho en 1985 ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a propósito de la elección a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que era inconstitucional “de la cruz a la fecha” y que, por lo tanto, el grupo parlamentario del que entonces Alberto Ruiz-Gallardón era su portavoz, pensaba presentar un recurso de inconstitucionalidad, como así hizo poco después. Gallardón se lamentaba de que una Ley tan importante como era esa, se hubiese aprobado por medio del “rodillo”, esto es, de la mayoría absoluta de que disponía el Gobierno socialista de Felipe González, en lugar de haberse consensuado con la oposición, y aprovechaba también para exponer la diferencia entre dos concepciones, a su juicio, enfrentadas: “la socialista, que desea una dependencia del poder judicial respecto del Ejecutivo, y la nuestra, que propone dejar en manos del órgano del gobierno fuertes dosis de autonomía para que haya una independencia auténtica”.

Lee mas

CRISIS Y RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL

El modo que los Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han “resuelto” la crisis de un presidente ya dimitido, que no eligieron, aunque se prestaran a la comedia de que así lo pareciera, y que resulta que se aprovechó de su cargo como si fuese una canonjía, es típica de una institución que se ha perdido el respeto a sí misma. Esta percepción de que la crisis por los suntuosos viajes del presidente no se ha atajado de la forma que debería haberse hecho, ha sido reconocida por la propia portavoz del Consejo momentos antes de la celebración del pleno en que Divar efectivamente renunció al cargo; y, además, para Gabriela Bravo estamos ante “una situación muy grave para poder asumir el día a día”.

Lee mas

CAJAS Y DELITOS: PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA

El Fiscal General del Estado ha ordenado que se depuren «todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las Cajas de Ahorro» y se examine, entre otros asuntos, «si la percepción de determinadas cantidades de indemnizaciones pudieran estar incursas en algún tipo delictivo». Por otra parte, y al tiempo, un Juzgado de Instrucción de Madrid ha incoado diligencias a parir de una denuncia particular. Y es que los ciudadanos no son capaces de entender cómo en el sistema financiero se han producido con “normalidad” episodios que lindan en la malversación del dinero público.

Después de la cruenta batalla seguida por el llamado “saneamiento” de las Cajas se ha puesto paradójicamente de manifiesto ante la opinión pública el paisaje desolador de unas desmedidas indemnizaciones que han ido cobrando los mismos gestores que las hundieron: Cajas intervenidas o “mediopensionistas”, convertidas en semibancos, y hasta nacionalizadas por el Banco de España y el Estado, cuando, además, el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob) ya había inyectado en ellas miles de millones en participaciones preferentes. Por lo que desde una perspectiva jurídico-penal no sería desacertado afirmar, por tanto, que los abusos de esos exdirectivos se han cometido con dinero público, y que, a los efectos del referido delito de malversación, parece evidente que se da el requisito de la existencia de afán de lucro.

Lee mas

A LA ESPERA DE RENOVAR EL CONSTITUCIONAL

El retraso del Tribunal Constitucional en materia de recursos pendientes de inconstitucionalidad sobre leyes es, sencillamente, insoportable: más de 13 años. Pero, el Tribunal es una de las instituciones básicas de nuestra democracia sobre el que ahora el Gobierno proyecta cambios en el método de composición de sus magistrados y en la permanencia en el cargo de los mismos; al tiempo que Rajoy y Rubalcaba habían “pactado” que antes del verano se llevaría a cabo la renovación pendiente de cuatro vacantes de magistrados, un cambio necesario y que se espera ya desde hace demasiado meses. Quizá al Constitucional se le haya exigido demasiado la hora de resolver ciertos asuntos de su historia reciente, como serían los casos de la sentencia del Estatut de Cataluña o las “ilegalizaciones” que ha tenido que enjuiciaren en clave constitucional a raíz de pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el entramado político en los aledaños de ETA. Y es que el Tribunal Constitucional al igual que sucede con cualquier otro tribunal de justicia u órgano jurisdiccional, sus integrantes, es decir, sus magistrados, no podían dejar de cumplir con la principal obligación que justifica el cargo que ocupan: resolver los recursos.

Lee mas

MALOS TIEMPOS PARA LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES: ANTE LA POLITICA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO

La maldita crisis, que no cesa, fomenta las ansias de quienes siempre han pretendido el desmantelamiento del Estado Social. El PP impulsa desde el Gobierno las medidas de ajuste y recorte en los ámbitos social y económico, reconociendo la profundidad de las mismas y el cambio de modelo que suponen. Pero, en una sociedad democrática, modificaciones de tal calado deben ser sometidos a profundos debates públicos, en los que es de vital importancia la participación ciudadana. Los partidos políticos y las instituciones representativas son instrumentos fundamentales de participación política. Sin embargo, no ostentan el monopolio de esa participación. Los derechos de manifestación, reunión, huelga, expresión, información y, en general, de participación en los asuntos públicos, son así instrumentos para transmitir ideas y propuestas en el debate colectivo, para intentar convencer a la ciudadanía de las mismas y para mostrar a quien decide el apoyo social con el que cuenta cada propuesta. Son, por ello, formas básicas de control social del poder político.

Lee mas

Archivos

Categorías