Autor: Ana Noguera

Ésta es una semana horrible para el PP, pero gravísima para el sistema democrático político de nuestro país que ha perdido la brújula de las responsabilidades políticas. La actitud que el PP está manteniendo es insostenible ética y políticamente. Da igual que hablemos de juicios de ayer (caso Trillo) como de los juicios de hoy (caso Gürtel), Rajoy y sus fieles han optado por un cierre de filas que hace cómplice de posibles delitos, de malas gestiones, de necedades y mentiras a todo el conjunto del partido.

El Debate del estado de la Nación viene condicionado por dos temas: la crisis económica, que lógicamente se convierte en el hilo conductor de todos los debates; y las elecciones europeas, que aunque todavía la ciudadanía no haya despertado a sus obligaciones electorales, los partidos políticos hacen ya reparto del número de eurodiputados.

Nunca la elección de un Presidente Autonómico había generado tantas noticias, informaciones, opiniones e interés social y político. En el Parlamento Vasco se ha elegido mucho más que al presidente; se ha producido un cambio histórico. Después de 30 años, el Parlamento vasco tiene al primer Lehendakari socialista, no nacionalista, y que ha supuesto la alternancia real política y democrática en la sociedad vasca. Toda España mira con interés, curiosidad, algo de preocupación y mucha, mucha esperanza lo ocurrido.

Desde que el PP perdió las elecciones generales, este partido es una caja de Pandora. Los populares deben gozar de un corazón de hierro para soportar tanto susto de infarto.

Perdido el gobierno, resulta muy difícil mantener las individualidades, los intereses personales y los diferentes pensamientos agrupados en torno a la incertidumbre y a la derrota. La crisis del PP entra en la normalidad de lo que ocurre cuando un líder ya está amortizado, como le ocurre a Rajoy.

Después de la Educación, la Sanidad y las pensiones, la cuarta revolución en derechos sociales se materializa con la Ley de Dependencia. Una ley que tiene por delante un gran recorrido, que proporcionará nuevos empleos, además de una nueva forma de entender y atender a los discapacitados por parte del Estado. Pero no se ha desarrollado por igual en todas las Comunidades Autónomas. El Gobierno de José L. Rodriguez Zapatero es quien tiene la obligación de aportar la inversión económica, pero son las CCAA quienes deben realizar la evaluación y supervisión del número y estado de discapacitados.