Autor: Carlos Barra

Sería absurdo negar el impacto y sorpresa que ha causado en la opinión pública la rueda de prensa de Esperanza Aguirre, anunciando su dimisión como Presidenta de la Comunidad de Madrid así como de diputada regional; es incuestionable que al margen de cualquier discrepancia, la señora Aguirre ha sido una personalidad política de gran importancia en nuestro país. Dicho esto y una vez producido el hecho de su dimisión, se abren numerosas interrogantes y preguntas que a buen seguro irán haciéndose visibles los próximos días desde diferentes ámbitos.

Con nuestro país en una situación crítica, la prima de riesgo en valores muy altos, la economía en recesión, el paro en cifras escalofriantes y en ascenso continuo, el Presidente señor Rajoy, diez meses después de su llegada a la Moncloa, por fin ha tenido a bien comparecer ante el país en una entrevista en TVE; eso sí, después de la consumación de una purga en la radiotelevisión pública, que ha expulsado de ella a los profesionales que habían destacado por una actividad profesional más solvente e independiente.

Es posible que un momento de enajenación mental transitoria haga que me pregunte una cuestión aparentemente tan obvia: en España nos gobierna el Partido Popular. Es posible asimismo, que con la pregunta, pretenda explicitar no sólo una respuesta tan obvia, sino reflexionar y dar respuestas diversas que configuren una fotografía más completa. Veamos, ¿Quiénes nos gobiernan?

La llegada al poder del PP ha supuesto una profundización en su política de desmantelamiento de los servicios públicos, ya efectuada en las CCAA donde ha gobernado. Las privatizaciones realizadas fundamentalmente en Madrid y Valencia muestran nítidamente el ideario de la derecha que hoy nos gobierna: privatización de los servicios públicos y pérdida de la naturaleza pública de los mismos.

El Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones recientemente aprobado, camina en la dirección antes apuntada; utilizando la crisis como excusa, pone en marcha una serie de medidas que por un lado restringen el derecho de acceso a los servicios sanitarios a diversos colectivos, vulnerando el carácter de universalidad que nuestra sanidad pública tiene, y por otro ,instaurando unas nuevas tasas (copagos) para poder disfrutar de un número importante de prestaciones que hasta ahora estaban incluidas en la cartera de servicios y se recibían sin contraprestación adicional alguna.

Los españoles llevamos soportando mucho tiempo que numerosos responsables políticos utilicen la mentira, no sólo como instrumento para intentar destrozar al adversario, sino también para ocultar deliberadamente a la ciudadanos la realidad sobre hechos graves que les afectan. Podemos afirmar, que la mentira y el engaño son pauta de comportamiento de estos personajes, que paradójicamente no suelen pagar ninguna factura por ello.

Hoy, con el país en plena crisis, la calidad de vida de una mayoría de la sociedad está sufriendo un importante deterioro; en este contexto el Gobierno de España está aplicando (afirma que es la única alternativa posible) una brutal política de ajustes que está suponiendo recortes sustanciales de derechos, pérdida de calidad y prestaciones en los servicios esenciales (fundamentalmente sanidad y educación) y está generando mayores cifras de paro.

En sólo 100 días de Gobierno del PP los españoles hemos tenido ocasión de conocer cuáles eran las medidas que el Presidente Rajoy tenía pensadas para sacar a este país de la crisis; medidas que, por cierto, no tienen nada que ver con lo dicho en campaña electoral, sino más bien con lo que deliberadamente ocultó entonces a los ciudadanos. Así hemos visto cómo su promesa de no subir los impuestos fue incumplida y, por el contrario, fueron incrementados; sus afirmaciones de no facilitar unos despidos más baratos fueron puestas en solfa por la reforma laboral impuesta por su Gobierno, que consagra despidos a la carta y casi libres, destrozando de un plumazo las bases del Derecho del Trabajo y proporcionando una jungla legal donde los trabajadores quedan desposeídos de derechos laborales conseguidos a lo largo de la historia, convirtiéndose en mercancía que los empresarios utilizan a su antojo.

La ley 6/2011 de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid establece, en su disposición adicional primera, una reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos, lo que supone una jornada ordinaria de trabajo de 37 horas y 30 minutos semanales en lugar de las 35 horas anteriormente vigentes en virtud del Acuerdo suscrito por la Comunidad de Madrid y las Organizaciones Sindicales en septiembre de 2003. La citada disposición adicional autoriza al Servicio Madrileño de Salud a dictar las Instrucciones para hacer efectiva la implantación de la nueva jornada laboral ordinaria.

Por tanto, a raíz de la publicación de la ley 6/2011, el conjunto de empleados públicos está obligado a cumplir la nueva jornada laboral ordinaria y así se está realizando en los diversos departamentos de la Administración Pública madrileña, bien es verdad que con las lógicas protestas de los empleados públicos que no se niegan a realizar lo que la Ley ordena, sino que manifiestan que la medida se ha llevado a cabo sin negociación ni diálogo alguno.

Cada vez somos más los españoles que queremos conocer toda la verdad sobre la historia de nuestro país en el periodo (1931-1977) que fundamentalmente ocupa todo el periodo de la dictadura de Francisco Franco. Es evidente, se ha hurtado a los españoles un conocimiento veraz de ese periodo negro de nuestra historia; se buscó esto de forma intencionada y en buena medida se ha conseguido, para desgracia de nuestro país y nuestra democracia. Es comprensible que aquéllos que de una u otra forma sintonizaron con los gobiernos de la dictadura, no tengan ningún interés en que conozcamos la verdad y por tanto hayan apoyado una falsa teoría de la equidistancia (todos cometieron barbaridades); pero no se comprende que quienes lucharon por recuperar las libertades desde posiciones democráticas tengan aún hoy reticencias a que toda la verdad salga a la luz y se posibilite la necesaria limpieza de nuestra conciencia colectiva. Nuestra democracia tiene la obligación de que la verdad histórica resplandezca con todas sus luces y sombras.