Autor: Félix Taner

Cuando se produce un acontecimiento de especial alcance e importancia es frecuente que en radio y televisión, sobre todo, se produzca una avalancha de informaciones que acaban llevando a los ciudadanos a un nivel de saturación, a partir del cual la sobre-información puede acabar produciendo efectos negativos.

El sistema educativo español está siendo penetrado por una ola de malestar subyacente, de la que participan los educadores, los padres, los propios estudiantes y otros sectores de la sociedad.

Las actitudes cicateras con las que algunos responden ante las dificultades económicas, han empezado a repercutir sobre la educación en una forma que tendrá peligrosas consecuencias negativas a medio plazo. Pese a que las estadísticas de la OCDE sitúan a España a la cola del gasto educativo en porcentaje del PIB (sólo por delante de Turquía y Grecia), con una tendencia descendente en los últimos años, algunos líderes políticos han pensado que uno de los sectores donde se pueden recortar gastos más fácilmente es en Educación. ¡Menudo error de fondo!

La polémica que se ha desatado en torno a las pretensiones de Gazprom de hacerse con un paquete sustancial de acciones de Repsol, nuevamente ha suscitado el debate sobre la política energética de España. Después del malestar que dejó lo ocurrido en torno a ENDESA, vuelve a saltar a primer plano de atención la necesidad de que los europeos, en general, y los españoles, en particular, tengamos una política energética clara y firme, que nos prevenga de futuras dificultades e incertidumbres.

La reacción desastrosa, y vergonzosa, de la Administración Bush ante las inundaciones de Nueva Orleáns hace tres años ha vuelto a recordarse en unos momentos en los que un nuevo ciclón ha puesto de relieve las debilidades de un modelo de Estado –y de gestión– que no es capaz de proteger suficientemente a todos sus ciudadanos. Lo cual es algo que resulta incomprensible en una superpotencia económica y militar como los Estados Unidos. De ahí la importancia que está adquiriendo en la opinión pública la problemática de la gestión de catástrofes y la necesidad de adaptar los protocolos de actuación y las previsiones a lo que demanda una ciudadanía cada vez más exigente.

Después del penoso tiempo perdido en debatir si estábamos ante “galgos o podencos”, una vez que todo el mundo reconoce que estamos ante una crisis económica, las cosas aún no se están gestionando en la manera que requiere una crisis como la que tenemos en ciernes.

No deja de resultar llamativo que, en el primer tramo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, casi todos los periódicos y analistas hayan coincidido en hacer juicios bastante severos sobre el balance de los cien primeros días de gestión. Realmente algunas críticas han parecido un tanto desproporcionadas y no han faltado los que las han atribuido a otras cuestiones de fondo.

En varios países occidentales se han producido crisis de empresas importantes, que han ido acompañadas de reacciones y medidas diferentes por parte de los gobiernos.

En Estados Unidos y en el Reino Unido la Administración Pública ha acudido con presteza a taponar heridas en el sistema financiero. Los idólatras más extremos del mercado han quedado un tanto perplejos ante tal tipo de reacciones, incluso por parte de gobiernos conservadores. A su vez entre los defensores de otros planteamientos se han producido manifestaciones de incomodidad, por lo injusto que puede resultar que el Estado acuda, con fondos de todos, a salvar empresas que han obtenido pingües beneficios en la época de las vacas gordas. Pero ¿cabía otra alternativa? ¿Acaso no resultaría peor para los sectores más débiles de la sociedad encadenamientos de crisis empresariales que nadie fuera capaz de frenar? La experiencia histórica demuestra que en coyunturas de crisis aquellos que más sufren las condiciones adversas son los sectores de población con menos capacidad adquisitiva. De ahí lo oportuno y conveniente de las intervenciones públicas, que además contribuyen a asentar entre la población mensajes de firmeza y seguridad, que permiten comprender a los ciudadanos que tienen un Estado que está dispuesto a actuar para evitar escaladas negativas de problemas.

En contraste con el último Congreso del PP, el PSOE ha celebrado un Congreso sin aristas ni conflictos aparentes. Y también sin novedades especialmente reseñables, con la excepción del nombramiento de Leire Pajín como nueva Secretaria de Organización. La juventud de Leire Pajín, las simpatías que despierta y su conocido compromiso con las causas sociales han ayudado a proporcionar un barniz positivo a un Congreso cuyos contenidos específicos han pasado prácticamente desapercibidos.

La enorme movilización social y de opinión que se ha producido en torno al campeonato europeo de fútbol muestra, indirectamente, algunas carencias no bien cubiertas en la actual situación política española.

Los costes y perjuicios de la huelga de transportes se han hecho notar más rápidamente y en mayor grado del que inicialmente podía imaginarse.

El desabastecimiento de los supermercados y el agotamiento de combustibles en algunas gasolineras han causado trastornos notables a un elevado número de consumidores que, sin tener ninguna responsabilidad en la situación, se han visto afectados asimismo por los atascos provocados por los huelguistas en las vías de comunicación.