Autor: Francisco Fernández Marugán

La crisis altera el ritmo y la evolución de las cuentas públicas, ocasionando en ellas un enorme deterioro. En 2006 contabilizaban un superávit del 2,4% del PIB, que debido al cambio de circunstancias se transformó en un déficit del 11,2% en 2009.

Empujados por semejante dinámica, los gobiernos han venido adoptando medidas de ajuste desde mediados de 2010, tanto de recorte del gasto como de incremento de los ingresos. Los resultados que consiguieron se concretaron en una reducción del déficit público de 4,4 pp de PIB hasta 2012. Es decir, el déficit público en 2009 fue del 11,2% y en 2012 del 6,8%, la diferencia entre ambos ejercicios son esos 4,4 pp a los que he hecho alusión.

El Presidente de la Generalidad ha anunciado que convoca elecciones con el propósito de que Cataluña disponga de un Estado propio separado de España. Con esta iniciativa introduce en la política un gravísimo problema que irá arrastrándose durante bastante tiempo bajo la forma de una interminable disputa constitucional. Pero, además, ha roto -al menos– la sociedad catalana donde hoy las perplejidades superan a las respuestas.

Poco a poco van conociéndose cómo deben encajarse las diferentes piezas que integran el rompecabezas del diabólico esquema institucional, que se está levantando en la Unión Europea.

En esta nueva arquitectura hay un elemento que, como los acuerdos de la última cumbre tardaran bastante tiempo (hasta algún año) en plasmarse, tiene que actuar permanentemente: el BCE.

De él se espera que contribuya a la estabilidad financiera, relajando las tensiones que existen en los mercados. Por la simple razón de que resulta de difícil admisión que, en un mundo donde sobra la liquidez, haya países que soportan problemas de financiación, ocasionados por cuestiones de desconfianza y de credibilidad.

Durante bastantes años se dijo que en la UE las decisiones las tomaba Angela Merkel y las ruedas de prensa las daba Nicolas Sarkosy. Esta situación ha cambiado, y no poco, y con ella el tablero de la política europea. El factor determinante corrió a cargo de un hecho dramáticamente singular: Europa se está quedando sin tiempo.

El 22 de marzo, en el ‘Financial Times’ (FT), se publico un artículo de Víctor Mallet en el que se decía que la confianza que los inversores habían depositado en el Gobierno de Rajoy estaba empezando a evaporarse debido a que fuertes nubarrones se acumulaban sobre la economía española. Una pléyade de analistas estaban comenzando a dar su opinión, advirtiendo que estábamos en mucha peor situación de la que los mercados sugerían.

Una prueba de ello era que la remuneración de los bonos españoles, tras meses de estar situada por debajo de la de los italianos, había pasado a ponerse por encima de aquellos. Las circunstancias señalan que ahora las cosas caminan en otra dirección: España incorpora un mayor riesgo que Italia.

A lo largo del siglo XX, en las sociedades avanzadas, los transportes, los hospitales, las escuelas, el correo, la protección social, junto con el acceso a la cultura, cayeron bajo el control de lo público o fueron objeto de una destacada regulación por parte de éste. A principio de la década de los ochenta del siglo pasado se produce una fuerte reacción en contra de esa situación. Quienes la llevan a cabo desencadenaron una dialéctica entre el Estado y el Mercado, entre lo público y lo privado.