Autor: Javier Tajadura Tejada

El pasado 28 de junio, el Tribunal Constitucional hizo público el fallo de la sentencia que resuelve el recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ello viene a demostrar el correcto funcionamiento del Estado Constitucional y de su órgano básico de garantía. Con su sentencia, el Tribunal cumple con su función de defensor de la Constitución, y garantiza la adecuación del Estatuto catalán a la Constitución española. De esta forma, cuatro años después de su aprobación, el Estatuto ve reforzada su legitimidad con un pronunciamiento que despeja las fundadas dudas existentes sobre su constitucionalidad. En este contexto, cabe realizar dos observaciones: una crítica jurídica a la técnica empleada por el Tribunal en su fallo, y un comentario político a la reacción que ante la misma se ha producido.

El Tribunal Constitucional es la clave de bóveda del Estado Constitucional. En la medida en que por su función de defensor de la Constitución es definido como el guardián de la voluntad del poder constituyente del pueblo español, es un órgano esencial para la vigencia y efectividad de nuestro régimen democrático. Su legitimidad radica en la función que realiza. Y esta es fácil de comprender para

cualquier ciudadano: debe velar para que las actuaciones de todas las instituciones del Estado (Cortes Generales, Parlamentos regionales, órganos jurisdiccionales) se realicen dentro del marco constitucional. Del marco que libremente todos los españoles construimos en 1978, y que algunos, Irresponsablemente, quieren dinamitar. Si una ley, sea la que sea, es contraria a la Constitución, el Tribunal debe anularla. Así lo ha venido haciendo durante los últimos treinta años.

La misma semana en que la profesora Concepción Escobar -en nombre del Gobierno de España- defendía brillantemente ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que el derecho de secesión no puede ser ejercido de forma unilateral en perjuicio de la integridad territorial de un Estado y que por lo tanto la declaración de independencia de Kosovo es contraria al derecho internacional, asistíamos en Cataluña a un espectáculo jurídicamente irrelevante pero políticamente preocupante.

La clase política está pendiente de que se produzca el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es evidente que la sentencia que resuelva esos recursos será, sin ningún género de dudas, una de las más relevantes de las alumbradas por el Tribunal en sus casi tres décadas de existencia. Los efectos jurídicos y políticos de la misma (con independencia del fallo) serán notables. Ello puede explicar, pero en modo alguno justificar, las presiones a las que está siendo sometido el Tribunal. Presiones que -dada la independencia de los Magistrados- estoy convencido de que no sólo son inútiles sino que probablemente puedan resultar hasta contraproducentes.

El domingo 17 surgió un nuevo Estado en Europa. Alentado por los Estados Unidos que aspiran a convertirlo en una gran base militar, y por las principales potencias europeas, la antigua provincia serbia de Kosovo, proclamó de forma unilateral su independencia. Nadie duda de que se trata de un Estado inviable cuya supervivencia sólo podrá ser garantizada mediante la asistencia y financiación internacionales.

El pasado día 28 de septiembre el lehendakari anunció su propósito de convocar una consulta sobre...