Autor: José María Zufiaur

El nombramiento de Valeriano Gómez como ministro de trabajo parecía indicar que el Presidente del Gobierno estaba de acuerdo en darle un margen de maniobra para que tanto la reforma de las pensiones como la de la negociación colectiva no fueran impuestas conforme a los criterios del área económica del Gobierno sino que reflejaran opciones sustancialmente diferentes a las exigidas por la ortodoxia neoliberal. Reformas que no fueran de imposible negociación con las organizaciones sindicales y susceptibles, por tanto, de no ahondar aún más en el distanciamiento del Partido Socialista con su electorado.

1.- Echar gasolina al fuego. Los mensajes contradictorios de los dirigentes europeos han despertado de nuevo, tras la crisis griega de la primavera pasada, la inquietud de los mercados. Por una parte, el Consejo europeo ha afirmado su voluntad de convertir sus mecanismos de rescate (hasta un límite de 750 mil millones de euros), que finalizan su vigencia en 2013, en permanentes. A tal fin, Alemania exige que ello figure en los Tratados de la Unión, lo que implica su reforma. Cuestión nada sencilla después de lo que costó aprobar el Tratado de Lisboa. Además, Alemania ha enviado un mensaje contradictorio con lo anterior: la posibilidad de que los mercados, es decir los acreedores – bancos y fondos de inversión, fundamentalmente – tengan que asumir sus responsabilidades ante la posibilidad de quiebra de un Estado. Mediante, por un lado, la aminoración del valor nominal de los bonos del Tesoro del país afectado; y, de otro lado, ampliando el plazo de la devolución de la deuda.

Los sistemas públicos de pensiones de reparto (así llamados porque se basan en la solidaridad colectiva y no en la capitalización individual) forman parte del contrato social de los países europeos. Son la expresión del grado de solidaridad de cada sociedad y se basan en un pacto inter-generacional: los que están trabajando, en el más amplio sentido, se hacen cargo de los que trabajaron anteriormente. Dicho de otra manera, los jóvenes de hoy son los que van a pagar, con sus cotizaciones, es decir, con su salario diferido, las pensiones de los viejos de mañana.

De la contrarreforma de las pensiones que pretende sacar adelante el Gobierno quiero destacar cinco de sus características: 1) únicamente se enfoca desde el lado del recorte de los gastos, nunca mediante medidas que aumenten los ingresos, ni siquiera respetando los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre financiación de los complementos de mínimos mediante aportaciones del Estado; 2) no está fundamentada en datos que sea públicos y que, por tanto, se puedan debatir públicamente; 3) no aporta previsiones de cómo van a afectar las reformas que se quieren hacer a la cuantía de las pensiones futuras; 4) no contempla las variadas situaciones de la población que inciden en la equidad del sistema de pensiones: diferencias de esperanza de vida, tipos de trabajo, incidencia sobre las carreras de pensión de los trabajos precarios o de la discontinuidad laboral de muchas mujeres debidas a responsabilidades extra-laborales, etc; 5) se pretende adoptar mediante un procedimiento sumario (antes de final de año) lo que supone impedir un debate real sobre uno de los pilares esenciales de nuestro modelo social.

La respuesta laboral y ciudadana a la convocatoria sindical de una jornada de huelga general ha sido un éxito. Especialmente por la paralización de los polígonos industriales y por las grandes movilizaciones ciudadanas. A destacar en el activo de la huelga una participación de jóvenes, que no se había producido desde las manifestaciones contra la guerra de Irak. Un éxito equivalente, con algo de menor participación en las AAPP y mayor en otros sectores, a la del 2002 contra el decretazo de Aznar. Y equiparable, desde luego, con las tres huelgas y movilizaciones (tienen anunciadas otras dos) que han llevado a cabo las organizaciones sindicales francesas contra la prolongación de la edad de jubilación de 60 a 62 años para acceder a la pensión y de 65 hasta los 67 años para tener derecho a la pensión completa.

La huelga general convocada por las organizaciones sindicales para el próximo día 29 de septiembre tiene por objetivo expresar el más amplio rechazo de los trabajadores y de los ciudadanos frente al giro antisocial adoptado por el Gobierno, sin parangón con medidas tomadas por cualquiera de los anteriores gobiernos de la democracia. La huelga tiene también la finalidad de rectificar algunas de las medidas ya adoptadas y evitar otras que están anunciadas. Coincide, además, con una jornada de movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos que exige de la Unión Europea y de sus Estados miembros una política económica y social que no esté supeditada a las exigencias de los mercados financieros, así como otro tipo de construcción europea capaz de influir en el mundo, de preservar su modelo social y de contrarrestar la actual mundialización neoliberal.

El paso de la reforma laboral por el Senado ha contribuido a empeorarla y, especialmente, a mostrar el gusto que le ha cogido el Gobierno a las medidas laborales coercitivas. Por ejemplo, el endurecimiento de los requisitos para la ayuda a los parados y para la extinción de la prestación por desempleo. Como si el hecho de que los servicios públicos de empleo no coloquen laboralmente a casi nadie (el 2,9% de las colocaciones, según los últimos datos) sea culpa de los parados. Y no de que se lleva mucho tiempo sin creer en los servicios públicos de empleo; de que éstos se hayan orientado más al pago de prestaciones que a la recolocación o al mantenimiento en el empleo de los trabajadores; de que el número de orientadores (en comparación con otros países) es muy bajo en relación con el número de parados; de que no exista coordinación efectiva entre el Servicio Nacional de Empleo y los autonómicos; de que la formación impartida no incorpora valor añadido para la inserción laboral de los parados.

El fracaso de la izquierda europea y, especialmente, de la socialdemocracia ya que es el componente inmensamente mayoritario de la misma, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en un momento en que todos los gobiernos volvían a las recetas keynesianas para hacer frente a la crisis financiera del capitalismo, dio un primer aviso de lo que estaba pasando. Su marginación de los Gobiernos nacionales de los Estados miembros de la UE – 23 sobre 27 están dominados por la derecha – había sido ya la segunda constatación de su propia crisis. Y la impotencia de la izquierda europea para dar a la crisis financiera y económica, una vez evitada al menos de momento con el dinero de los contribuyentes la quiebra del sistema financiero, una respuesta diferente a la de los recortes presupuestarios, la reducción de los derechos sociales y la disminución de las rentas del trabajo para seguir manteniendo las del capital – una respuesta conservadora que, precisamente, a quienes más está afectando es a los gobiernos socialdemócratas del sur de Europa (Grecia, Portugal y España) – ha puesto definitivamente en el centro del debate la necesaria refundación de la socialdemocracia y de la izquierda en su conjunto.

Con motivo del incumplimiento, parcial en el tiempo, de los servicios mínimos en la huelga del metro de Madrid hemos asistido a una ofensiva antisindical de una rudeza y salvajismo que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Una ofensiva protagonizada por algunos líderes políticos de la derecha, como la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y la casi totalidad de los medios de comunicación. Un ataque que se ha beneficiado y cuya virulencia ha sido facilitada por la actitud contemplativa y hasta condescendiente del Partido Socialista, favorable al desgaste sindical ante la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno, convocatoria que, evidentemente, desea ver fracasada.

Durante seis años Zapatero ha dado la impresión de que quería que una de las señas de identidad de su paso por la Presidencia del Gobierno fuera la de diferenciarse de sus predecesores González y Aznar Él no iba a imponer ninguna reforma laboral sin el consenso de los interlocutores sociales y, por tanto, tampoco a él le iban a declarar los sindicatos una huelga general. Al final ha entrado a formar parte del mismo club. Ahora sí que se puede decir que Zapatero no está sólo. Le arropan quienes en el PSOE hicieron las anteriores reformas laborales y recibe los parabienes de Obama, del Fondo Monetario Internacional, del Consejo Europeo. De tal manera que, muy acorde con su tendencia a ser el campeón mundial de lo que emprenda, parece decidido a llegar más allá que nadie en la reforma laboral, en la de la negociación colectiva, en la del desempleo y en la de las pensiones.