Autor: José María Zufiaur

A la hora de escribir estas líneas – miércoles 9 de junio – es imposible saber si, finalmente, va a haber acuerdo o desacuerdo sobre la reforma laboral. Y, por lo tanto, si los sindicatos van a convocar, como han dejado entrever, una huelga general en el caso de que la reforma se imponga por decreto y lesione derechos laborales importantes. A primeras horas del día 10 se ha sabido, sin embargo, que las negociaciones habían finalizado sin acuerdo. Y que se inicia de manera inmediata la vía del decreto – previo trámite obligatorio de consulta de su contenido con empresarios y sindicatos-, con una propuesta del Consejo de Ministros el día 16 y su aprobación en el Congreso de los Diputados el día 23. Da la impresión de que los sindicatos han realizado un último intento de llegar a un acuerdo de “limitación de daños”, que no ha sido posible. Mucho apunta a que nos encaminamos hacia la reforma laboral de la democracia más desestabilizadora para las instituciones del trabajo.

Tras reunirse reiteradamente e incluso celebrar algún seminario conjunto con el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional ha emitido un Informe en el que exige al Gobierno español una reforma ambiciosa, amplia, radical y urgente del mercado de trabajo; y también el retraso de la edad de jubilación. Además, ha demandado “ajustes adicionales”, es decir, más recortes del gasto y aumento de impuestos indirectos que se añadan a los ya planteados por Zapatero.

Las entidades financieras y todo el planeta de instrumentos financieros de variado pelaje están saliendo doblemente ganadoras de esta crisis. Primero porque, con ingentes aportaciones de dinero de los contribuyentes, lograron evitar la quiebra durante los primeros meses de la crisis internacional provocada por sus prácticas irresponsables y codiciosas. Lo que les ha permitido, en general, seguir repartiendo pingües beneficios, echando la culpa del desastre que provocaron a los reguladores a los que pedían constantemente que la desregulación fuera la norma, y continuar reivindicando más de lo mismo. Ahora, una vez rehechos, vuelven a ganar de nuevo especulando, poniendo contra las cuerdas a los Gobiernos, imponiendo su ley frente a las leyes de la democracia, culpabilizando a los Estados de los déficit que se generaron con las ayudas que les otorgaron o tuvieron que destinar para paliar las consecuencias que ellos mismos causaron, y obligando a los gobiernos de la zona euro y de toda la UE a endeudarse de nuevo para asegurar que, pase lo que pase, ellos cobrarán sus préstamos.

En mi anterior artículo, que resumía el documento sobre la Estrategia “Europa 2020”, anunciaba el propósito de dedicar mi siguiente entrega a completar aquella síntesis con un análisis valorativo de su contenido. Un hecho de “fuerza mayor” – la propuesta gubernamental de reducir el coste del despido, junto a otras actuaciones en el mercado de trabajo – me lleva a relegar para otra ocasión tal empeño.

La Comisión Europea presentó el pasado 3 de marzo una Comunicación titulada “Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusiva”. A su vez, el Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo aprobó el planteamiento general y tres de los cinco objetivos prioritarios (cifrados) que constituyen la meta compartida que plantea el documento para la actuación de los Estados miembros y de la Unión Europea. Los objetivos relativos a la mejora de los niveles de educación y a la reducción de la pobreza fueron pospuestos al Consejo del mes de junio. Ahora son los Estados nacionales los que tienen que traducir la propuesta en objetivos nacionales. Con posterioridad la Comisión realizará propuestas sobre las Líneas directrices integradas que serán debatidas en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Finalmente, durante su sesión de junio el Consejo aprobará la estrategia Europa 2020, convertida tras el proceso antes descrito en medidas operativas.

El discurso de los sectores neoliberales – patronales, fundaciones y servicios de estudio vinculados a los poderes económicos, partidos políticos de la derecha y relevantes personalidades del entorno o de las mismas estructuras del Gobierno- ha venido sosteniendo en los últimos tiempos que el gran problema de nuestro mercado de trabajo es su segmentación entre una minoría de trabajadores (en torno a un tercio en épocas de crecimiento), los temporales, infraprotegidos frente al despido y convertidos en la variable de ajuste en momentos de crisis; y una mayoría de dos tercios, los que tienen contratos indefinidos, sobreprotegidos ante el riesgo de extinción del contrato.

El grupo de los denominados “100 economistas” (que, en realidad, eran 95 y ahora han debido de pasar a ser 94, tras la retirada, por razones institucionales, del actual Secretario de Estado de Economía, Sr. Campa) se ha convertido en la punta de lanza de las propuestas más duras contra dos de los pilares de nuestro modelo social: la legislación laboral y el sistema de pensiones. En su manifiesto anterior defendían un contrato único prácticamente descausalizado y sin control judicial, pretendiendo, de esta manera, “solucionar” la segmentación de nuestro mercado de trabajo por la vía de convertir a todos los trabajadores contratados en precarios. Ahora, anuncian otro sobre las pensiones (El País, 27 de febrero de 2010) en el que plantean, entre otras cosas, bajar la pensión respecto del último salario ya que, según su criterio, la tasa de sustitución (la relación entre la pensión y el último salario) de las pensiones públicas es en nuestro país demasiado alta y generosa.

En una primera formulación, luego matizada en aspectos esenciales, los contenidos de la reforma de las pensiones anunciada por el Gobierno – elevación de la edad de jubilación, pasar de 15 a 25 años el periodo para calcular las pensiones, reducción de otros factores de solidaridad como la cobertura de lagunas de cotización o la vinculación de tales factores a la evolución de los ingresos, al incremento del PIB o a la esperanza de vida – son, sin paliativos, muy regresivos. La “reforma” de las pensiones más regresiva de las realizadas en los últimos 25 años en España.

Durante el primer año de la crisis, casi todos los políticos (incluso aquellos que desde sus responsabilidades de gobierno hicieron todo lo posible para liberalizar el movimiento de capitales y entronizar los mercados) han venido clamando por la “vuelta de la política”. Y por la recuperación de la primacía de las decisiones políticas sobre las exigencias de los mercados.

El 21 de enero se iniciaba oficialmente con la Conferencia que la Presidencia española de la UE organiza en Madrid, el Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Hace diez años, uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa recién puesta en marcha preveía la erradicación de la pobreza en el espacio europeo en el horizonte de 2010. No sólo no se ha cumplido el propósito sino que la realidad actual es peor que la de hace una década. Un 16% de los europeos – unos 80 millones de personas – viven por debajo del umbral de pobreza (es decir que viven con menos del 60% de la renta mediana de su país); uno de cada diez europeos vive en una familia donde nadie trabaja; en la UE hay 19 millones de niños pobres; entre 1997 y 2007 el número de trabajadores temporales ha aumentado en 10 millones, un 20% tienen un contrato a tiempo parcial ( y por lo menos una quinta parte de ellos de forma no elegida), 27 millones son trabajadores autónomos – a veces por voluntad propia, otras muchas de manera no elegida – económicamente dependientes, 31 millones de trabajadores sobreviven con un salario muy bajo y hay 19 millones de trabajadores con ingresos inferiores al umbral de pobreza. El paro supera el 10% en la Unión Europea y afecta a 23 millones de personas. Letonia, con el 22,3% y España, con el 19,4%, encabezan los mayores porcentajes de desempleo. El desempleo juvenil se ha incrementado en cinco puntos en un año, alcanzando el 21% en el conjunto de la Unión y, en España, el 43,8%: el porcentaje más alto de la UE y más del doble que la tasa europea.