El pasado 26 de junio se publicó por el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito que viene a sustituir a la análoga del año 1985. No voy a entrar por el momento, tiempo habrá, en el fondo de la misma sino en un aspecto formal, ya que creo sinceramente que no se puede priorizar entre el fondo y la forma de una disposición legal.
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A partir del año 2009 se ha dado en España una sucesión de quiebras técnicas en diversas entidades de crédito, todas ellas ligadas a las Cajas de ahorros. Esto ha implicado que el Estado haya tenido que destinar vastos recursos financieros y otorgar avales para su reflotación. El monto de los mismos lo he recogido en un artículo anterior por lo que a él me remito para quien le interese. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo, es lógico preguntarse si las decisiones tomadas por las autoridades públicas han sido las más adecuadas y si existían otras alternativas.
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No hay ninguna duda de que como consecuencia de la situación de quiebra técnica en la que estaban algunas entidades de crédito españolas a partir del 2009, el Estado español ha practicado medidas de gran calado, aportando fondos o comprometiéndolos en favor de aquellas que se están designando genéricamente como ayudas. Sin embargo, las cifras de ayudas que se manejan en periódicos, en la TV y en diversos eventos públicos son dispares, cuando no estrambóticas. En este artículo voy a intentar introducir alguna claridad al respecto.
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Desde hace poco tiempo, probablemente impulsadas por la crisis, están proliferando empresas que ofrecen préstamos de hasta 600 euros, con plazos de devolución muy cortos y a intereses usurarios. Es difícil saber a dónde puede desembocar este fenómeno, pero al menos debería desencadenar la actuación de los poderes públicos con vistas a su investigación en profundidad.
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En el Informe sobre la Reforma Fiscal redactado recientemente por un grupo de expertos por encargo del Gobierno de la nación, se tratan extensamente todas las figuras impositivas en vigor en España. No voy a entrar en un comentario generalizado del Informe, sobre todo porque sería muy extenso. Sí quiero comentar el tratamiento que se le da al denominado Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito (IDEC en adelante), ya que en el Informe se propone que dicho impuesto desaparezca o no pueda ser delegado a las Comunidades Autónomas.
Lee masFrecuentemente la base de las manipulaciones no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Un buen ejemplo de esto es el tratamiento que ha dado el diario El País a la venta que el FROB ha hecho de una parte del capital de Bankia.
Ya a finales del pasado mes de enero se publicó en www.sistemadigital.es un artículo mío en relación con el anuncio de la venta de parte del capital de Bankia, que es propiedad del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria) a través del Banco Financiero y de Ahorros, y al mismo me remito, ya que allí se tratan los aspectos más significativos de la transacción que al final se ha llevado a cabo. Se ha dado la salvedad de que definitivamente solo se ha vendido un 7,5% del capital y por 1.304 millones de euros frente a las cifras que entonces se barajaban.
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El Ministro de Industria proyecta una nueva reforma del mercado de la electricidad que afectará muy negativamente a la mayoría de los españoles. Las nuevas normas introducen incertidumbres en cuanto al coste de la electricidad y no garantizan que el precio se vaya a reducir. Las asociaciones de consumidores y ¡las compañías eléctricas¡ están en contra de la medida. Si esta finalmente se lleva a cabo se augura una avalancha de reclamaciones a las compañías eléctricas a partir del 1 de mayo del presente año.
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Recientemente se ha conocido que el FROB, es decir el ministro de Guindos, está considerando la venta de parte de las acciones que aquél posee en Bankia. Está operación supondría recuperar parte de las aportaciones hechas por el Estado para el saneamiento del Banco, pero llevaría a reconocer como irrecuperables 3.226 millones de euros. Así, el Gobierno pretende lanzar el mensaje de que la crisis bancaria se está superando, pero no toma la mejor decisión para la ciudadanía, que es gestionar Bankia como una verdadera Banca Pública universal.
Lee masEl 18 de diciembre pasado el FROB ha comunicado la venta del 88,83% del NCG Banco (antigua Caixa Galicia) al Banco venezolano Banesco por 1.003 millones de euros, de los que solo pagará ahora 400 millones. Además, el FROB se compromete a cubrir el 85% de las pérdidas que puedan originarse de determinadas contingencias de origen fiscal y legal, que se podrían “comer”, los 1.003 millones antes del 2018, plazo que tiene el comprador para pagar el precio total.
Lee masEl Presidente de la comisión Gestora del FROB en su reciente comparecencia en el Congreso ha dejado varios interrogantes en relación a la venta de una división del NGC Banco a un fondo de inversión de EEUU. Los Diputados de la Subcomisión correspondiente tendrían que hacer algo al respecto.
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