El Proyecto de Ley de las Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias presentado el 23 de junio en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, debe ser retirado para resolver las ambigüedades contiene su Título II y prescindir totalmente del Título I.
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El reciente incremento de las comisiones por parte de una entidad bancaria de ámbito estatal sugiere la necesidad ineludible de tomar medidas al respecto. Éstas podían ser la identificación de clientes vulnerables, el establecimiento de comisiones máximas y la creación de una Banca Pública.
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Las últimas informaciones han puesto claramente de manifiesto que Luis Bárcenas ha actuado como banquero de un grupo de personas que no ha identificado todavía. Por ello, la investigación se debe conducir desde una perspectiva contable y los que entregaron el dinero a Bárcenas, además de por sus presuntos delitos, deberían estar también preocupados por la recuperación de sus “ahorros”.
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Los calores retrasados de julio han venido acompañados de una gran tensión política a cuenta de las andanzas del tesorero del partido del Gobierno. Como en la antigua Jerusalén, asistimos al espectáculo del rasgado de vestiduras de nuestros ofendidos fariseos, verdaderos sepulcros blanqueados, y al estrépito de un templo lleno de mercaderes, la denostada clase dirigente, que alimenta conspiraciones mil para buscar con ellas responsables de lo ocurrido o, en su caso, salvadores del diluvio: la Corte es un avispero de intrigas, de aduladores y naturalmente… de cortesanos. En ese fresco me llaman la atención dos imágenes bastante ilustrativas de la situación, la primera es la del Ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, situado a la vera de Su Majestad en Rabat, y la segunda la del jefe del Gobierno, Rajoy, rodeado de lo más granado del capitalismo castizo para pedirles que sean sus cirineos en su particular camino al Gólgota. Son dos flashes curiosos y agridulces del Ruedo Ibérico, que deberían estimularnos a trabajar por un país distinto al retratado en éstas imágenes propias de Zarzuela grande.
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Hay gran alborozo con la supresión de las cláusulas suelo por parte de algunos bancos y su probable extensión a otros, con consecuencias favorables para los miles de clientes afectados y muy negativas para las cuentas de resultados de las entidades implicadas, que son numerosas e importantes. Nada hay que objetar al restablecimiento de la justicia y de la claridad en los contratos bancarios, pero sí conviene matizar la satisfacción general con una reflexión acerca de cómo la suma de errores e irregularidades acumuladas por el sistema crediticio español y toleradas por las autoridades encargadas de su control, incrementará la factura a pagar por todos los españoles, convertidos en garantes últimos del rescate bancario, cuya ampliación ya ha sido anunciada recientemente por el Gobernador del Banco de España en una reunión en Canadá.
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El 19 de mayo pasado el diario ‘El País’ publicó un extenso artículo acerca de los paraísos fiscales, cuyo contenido no contradice nada de lo recogido en mi artículo publicado antes en esta revista, aunque aporta cifras que explican la magnitud del fenómeno. En el artículo se identifica la solución del problema de los paraísos fiscales con la cooperación internacional entre los 42 Estados miembros del G20 y de la Unión Europea. Yo propongo aquí aumentar el control y los medios del SEPBLAC sin esperar a que esa cooperación empiece a dar sus frutos.
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La evasión de capitales de un Estado se basa en que existen Bancos que ocultan la identidad de sus depositantes a las autoridades de los Estados donde estos residen, son los llamados “Bancos offshore”. Los territorios donde estos Bancos están establecidos se conocen como “paraísos fiscales”, porque su legislación permite el funcionamiento de los Bancos offshore. Para limitar al máximo las pérdidas de recaudación de impuestos que supone la evasión fiscal hay que erradicar los Bancos offshore allí donde se encuentren. Las medidas a tomar para alcanzar dicha finalidad no pueden hacerse sin acuerdos internacionales.
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La crisis que está sufriéndose en Europa, aunque mucho más virulentamente en unos Estados que en otros, no la pueden solucionar los economistas ya que tienen carencias básicas en cuanto a su entendimiento. Son los sociólogos o los antropólogos los llamados a proponer las medidas para resolverla.
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En estos momentos el Gobierno a través del FROB controla unos recursos bancarios, solo en tres entidades, de más de 398.000 millones de euros según datos a 30 de noviembre del 2012. La actuación de esos Bancos en ámbitos tan sensibles como las inversiones en preferentes, los desahucios masivos y el despido de empleados está teniendo lugar sin que la ciudadanía intervenga en modo alguno en esas decisiones. Es urgente que por el Congreso de los Diputados se tomen las medidas necesarias para cambiar esta situación.
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Chipre no es un paraíso fiscal, por lo que en ese sentido los evasores españoles de capitales pueden estar tranquilos, no se van a contagiar otros destinos de su dinero. España no es Chipre, por lo que no es probable ningún “corralito” similar, entre otras cosas porque ya lo tenemos y se llama deuda subordinada.
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