Autor: Julián Ariza Rico

Transcurría el año 1967. A lo largo del trienio anterior el régimen franquista había observado el crecimiento y desarrollo tanto de las luchas obreras como de su organización, a cuya cabeza aparecía el movimiento de las Comisiones Obreras. Había, pues, que frenar aquella marea empezando por utilizar al Tribunal Supremo contra dichas Comisiones a las que, tras desenvolverse como asociaciones ilícitas, se las pasó a considerar subversivas, dirigidas desde el exterior por el comunismo internacional y orientadas a acabar con el orden establecido. La siempre presente represión se agudizó y una de las primeras medidas “ejemplarizantes” fue el proceso de “los 17 de medias Vilma” (septiembre de 1967), participantes de una asamblea en los locales de una fábrica del textil en desuso, donde se acordaron movilizaciones en la calle para el mes siguiente. Las condenas fueron variadas. Para la más alta la petición fiscal fue de diez años, dos meses y un día, aunque la sentencia la fijó en ocho años: los mismos que 46 años después, en democracia, les pide el fiscal a cada uno de “los 8 de Airbus”.

De los varios acontecimientos que nos deparó la pasada semana hay uno digno de subrayar y que quedó relativamente oscurecido por otros dos grandes hechos, como fueron el fallecimiento de Adolfo Suárez y la magna manifestación de los convocados por las marchas de la dignidad. Los cito porque, a pesar de los ríos de tinta que ya han consumido, quizás en próximas fechas valga la pena volver sobre ellos para apuntar alguna de sus peculiaridades.

Entre las generaciones de activistas antifranquistas no debemos ser pocos los que hemos tenido serias dificultades para comprender la deriva de la política italiana desde la llegada de Silvio Berlusconi al poder, particularmente desde el momento en que quedó patente que era un delincuente de alto nivel y al que, pese a ello, la mayoría de los electores de su país seguían apoyando con más o menos devoción. No es que ignoráramos que a escala autonómica, provincial y municipal en España estaba pasando algo parecido, pero siempre cabía la duda de si, sometidos a cuarenta años de dictadura y con una tradición histórica en la que las experiencias democráticas han sido prácticamente inexistentes, una parte no pequeña de nuestros compatriotas padecía ciertas carencias de madurez política y de sentido cívico.

En estos días se cumple el 2º aniversario de la mayor agresión laboral, social y económica realizada contra los trabajadores de este país a lo largo de nuestras casi cuatro décadas de democracia. El honor le cabe al Partido Popular y su Gobierno. El instrumento ha sido la reforma laboral promulgada en febrero de 2012.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales son asociaciones privadas de empresarios que poseen autonomía gestora y de gobierno, si bien la Administración ejerce sobre ellas un papel de tutela y de control, sencillamente porque sus funciones y su financiación son de naturaleza pública. El Gobierno está tramitando últimamente un Anteproyecto de Ley para su reforma, que está obteniendo el rechazo de las organizaciones sindicales y de otras organizaciones como, por ejemplo, de consumidores y usuarios, de la economía social y varias de las agrarias. La patronal está también abiertamente en contra por otros motivos, aunque apoya una de las reformas de mayor calado, como es la de ampliar la gestión de las Mutuas sobre las altas médicas por enfermedad común.

Una de las frases más recurrentes de los portavoces del Gobierno es que “nos queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino”. Tratan de significar que ha habido y aun quedan dificultades pero que, gracias a las reformas y recortes aplicados, la crisis se está superando, lo que, según ellos, demuestra que el camino seguido es el bueno. Y aunque, efectivamente, para el sector financiero, el grueso del mundo empresarial y algunos otros sectores lo que hace el Gobierno y su partido les satisfaga, está claro que para la gran mayoría de los españoles no es así, como entre otras cosas lo demuestran las encuestas de opinión sobre la gestión de la crisis, en las que el rechazo es abrumadoramente mayoritario.

Acaba de concluir el segundo año triunfal de los involucionistas del Partido Popular y su Gobierno. Inasequibles al desaliento, como sus ancestros, han mostrado auténtica fruición en el proceso de desmantelamiento de los servicios públicos y en el recorte o eliminación de derechosy prestaciones a la ciudadanía. Si en la primera etapa el énfasis lo marcaron en contra de los derechos sociales y laborales, en la última la predilección ha estado en los derechos cívicos. Si continúan así dos años más, España se terminará convirtiendo en una especie de secarral irredento. Salvo en períodos de guerra, nunca en nuestra Historia se había producido tanto daño en tan poco tiempo.

A los cortos de memoria y a muchos jóvenes que desconocen lo que fue la represión en España durante la dictadura franquista, puede resultarles de interés recordar o saber que, por ejemplo, los derechos sindicales que hoy se consideran consustanciales a la democracia estaban entonces proscritos, perseguidos y castigados severamente. Ejercer en libertad los derechos de asociación, reunión, manifestación y expresión, así como el derecho de huelga, calificada como delito de sedición, suponía arriesgarse a sufrir desde el fusilamiento de sus promotores en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, hasta la petición de decenas de años de prisión en las postrimerías de aquella dictadura.

Se ha dicho casi todo sobre los penosos efectos que la reforma laboral del Gobierno está teniendo para el empleo y para los trabajadores. El énfasis se ha marcado en el fracaso de la que, según sus autores, era la justificación fundamental de la reforma, esto es, la creación de empleo. Efectivamente, es sabido que, con datos de la Encuesta de la Población Activa, en el primer año de su andadura se habían destruido 633.000 puestos de trabajo. Pero más allá de estas cifras y aun partiendo de la idea de que, poco a poco, se amortigüe el ritmo de caída del empleo, importa subrayar que, desde el principio, esta reforma y algunas más de las que se han puesto en marcha han utilizado la coartada del desempleo para una operación de largo alcance como es la de cambiar las relaciones de poder de los trabajadores y sus organizaciones tanto en el ámbito de las empresas como en el de la sociedad. No hace falta decir a favor de quien.

Durante el mes de octubre, a través de algunos actos y reseñas periodísticas, se ha conmemorado el cincuenta aniversario de la salida a la luz de “Cuadernos para el Diálogo”, una revista fundada por Joaquín Ruiz-Giménez y que fue sin duda un referente para distintos sectores del espectro político y social del antifranquismo. Representantes de ese espectro pudieron expresarse a través de sus páginas y algunos de ellos participar, además, en reuniones del Consejo Editorial de la publicación. Personalmente tuve ese privilegio.