UN PROCESO PENAL PARA EL SIGLO XXI
El Gobierno se ha decidido a poner en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pendiente desde hace ya muchos años, para adaptar a este tiempo la vetusta y maltratada, pero aún así encomiable, Ley de 1882, parte de la monumental obra legislativa de Alonso Martínez. Cualesquiera que sean las razones de oportunidad que han movido a impulsar el debate en este preciso momento -cierto que con escaso eco mediático-, no parece que la nueva Ley pueda llegar al BOE en la presente Legislatura, habida cuenta de que el anteproyecto todavía habrá de transitar por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, para la emisión de sus respectivos informes no vinculantes.
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