Autor: Leopoldo Torres

UN PROCESO PENAL PARA EL SIGLO XXI

El Gobierno se ha decidido a poner en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pendiente desde hace ya muchos años, para adaptar a este tiempo la vetusta y maltratada, pero aún así encomiable, Ley de 1882, parte de la monumental obra legislativa de Alonso Martínez. Cualesquiera que sean las razones de oportunidad que han movido a impulsar el debate en este preciso momento -cierto que con escaso eco mediático-, no parece que la nueva Ley pueda llegar al BOE en la presente Legislatura, habida cuenta de que el anteproyecto todavía habrá de transitar por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, para la emisión de sus respectivos informes no vinculantes.

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VIEJA Y NUEVA RUMASA

Parece una historia de ópera bufa, pero es una realidad de la España más pícara, cutre y zarzuelera: Ruiz-Mateos y su clan han vuelto a hacer de las suyas. Además de lo esperpéntico, se han revelado hechos muy graves: puesta en riesgo de empresas y puestos de trabajo, impago de nóminas y a proveedores, balances irreales, falsedades contables, créditos ficticios, domiciliación de sociedades en paraísos fiscales, descubiertos millonarios con la Seguridad Social y la Hacienda Pública…, prácticas todas ellas que encajan sin la menor violencia en varios artículos del Código Penal.

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EL DISCURSO DEL ODIO

Evadiéndose de la mediocridad imperante en el discurso político, algunos prefieren la práctica del insulto y de la calumnia contra el adversario, a falta de argumentos y de propuestas constructivas, alcanzando así mayor notoriedad mediática, instrumentada por escribas de trinchera, privando al debate de toda racionalidad y rigor y emponzoñando el ambiente social.

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MARI LUZ Y LA JUSTICIA

Con el repugnante asesinato de Mari Luz por un sujeto que, hasta ahora al menos, se ha beneficiado de una escandalosa impunidad, ha salido a la luz una parte significativa de los problemas de fondo que afectan a nuestra Administración de Justicia, en tanto que Poder del Estado y como servicio público, que pone de manifiesto -al margen de esta concreta tragedia- un diagnóstico muy inquietante para sus destinatarios, que son los ciudadanos, los justiciables.

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