Autor: Leopoldo Torres

El Gobierno se ha decidido a poner en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pendiente desde hace ya muchos años, para adaptar a este tiempo la vetusta y maltratada, pero aún así encomiable, Ley de 1882, parte de la monumental obra legislativa de Alonso Martínez. Cualesquiera que sean las razones de oportunidad que han movido a impulsar el debate en este preciso momento -cierto que con escaso eco mediático-, no parece que la nueva Ley pueda llegar al BOE en la presente Legislatura, habida cuenta de que el anteproyecto todavía habrá de transitar por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, para la emisión de sus respectivos informes no vinculantes.

Con el repugnante asesinato de Mari Luz por un sujeto que, hasta ahora al menos, se ha beneficiado de una escandalosa impunidad, ha salido a la luz una parte significativa de los problemas de fondo que afectan a nuestra Administración de Justicia, en tanto que Poder del Estado y como servicio público, que pone de manifiesto -al margen de esta concreta tragedia- un diagnóstico muy inquietante para sus destinatarios, que son los ciudadanos, los justiciables.